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“Vivir con miedo: la huella psicológica de la inseguridad en México”

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Los Mexicanos vivimos con miedo y eso es una realidad…

Conciencia Saludablemente
Psicol. Alex Barrera

¡Mexicanos al grito de guerra! Esta es una de las estrofas más fuertes de nuestro himno nacional, cualquier mexicano conoce esta frase, pero cuantos de los habitantes de este país repara en el significado de esta frase que pareciera ser una realidad en estos días, cuantos de verdad se dan cuenta que la violencia en México si indiscutiblemente se ha convertido en una guerra, una que enfrentamos día a día y que se ha enraizado en nuestra sociedad.

Peor aún, ¿cuántos mexicanos si quiera se dan cuenta lo que le hace a su salud mental? La percepción de inseguridad, más allá de cifras, opera como un reflejo trastornador en el bienestar psicológico de la ciudadanía. En México, cuando los titulares de prensa retumban con asesinatos públicos, atrocidades y organismos de seguridad incapaces de contener el escalamiento criminal, lo que se resquebraja no es únicamente la confianza en las instituciones: se fractura la sensación de habitar un entorno protector, lo que repercute directamente en el ánimo, la salud mental y la capacidad de resiliencia de las personas.

Mientras el gobierno actual culpa a los anteriores gobiernos de la herencia de violencia, poco se ocupa de comunicar sus propias estrategias para brindar la certeza que la gente necesita hoy, y es que, si vamos al pasado inmediato, tan sólo en octubre se registraron un par de episodios que ilustran a la vez la crudeza de la violencia y su potencia simbólica.

La violencia ya no solo es violencia, sino que está plagada de un claro mensaje “NO HAY TREGUA”, porque no es solo el hecho de que en el estado de Michoacán, se registrara el asesinato de siete presidentes municipales en menos de cuatro años, si no que el último de ellos haya sido el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ejecutado el 1 de noviembre durante un evento público en pleno centro de la ciudad, y no cualquier evento, sino la celebración de Día de Muertos, uno de los eventos más significativos para los mexicanos. ¿Y entonces, no es este un atentado contra la misma sociedad, como podemos no entender esto como un mensaje, no para una persona, no para un estado, sino para un país entero? ¿Cómo puede no ser esto una agresión directa a la sociedad?

Este mismo mes en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se vivió una semana de “limpieza” entre cárteles cuyo resultado fueron 41 muertos en seis días, 12 solamente el 22 de octubre, estos eventos inundan las páginas de los medios de comunicación locales e internacionales, que detallan enfrentamientos sangrientos entre bandos criminales.

Cuando la violencia se vuelve espectáculo —y aún más cuando el blanco son eventos culturales o áreas urbanas frecuentadas—, la inquietud colectiva crece y se instala un estado de permanente alerta emocional. La población no sólo teme por su integridad física, sino por la certeza de que el espacio en el que habita ya no es predecible ni seguro. En este contexto, la evidencia señala que la percepción de inseguridad persiste pese a mejoras estadísticas en homicidios. Por ejemplo, en una nota de  El País publicada el pasado 23 de octubre se señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, en septiembre de 2025, el 34 % de los mexicanos consideraba que la inseguridad permanecería “igual de mal” en su ciudad los próximos doce meses, y el 23.9 % estimaba que “empeorará”.

Desde la psicología, esos datos no son únicamente indicadores sociales: son síntomas de un clima emocional colectivo afectado. La inseguridad percibida produce estrés crónico, desgaste emocional y una reducción progresiva de lo que se denomina “capital psicológico”. Las personas pueden volverse más reacias a participar, a salir o a confiar en su entorno; aparece la hipervigilancia, la ansiedad, la alteración del sueño, e incluso la evitación de actividades cotidianas. Cuando la amenaza parece constante (aunque en el sentido probabilístico no esté dirigida a cada persona en lo individual) el efecto se propaga y se torna comunitario.

Además, esta erosión de la confianza se reconoce también en la relación entre ciudadanía y Gobierno. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum según publica en su sitio web PolíticoMX  mantiene una aprobación del 74 % al cierre de octubre de 2025, mientras que la desaprobación ronda el 25 %, eso no sostiene la percepción sobre la inseguridad que la ciudadanía no aprueba pues el mismo medio publica que otra encuesta hecha entre abril-mayo de 2025 que señala que solo 21.6 % de los mexicanos afirmaron sentirse seguros viviendo en el país, lo que significa que ~78.4 % se siente inseguro.

