“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La hoy Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, antes Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha estado en entredicho desde los tiempos de Francisco Alor Quesada (+) en el 2011, respecto a sus funciones imparciales, transparentes y de impartición de justicia pronta y expedita, sin que a la Legislatura y gobernante en turno le importe mucho.
Antes de diciembre de 2018 todos los procuradores y fiscales eran políticos y abogados quintanarroenses; pero precisamente para nombrar a su cuate, Carlos Joaquín González, entonces gobernador de Quintana Roo, envió a la XV Legislatura una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para eliminar el requisito que exigía a los fiscales haber nacido en Quintana Roo para poder ser elegibles al cargo, es así como llega Oscar Montes de Oca Rosales.
No puedo omitir los escándalos de cada Procurador y a partir del 2016 de cada Fiscal. Por ejemplo, en el 2011 Alor Quesada no pudo con los casos como el del cantante “Kalimba”, la grupera Ana Bárbara, el productor estadunidense Bruce Beresford-Redman, la explosión del hotel Grand Princess Riviera Maya, casos que quedaron impunes y que constituyeron un escándalo internacional.
Otro de los que dejó la entonces Procuraduría General del Estado sumida en la incertidumbre, corrupción e impunidad fue Gaspar Armando García Torres, quien llegó el 14 de abril de 2011, nueve días después del inicio del gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016). Uno de los casos sonados en el 2013 fue el homicidio de Héctor Cacique Fernández, quien fue víctima de tortura por parte de la entonces Procuraduría; sin omitir que en el 2017 fue relacionado con el crimen organizado después de la detención de sus colaboradores Ángel Fernando T.C. y Guillermo A.V., con una prominente integrante de un grupo criminal en Cancún.
Después de Gaspar Armando, de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, fungió como Procurador uno de los personajes más oscuros de la política quintanarroense, Carlos Arturo Álvarez Escalera (hoy en un cargo de medio pelo en el DIF Estatal), quien fue nombrado dentro del llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la Legislatura para supuestamente proteger al exgobernador Roberto Borge Angulo ante eventuales investigaciones de malos manejos y desvíos de recursos.
Fue en el 2016 donde inicia el “parteaguas” de la Fiscalía del Estado, con la llegada del maestro Miguel Ángel Pech Cen, a quien el recién llegado gobernador Carlos Manuel Joaquín González, nombró como Fiscal, dado que deseaba hacer una diferencia de los gobiernos anteriores; pero no se cumplió, pues fue el propio Miguel Ángel Pech quien renunció por considerar que era imposible corregir una torcida y corrupta impartición de justicia en Quintana Roo. Atentó contra la libertad de expresión en el 2017, cuando ministeriales acorralaron a un ejecutivo de un diario, amenazándole e intimidándole, al investigar en Plataforma México, el vehículo en el que viajaban dichos tipos con placas UTP-982-B, Chevrolet Sonic, color blanco, modelo 2014, era una unidad a cargo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, bajo el mando del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
A Miguel Ángel Pech Cen lo sustituye Gustavo Salas Salgado a partir de 1 de octubre de 2018 y estuvo en el cargo hasta diciembre de ese mismo año cuando el Congreso nombró a Óscar Montes de Oca Rosales.
Un año después, Óscar Montes de Oca Rosales y sudirector de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, fueron responsables de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones. Para febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ya había incorporado a la dependencia a más de 200 empleados nuevos, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, a los que de manera local les apodaron “Los Chilangos”.
Es aquí donde empieza la historia de la procuración de justicia de Quintana Roo en mano de los “fuereños”, de quienes no tienen ningún arraigo genético, empresarial o de negocios en el Estado y quizá por ello, no les interesa hacerle daño a la imagen de la Entidad ente el mundo.
Pero quien supera y ha tenido tropiezos en su vida como político y servidor público, es el sustituto de Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar, quien, a un año y días de estar de manera oficial como Fiscal General del Estado (tres meses fue interino), tomó protesta el 19 de septiembre de 2024, ya tiene el control de la Seguridad Ciudadana en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum, por medio de sus recomendados, los bautizados en Puebla como “Los Chiapanecos”.
Su mandato, que se extenderá hasta el 2036 de acuerdo con las reformas hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quizá por ello, este grupo de “Los Chiapanecos” incrustados en la FGE, controlan el corredor turístico conocido como Cancún-Tulum, por medio de las secretarias de Seguridad Ciudadana.
Los Chiapanecos mandan desde Cancún a Tulum; en Benito Juárez (Cancún), Jaime Padilla Barrientos despacha como Secretario de Seguridad Ciudadana desde julio pasado; antes fue director de la Policía de Investigaciones; previamente fue director de Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y, antes de eso, jefe de grupo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; la constante es que en todos estos cargos ha estado subordinado al Fiscal Raciel López Salazar.
En Tulum, el también miembro del grupo de Raciel López, Édgar Aguilar Rico, originario de Chiapas, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; quien, de la mano de su mentor, inició su carrera en 2011 como jefe de la Unidad de Investigación Criminal en el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal. Más tarde fue Inspector General y titular de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, donde diseñó e implementó operativos de prevención, proximidad y control del delito. En 2016 asumió la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Tuxtla Gutiérrez, y luego la Dirección de Tránsito Municipal, también en la capital chiapaneca.
Pero el protegido mayor, es el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Alberto Montesinos García, quien hoy está en el “ojo del huracán” por su presunta responsabilidad en la muerte de la muerte del pescador Pablo Esteban de la Cruz Buenfil (+), en su primera versión, López Salazar dijo a través de su dependencia que el fallecimiento se debió a “traumatismo craneoencefálico” provocado por un golpe; horas después, con el propósito de proteger a su paisano e integrante de “Los Chiapanecos”, cambió la versión a que se debió a “asfixia por broncoaspiración”, omitiendo el traumatismo como una de las causas del deceso que arrojó el acta de la necropsia de ley.
Quiero anotar, que este grave tropiezo se da en menos de 24 horas, no por presiones de ningún tipo ni de ninguna autoridad, sino por la iniciativa de la FGE para tender un manto de impunidad y evadir responsabilidades del quien, a todas luces, cuenta con la protección de Raciel López Salazar. Ahí se las dejo…
SASCAB
Para los voceros(as) de los diferentes gobierno y órganos autónomos; sus cargos son temporales, pero la amistad y compañerismo es permanente. La manera en la que se conduzcan como funcionarios(as) públicos, es directamente proporcional a la amistad y el compañerismo que disfrutarán mañana. Recuerden que el salario que devengan es pagado con nuestros impuestos; el que nosotros devengamos, viene del esfuerzo realizado durante muchos años de trabajo y constancia. Al tiempo…

