CANCÚN, 27 DE ABRIL.- La Fiscalía Especializada para la atención en Delitos Electorales (FEPADE) ha dado a conocer que existen órdenes de aprehensión en contra de algunos exfuncionarios de institutos estatales electorales, incluido el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), por atentar contra los derechos políticos de las mujeres que allí laboran.

El titular de la FEPADE, Héctor Díaz-Santana Castaños, dijo que no podía dar datos más precisos como nombres de los imputados, pero comentó que “son en contra de funcionarios de los mismos Institutos Electorales”, tras inaugurar la Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.

Cabe recordar que la consejera Claudia Carrillo Gasca denunció el año pasado ante esta instancia ser víctima de violencia política de género a cuatro consejeros, al entonces presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas y a otros funcionarios.

Ella denunció ante la PGR una supuesto manipulación ilegal del padrón electoral, motivo por el que comenzó a ser acosada, tema que llegó al INE y a la Fepade.

Unos meses después, en agosto, abruptamente renunció el director de Partidos Políticos del Instituto, José Luis González Nolasco, también involucrado en la demanda, y presuntamente contra quien se libró la orden de aprehensión.

En noviembre también renunció Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización, también implicado en la presunta manipulación del padrón electoral.

VAN 28 DENUNCIAS

Héctor Díaz-Santana Castaños abundó que, a lo largo del actual proceso electoral, la Fiscalía ha recibido 28 denuncias por agresiones a los derechos políticos de mujeres en el ámbito federal. Detalló que, tomando en cuenta las cifras desde 2016, las denuncias llegan a 200 casos y que las entidades con mayor incidencia de agresiones son Chiapas, Veracruz y el Estado de México.

Tras una reunión con legisladoras y funcionarias que encabezan políticas de equidad de género, el fiscal electoral indicó que la violencia política contra las mujeres no está tipificada a nivel federal, lo que dificulta la atención del delito.

“No existe un tipo penal de violencia política a nivel federal, pero nosotros estamos trabajando, desglosando la ley en materia de delitos electorales, hay 200 tipos de conductas diferentes y esas conductas estamos asociándolas a las prácticas recurrentes que pueden ser constitutivas de violencia política de género”, expuso.

El funcionario destacó que la Fiscalía colabora con las áreas de atención a víctimas de los Gobiernos estatales, como en estos casos que serán sancionados tanto en Guerrero como en Quintana Roo, por atentar contra los derechos políticos de mujeres que laboran en esas instancias.

Fuente La Palabra del Caribe