Nacional
Cae en Arteaga traficante con armas de Estados Unidos
En total fueron aseguradas cinco escopetas y rifles, uno de ellos fusil de alta precisión de francotirador: Safety Harbor Firearms Inc Modelo SHTF 50; y cuatro pistolas, entre éstas dos nueve milímetros.
En el tramo Puerto México-Ojo Caliente, de la carretera federal 57, los agentes marcaron el alto a un Sentra con placas de Carolina del Norte que se dirigía a Guerrero, según su conductor.
Si bien Coahuila no es considerado por las autoridades mexicanas como destino de armas ilegales de EU, sí es catalogado como paso.
Los últimos reportes sobre este tipo de contrabando del Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto Belisario Domínguez, del Senado, retoman el informe “Tráfico de armas México-USA”, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR).
En éste se señala que existen cuatro rutas por las cuales se trafica armamento ilegal en México, y en una de ellas: la del Golfo, tiene ubicadas a Ciudad Acuña y Piedras Negras como los puntos de ingreso desde EU.

El traficante detenido ayer, Noe “N”, de 33 años, declaró que salió de Wilson, Carolina del Norte, pero no precisó por qué punto fronterizo accedió al País.
Estados Unidos tiene un ‘impacto devastador’
De acuerdo con el estudio “Más allá de nuestras fronteras”, presentado por el Centro para el Progreso Americano en febrero pasado, cada año ingresan cerca de 213 mil armas de contrabando a México desde EU.
Publicado por medios como New York Times, resalta además el “impacto devastador” que el tráfico de armas deja al País. Por ejemplo, en 1997 el 15 por ciento de los homicidios en México se cometieron con arma de fuego, pero para 2017 esa proporción aumentò a 66 por ciento.
En Pacífico: Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
Fuente Vanguardia
Nacional
PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS
Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.
La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS
México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.
Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.
Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.
El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.
La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
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