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LA OMISION QUE MATA

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Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

La omisión del Estado en cumplir con su responsabilidad constitucional se convierte en parte de la maquinaria de muerte que acechan a los ciudadanos; simular la impartición de justicia, contribuye con el engranaje de impunidad que campea en la mayoría de los estados y de los Municipios del país.
Es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula la seguridad pública, la investigación de delitos y la imposición de penas. Este artículo establece que la investigación y persecución de los delitos es responsabilidad del Ministerio Público, apoyado por una policía bajo su mando. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la autoridad administrativa se encarga de sanciones por infracciones a reglamentos y multas o arrestos.
Pero la reforma al artículo 21 de la Constitución, publicada el 31 de diciembre de 2024, establece las bases para que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realicen investigaciones de hechos delictivos; esto constituye una oportunidad para el Estado mexicano para luchar contra la impunidad. La modificación del texto constitucional supone un primer paso en la construcción de capacidades en los diversos cuerpos de seguridad existentes en el país.
La investigación de hechos delictivos se podrá realizar en la medida en que se cuente con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para dicha labor. Uno de los retos que se observa es el relativo a la implementación, tarea que deberá ser diligentemente impulsada y posteriormente evaluada con el objetivo de darle mejores oportunidades a la reforma constitucional.
El fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante la asignación de nuevas tareas y responsabilidades es una de las mejores apuestas que tenemos como Estado, para garantizar una tutela efectiva del derecho a la protección de la seguridad pública de los mexicanos.
Sin embargo, cuando los crímenes quedan sin investigación ni sanción, los perpetradores no tienen ningún temor a las consecuencias legales, lo que les permite seguir cometiendo delitos, incluyendo aquellos que resultan en la muerte de personas. Como sucede casi a diario en el Municipio Benito Juárez, donde la media oscila entre 2-3 muertes violentas.
Hay que sumarle a ello la falta de castigo (impunidad) y la perpetuación de la violencia letal, incluyendo homicidios, desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos. Donde las autoridades prefieren mirar hacia otro lado cuando un ciudadano es asesinado, prefiriendo actividades tan banales que sonrojan a cualquier cínico y sinvergüenza.
La impunidad es un elemento central para entender cómo operan las redes de macrocriminalidad y el crimen organizado, ya que les permite actuar sin consecuencias, intensificando la violencia a gran escala. Solo por poner un ejemplo, en los tres estados de la Península de Yucatán, mientras en Campeche y Yucatán están muy debajo de la media, Quintana Roo supera por miles este tipo de violencia a gran escala.
La omisión daña el tejido social, porque la percepción de que la justicia no opera genera frustración, temor, impotencia y desesperanza en la población, lo que afecta la salud mental y el bienestar de las comunidades y puede llevar a un aumento de la violencia social.
En Conclusión, la ausencia de justicia es un catalizador para más violencia y muerte; subraya la urgencia de fortalecer los sistemas judiciales para garantizar que todos los crímenes sean investigados, perseguidos y castigados. Dejar de mirar a otro lado cuando hay un crimen, pero también tomar la responsabilidad constitucional otorgada por los mexicanos. Ahí se las dejo…
SASCAB
El Secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, salió a aclarar que “la dieta de las diputadas y diputados que aparece en el PEF 2026 es exactamente la misma que se viene pagando en este año de 2025. No hay ni habrá incremento alguno en este rubro ni en ninguna prestación”, es decir, 79 mil pesos al mes.
El aguinaldo de fin de año seguirá en 40 días de la dieta bruta (105 mil 333.33 pesos), o parte proporcional con base al Decreto Anual y a los Acuerdos del Órgano de Gobierno competente, o Comité. Al tiempo…

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DeUltimaHora/PLAN MICHOACÁN PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• Anuncia Claudia Sheinbaum en La Mañanera de este 4 de noviembre, un proceso de consulta y mesas de trabajo para que la próxima semana se anuncie y se empiece a implementar.

• Se sustentará no en la guerra, sino en la construcción de la paz con seguridad y justicia.

Al iniciar la conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se empezará a construir desde este mismo día, mediante consulta a la sociedad michoacana y mesas de trabajo.

“No se sustentará en la violencia ni en la guerra, sino en la construcción de paz, con seguridad y justicia” resaltó la presidenta.