Los mexicanos esperan seguridad, efectividad institucional y protección, cuando eso falla, también se quiebra el sentido de que “las cosas están bajo control”. Ese quiebre tiene consecuencias psicológicas: ¡el orden que sostiene la rutina y la confianza se vuelve frágil!

La percepción de que “nadie está a salvo” o que “las autoridades no se dan abasto” abre una fisura emocional que afecta la vida social: las personas se retraen, desconfían, se inhiben. En la práctica clínica, se puede observar cómo en zonas de alta violencia o alta percepción de riesgo, los pacientes presentan mayor vulnerabilidad ante trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño, síntomas de hipervigilancia y menos recursos para enfrentar los imprevistos. Cuando se vive con la sensación de que el entorno se volvió hostil, el bienestar se vuelve una meta difícil.

Es imprescindible comprender que, aunque los índices de homicidio puedan bajar en ciertos meses, la experiencia subjetiva de inseguridad no cae de inmediato. El retraso entre la mejora real y la percepción ciudadana deja un vacío de tiempo en que la salud emocional queda expuesta. Y mientras tanto, la violencia, al ser tan visible y tan simbólica, sigue reforzando la sensación de vulnerabilidad.

¿Qué hacer ante este escenario? En primer lugar, desde lo comunitario, es necesario promover espacios de diálogo, reforzar lazos de vecindad, crear plataformas de resiliencia colectiva: porque la inseguridad emocional se enfrenta también socialmente. Pero, en segundo lugar, y no menos importante, desde el ámbito individual, no se puede trivializar el impacto psicológico que tiene vivir bajo la sombra de la violencia. Acudir a servicios de salud mental, recibir contención, comprender que la reacción emocional es lógica, constituye un acto de cuidado.

No solo “sobrevivir” a la inseguridad física, sino preservar el bienestar psicológico, es una tarea urgente, porque la constante percepción de peligro provoca estrés constante, y esto a su vez genera, malestar físico, y más allá de ello fragmenta el bienestar social. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad, pero las personas también tienen el derecho y la necesidad de salvaguardar su salud emocional cuando la protección estatal se ve comprometida.

En un país donde la violencia arremete en plazas públicas, atenta contra autoridades, se infiltra en la vida cotidiana y deja huella en la percepción de la gente, el bienestar psicológico no es un lujo: es una condición para el mínimo sustento de la dignidad humana.

Los mexicanos vivimos con miedo y eso es una realidad, aceptarlo, afrontarlo y en su caso buscar ayuda profesional, hablar con un terapeuta, explorar las formas en que la inseguridad impacta nuestra mente, es tan importante como procurar cerraduras y alarmas. Porque al final del día, tenemos que reconstruir no solo ciudades más seguras, sino experiencias interiores donde no nos sintamos indefensos.

**Además de 10 años de experiencia como comunicólogo, ejerciendo el periodismo. Alex Barrera es también psicólogo por la UNAM con profundización en desarrollo humano.
Actualmente brinda terapia clínica con enfoque Biopsicosocial.

Si desea contactar con los especialistas en terapia y salud puede hacerlo enviando un mensaje

