CANCÚN, 6 DE ABRIL.- El Colegio de Biólogos de Quintana Roo y otros colegios de profesionistas adheridos al Observatorio Legislativo alertaron sobre los graves riesgos a la conservación de áreas verdes y equipamiento urbano en el estado, debido a que el Congreso local analiza una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, la cual permite a empresas desarrolladoras y constructoras pagar para evadir la obligación de destinar un porcentaje de los nuevos complejos habitacionales a áreas de recreación y zonas de conservación.

Lilia Salomé Mandujano, presidenta del Colegio de Biólogos, envió una carta al presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, en la que expone que si se aprueba la ley en los términos en como está planteada, dejarían de tener sentido los instrumentos de regulación como el Plan de Desarrollo Urbano, el cual establece la densidad de construcciones máximas que se le asigna a una determinada zona, ya que estos parámetros podrán ser fácilmente excedidos o modificados mediante el pago de una cierta cantidad por parte de las desarrolladoras al gobierno del estado mediante de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Congruencia

El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, a través de su representante Eduardo Galaviz, recordó que el Congreso de la Unión aprobó el 28 de noviembre del 2016 una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la que se estableció que los estados debían expedir sus propias leyes estatales, en congruencia con la general, a más tardar el 28 de noviembre del 2017. Esto último no se cumplió por la mayoría de las entidades, ya que ha generado un amplio rechazo especialmente por parte de los municipios, lo que se ha concretado en la presentación de controversias constitucionales por éstos.

Por ejemplo, dijo, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, García, Juárez y Santiago (Nuevo León) han presentado sus respectivas controversias argumentando que la ley atenta contra la forma de gobierno de los municipios y coarta el derecho a que cada comunidad local pueda hacer sus propias normas.

Insistió en que la base de esta ley está enmarcada en un supuesto y una propuesta global de ciudades metropolitanas presentada por instituciones internacionales, lo cual el gobierno mexicano asumió como modelo para su ordenamiento territorial, sin considerar que atenta contra las atribuciones de los municipios en esta misa materia,

En el fondo, manifestó el especialista, se trata de una reforma que plantea un esquema centralista de control de las atribuciones que tienen los municipios, pero además plantea una sobrerregulación de los permisos, congruencias, tramitología y también un incremento en los pagos de todas estas etapas, los cuales se presentan como una nueva opción recaudatoria.

Fuente El Economista

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