La suspensión del servicio en Cancún se concretó a las nueve de la mañana del miércoles 27 de diciembre pasado, dejando sin trabajo a más de un centenar de personas que laboraban con Uber –cuyo nombre significa “lo mejor”, “lo último”, “lo más” en alemán.

La empresa virtual de transporte privado dijo entonces en comunicado que “la pausa es porque consideramos que en tres meses estará lista la nueva Ley de Movilidad”. Sin embargo, transcurrió el primer trimestre del año y aún no se aprueba la legislación, y la aplicación sigue sin servicio en el principal destino turístico del país y América Latina.

Los operadores están en incertidumbre desde el martes, y es que como explica Raymundo Villaseñor Contreras, uno de los afectados: “Mientras no trabajamos recibimos cursos de capacitación y Uber nos depositaba dos mil 450 pesos semanales, la misma cantidad que nos pagaba cuando mientras el carro estaba en el encierro cuando nos levantaba Sintra (Secretaría de Infraestructura y Transporte)”.

El inconforme indicó que, de hecho, las oficinas de Uber siguen abiertas y aseguró que durante enero y febrero, máximo al día siguiente nos depositaba, pero hoy es viernes y nada. Queremos creer que el retraso es por la Semana Santa.

“Nos daban un apoyo de dos mil 450 pesos semanales cuando el coche era detenido, sin importar si eran dos o cuatro semanas”. En muchos casos se traducía en un salario de nueve mil 800 pesos mensuales.

Para los más de 100 afectados, Uber era su mayor fuente de ingreso; incluso, hay personas que han optado por trabajar clandestinamente y ofrecen sus servicios de manera directa, sin utilizar la aplicación.

Por su parte, autoridades y el propio gobernador evaden el tema y hasta ahora se desconoce cuándo estará lista la Ley de Movilidad y qué novedades traerá, lo que ha motivado la reacción de hoteleros y restauranteros, y en general de la iniciativa privada, asociaciones civiles y la propia plataforma, que exigen al gobierno y el Congreso acelerar la legislación.

Uber operó durante 15 meses –empezó a prestar servicio en Cancún el 14 de septiembre en 2016– en forma clandestina, de acuerdo a la Ley de Tránsito, Transporte y. Explotación de Vías y Carreteras de Quintana Roo.

Durante ese periodo, más de 300 mil personas utilizaron el servicio, de los que 60 por ciento fueron turistas (nacionales e internacionales), y cinco mil ciudadanos se registraron como socios conductores para generar ganancias adicionales.

En ese tiempo, los operadores de la trasnacional sufrieron cuando menos 12 agresiones –de choferes del Sindicato de Taxistas de Cancún–, denunciadas y documentadas ante las autoridades. La disputa también dejó dos muertos: un joven de la aplicación móvil y un taxista del sindicato “Andrés Quintana Roo”.

Andrea Ornelas comentó que “es muy desesperante la situación. Tenemos tres meses esperando una respuesta favorable y yo empecé con Uber desde que llegó a Cancún. Ganaba bien y desde diciembre todo se me complicó porque sigo pagando el auto que saqué a crédito, y no han depositado el apoyo (dos mil 450 pesos semanales)”.

Empero, trascendió que un grupo de personas están organizados y continúan ofreciendo el servicio pero de manera directa, vía redes sociales, principalmente WhatsApp.