En respuesta al artero crimen del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez y al clima de extorsión y violencia en la entidad, la presidenta detalló que dicho plan se sustentará en tres ejes: a) Fortalecimiento de la presencia de las fuerzas del orden de manera coordinada los tres órdenes de gobierno; b) Desarrollo económico, y c) Educación y cultura de la paz. (Información en construcción).
ooOoo

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LA COSA JUZGADA

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“Articulo de Opinion”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

Hace unas semanas que la ministra Lenia Batres Guadarrama ha manifestado su intención de combatir y regular lo que ella denomina “la cosa juzgada fraudulenta”, y para ello, desde el mes de abril de 2025 en su página web manifestó la necesidad de definir y regular esta figura de su propia inventiva desde una concepción simplista desde mi criterio. (https://leniabatres.com.mx/notas-informativas/f/legislar-sobre-el-concepto-de-%E2%80%9Ccosa-juzgada-fraudulenta%E2%80%9D)
Pero para ser muy específicos, debemos aclarar que la cosa juzgada es una figura legal que se refiere a la situación en la que una resolución judicial ha adquirido firmeza y no puede ser objeto de otro recurso o acción legal que cuestione su validez o efectos. En otras palabras, significa que una vez que una sentencia ha sido dictada y no hay posibilidad de apelación o revisión, se considera cosa juzgada y el juicio termina.
La cosa juzgada es un principio fundamental en el sistema legal, ya que busca garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales. Su objetivo es evitar que un mismo litigio sea sometido a un nuevo proceso judicial una vez que se ha emitido una sentencia definitiva con efectos vinculantes tanto para las partes del proceso como para los tribunales de justicia.
Esto significa que las partes no pueden volver a litigar sobre la misma cuestión que ha sido resuelta en una sentencia firme, y que los tribunales deben respetar y aplicar la decisión previa. Es importante tener en cuenta que la cosa juzgada solo se aplica a los aspectos que han sido objeto de debate y resolución en el proceso judicial. No impide la posibilidad de iniciar nuevos procesos o recursos legales en relación a otros aspectos no resueltos anteriormente.
Sus principales características son:

  1. Definitividad: La cosa juzgada se aplica a resoluciones judiciales definitivas, es decir, aquellas que no admiten recurso o impugnación posterior, como las sentencias definitivas y las resoluciones que pongan fin al proceso. Allí muere la cosa.
  2. Inmutabilidad: Una vez que una resolución se encuentra bajo el efecto de cosa juzgada, no puede ser modificada ni revocada por las mismas partes ni por otros tribunales. Se llama certeza jurídica.
  3. Oponibilidad: La cosa juzgada tiene efectos erga omnes, lo que significa que vincula a todas las partes involucradas en el proceso. Nadie puede discutir lo que ha sido juzgado.
    En este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece principios fundamentales que subyacen a la figura de la cosa juzgada, por medio de la certeza y seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada que se enmarcan en los derechos al debido proceso y a la legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y sus equivalentes en las distintas materias regulan de manera específica la cosa juzgada.
    En este sentido, considero que, jurídicamente el determinar el posible desvanecimiento de la cosa juzgada por algún esquema como el que plantea la ministra, puede poner en grave riesgo la solvencia del sistema jurídico al abrir la puerta a la posibilidad de volver a juzgar juicios concluidos con base en la más subjetiva de las interpretaciones de la autoridad jurisdiccional que, de buenas a primera quiera re-juzgar lo ya juzgado, porque considere que hubo corrupción desde una interpretación moralmente superior rompiendo con la certeza que da sustento a la confianza de un poder judicial.
    Esta es una de las razones por las que hemos sido insistentes en que la SEP haga una verdadera revisión de los Revoes y plantes de estudios de las escuelas y facultades de derecho antes de liberar cédulas y grados académicos de dudoso contenido cómo los que ostenta la promovente de dicho proyecto de acuerdo.
    Por ello, ante la posibilidad de que la nueva Corte apruebe la disolución de la cosa juzgada, es pertinente que desde las universidades en sus escuelas y facultades de derecho, los institutos de investigación jurídica, barras y colegios de abogados, claustros doctorales y grupos de abogados postulantes, hagamos un llamado enérgico para que este tema se considere desde el más profundo estudio dogmático y no así, a la ligera desde un concepto de corrupción jurisdiccional que además de lo tremendamente subjetivo que pueda parecer, sobrepasa los límites de la autoridad judicial al pretender establecerse como el gran legislador mexicano vulnerando la función formal y material del Poder Legislativo. De no ser así, la justicia seguirá como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
    Dr. Hugo Alday Nieto

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