CANCÚN, 14 DE ABRIL.- Tras lo ya dado a conocer por distintos medios de comunicación sobre lo que será un hecho acerca de la votación que se hará el mismo día de las elecciones para definir el futuro de de la operación de plataformas digitales en materia de transporte público en el estado de Quintana Roo, queda únicamente que la ciudadanía entienda y realice el ejercicio que sin duda afectará a miles de pobladores en Benito Juárez. 

Para empezar para que dicha votación sea valida el próximo 1 de julio más de 35% del padrón electoral de Benito Juárez (554 mil) debe votar a favor de la operación de plataformas digitales en materia de transporte público, en caso de que tal requisito se cumpla, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de dos meses a partir de la publicación de resultados de la elección en el Periódico Oficial en el Estado de Quintana Roo, para que inicien operaciones las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

Según el artículo 89 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, establece que después de las votaciones, y una vez realizado el conteo de votos, los resultados deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para su posible aplicación, esto dependerá del número de participantes en la jornada electiva.

La misma ley en el artículo 91 refiere que los resultados de la consulta popular deberán ser aplicados obligatoriamente cuando participe el 35% del listado nominal actualizado, y se tomará en cuenta del resultado dominante, es decir, la mitad más uno de las opiniones en uno u otro sentido; en el caso de esta primera consulta, la autorización de operación de las ERT.

“Dependerá de los resultados de la consulta pública del próximo 1 de julio, la pauta a seguir para la aprobación de operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT), en este caso Uber en Benito Juárez”, dijo Mario Baeza Cruz diputado de la Comisión de Transporte de la XV Legislatura del Congreso del Estado.

“Deja de ser consulta y se vuelve obligatoria la aplicación del resultado, cuando participa el 35% del padrón actualizado, y la entrada en vigor es casi inmediata; en este caso la operación de las plataformas digitales pueden estar vinculadas con la aprobación de la iniciativa de movilidad, o de manera independiente”, comentó Jesús Zetina Tejero, diputado de la XV Legislatura del Congreso del Estado.

El incumplimiento de los efectos de los resultados de la consulta popular vinculantes es considerado omisión en perjuicio del interés público, por lo que amerita una sanción con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.