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Egolatría y Madres Buscadoras en Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La mayoría de los programas gubernamentales tienen una narrativa que manifiesta las buenas intenciones de los gobiernos, las dependencias, instituciones u organismos descentralizados, para beneficio de la comunidad a la que sirven, sin embargo y a pesar de la asignación de los recursos públicos, no logran sus objetivos; razones, hay muchas.
Un ejemplo palpable es el que viven las “madres buscadoras” con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que, mientras la promoción de imagen y obras gubernamentales recibe un presupuesto anual de 169 millones 894 mil 239.00 pesos, a la Comisión solo se le asignó un presupuesto 22 millones 128 mil 082.42 pesos, es decir, solo un 13.024% a una dependencia que trabaja con la sensibilidad social.
Ese presupuesto anual para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, es destinado para el desarrollo de programas de acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas, el cual se desarrolló con dos indicadores estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 18 millones 150 mil 208.42 pesos. El otro programa presupuestario fue gestión y apoyo Institucional Transversal, el cual se desarrollado en dos indicadores estratégicos y dos de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de 3 millones 977 mil 874.00 pesos.
Aunque el presupuesto es público, las Madres Buscadoras y otras organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, no recibieron ni una botella de agua para caminar kilómetros y kilómetros, para tratar de dar con su familiar desaparecido o algún indicio que despeje toda duda sobre la situación de su consanguíneo.
En variadas ocasiones, las Madres buscadoras de Quintana Roo se han quejado de que, ante las solicitudes de ir a un lugar a buscar indicios de desaparecidos, las Fiscalías y las Comisiones de Búsqueda actúan con lentitud, negligencia y, en ocasiones, muestran empatía nula o criminalizan a las víctimas. Les dan puras largas, ellas tienen que pagar su gasolina, sus alimentos, no solo para sus compañeras, sino también en ocasiones para los policías que las acompañan.
Denuncian que los apoyos económicos otorgados por el gobierno son mínimos, lo que las obliga a realizar rifas o pedir dinero en las calles para financiar sus traslados y herramientas de búsqueda; es más, el fin de semana las del colectivo de Benito Juárez (Cancún), pusieron un puesto de ventas de antojitos para poder recabar fondos para sus actividades.
A diferencia de los medios de comunicación “consentidos(as)” por los gobiernos en turno, el dolor de las Madres buscadoras es permanente, desde el momento en el que su familiar desaparece, la burocracia de las dependencias en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufren revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales.
Aunque el dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino, lo que estorba es la falta de voluntad para resolver los casos; aplicarse a la búsqueda de las personas desaparecidas, sumado al silencio cómplice de muchas autoridades que sí saben en dónde acabó la persona.
Las mujeres enfocadas en la búsqueda, enfrentan violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. Las afectaciones se dan en cuatro categorías: seguridad, que tiene que ver con ataques, amenazas, secuestro y extorsión; salud, como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general; económicas, como pérdida de trabajo o pérdida de recursos por dedicarse “en cuerpo y alma” a la labor de búsqueda y; sociales, como deterioro de relaciones familiares o revictimización; pero lo que más daña es la indiferencia.
Ayer me dijo una de las madres buscadoras: lo único que le deseo a las autoridades, es que nunca estén en nuestro lugar, porque sólo así va a entender la magnitud de nuestro problema. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, un “Día Naranja” más. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes.
Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Pero en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres va en aumento. Al tiempo…

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Aún funcionan “los prestanombres”

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

El próximo domingo 31 de mayo, vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza, presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses; donde los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículo vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estado de cuentas, comprobante de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y/o cualquier otro documento para comprobar su declaración.
Hay que hacer mención que existen tres tipos de declaraciones: declaración inicial, debiendo presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o del reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; declaración de modificación patrimonial, la cual debe presentarse durante el mes de mayo de cada año y; declaración de conclusión del encargo, misma que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que evaden la ley, no solo por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino porque para hacerse de propiedades y cuentas bancarias, utilizan a los llamados “prestanombres”, que hace algunas administraciones eran amigos y familias íntimas, pero dadas las condiciones de que en varios casos se quedaban con las propiedades, “la nueva generación de políticos” opta por familiares cercanos.
No es extraño para los quintanarroenses, ver cómo presidentes(as) municipales, diputados(as), secretarios(as) de Estado y hasta directores del Municipio, ya cambiaron su estilo de vida, de cuando andaban en campaña que no tenían ni para la gasolina; hoy, después de unos meses y años de estar en el cargo, ahora tienen vehículos de último modelo, viajan por el mundo, utilizan relojes con precios superiores a los 100 mil pesos; presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, sin dejar pasar las megafiestas que realizan por motivos de cumpleaños. Como dice el populacho, “hay dos cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el embarazo”.
Hay secreto a voces en los municipios; “los nuevos ricos”, funcionarios que de la noche a la mañana levantan mausoleos que a un empleado de salario mínimo le costaría años tener al menos “una casita.
Espero que la Controlaría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la Falta administrativa prevista en el artículo 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Pero más allá del cumplimiento, sería muy bueno que se investigara a toda la parentela sobre el enriquecimiento de los últimos años, curiosamente cuando su familiar asumió el cargo de presidente(a) municipal, diputado(a) o secretario de estado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, Quintana Roo enfrenta uno de los grandes problemas medioambientales con la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo que arriban a sus costas; donde el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno parece que no surten efectos.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza actividades de limpieza del alga en las playas, así como la recolección en el mar, dado que el recale de la macroalga se ha intensificado notablemente en las últimas semanas. Según las cifras actualizadas de la Semar, se recolectaron 11 mil toneladas más en apenas 15 días. Eso ha obligado a redoblar los esfuerzos de limpieza en las costas del Caribe mexicano.
Viene el Verano, la temporada alta para Quintana Roo, por ello tanto los gobiernos como la Iniciativa Privada deben de priorizar la limpieza, como en Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la comunidad de Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…

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