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• Da prioridad a reformas contra la extorsión, ozonoterapia como servicio de salud, uso de celulares en escuelas, desaparición de personas, entre las 18 acciones legislativas.

A un año de haber iniciado la 18ª Legislatura el Partido del Trabajo presentó su agenda Legislativa para el actual ejercicio al que le faltan dos años de tres años, más que para marcar el rumbo petista en la Cámara, con un fuerte olor electorero.

Recordemos que la anterior 17ª Legislatura trabajó sin agenda legislativa, ya que como declaró en su momento Renán Sánchez, “no tenían obligación legal de hacerlo” por lo tanto fue una legislatura sin agenda.

La actual Legislatura trató de enmendar dicha falta y presentó la Agenda Legislativa 2024-2027 en diciembre de 2024.

Poco antes, en octubre de 2024 el partido verde presentó la suya, ofreciendo una conferencia de prensa al momento de hacerlo ante la ventanilla de Oficialía de Partes con presencia de las cinco diputadas y diputados de la bancada.

Apenas el pasado 8 de septiembre, el partido Morena realizó su primera reunión plenaria en Cancún para definir su Agenda Legislativa, cuando ya pasó un año de haber iniciado la 18ª Legislatura, que además, ya cuenta con agenda al menos legalmente.

El tema de agenda legislativa se impone ahora con un fuerte aroma electorero, por parte de Morena y ahora el PT.

PT CONTRA LA EXTORSIÓN
Este martes 23 de septiembre, el Partido del Trabajo presentó su agenda legislativa en una rueda de prensa en Chetumal, conformada por 10 iniciativas de reforma y creación de leyes, así como 8 puntos de acuerdo.

Entre ellas resaltan la reforma al Código Penal en materia de extorsión, la incorporación de la ozonoterapia como servicio de salud, la regulación del uso de celulares en las escuelas y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes en casos de feminicidio.

También se anunció la creación de comisiones transitorias en materia de desaparición de personas y alertas de género, la reforma a la Ley de Pesca para reconocer los derechos de las pescadoras, la Ley Estatal de Atención y Protección a Personas Migrantes, así como una reforma a la Ley de Turismo que garantice un modelo de desarrollo con justicia social y territorial.

Participaron la diputada Diana Gutiérrez, el diputado Rubén Carrillo, el diputado Hugo Alday y el Comisionado Político del PT en Quintana Roo, Gerardo Rodríguez, quienes coincidieron en que esta agenda responde a las demandas más sentidas de la sociedad y busca garantizar un futuro más justo, seguro e incluyente para todas y todos los quintanarroenses.

La diputada Diana Gutiérrez expresó que las propuestas presentadas son el resultado del trabajo conjunto con las y los legisladores petistas de todo el país durante la plenaria nacional, y que fueron enriquecidas con la voz de los ciudadanos en el estado. “Estas iniciativas no son ajenas a la realidad, son el reflejo de lo que escuchamos en colonias, comunidades y foros abiertos, donde la gente nos pide soluciones a problemas concretos”, afirmó.

Por su parte, el diputado Rubén Carrillo destacó que la agenda legislativa del PT se sostiene en la cercanía con la gente y en los principios que siempre han distinguido al partido: justicia social, solidaridad y trabajo comunitario. “No podemos legislar de espaldas a la ciudadanía. Cada propuesta nace de la escucha, de la calle, de la voz de madres, trabajadores, pescadores, jóvenes y personas que todos los días nos comparten sus preocupaciones”, señaló.

El coordinador de la Bancada del PT el Diputado Hugo Alday fue el encargado de dar a conocer el contenido de las 18 acciones legislativas, conformadas por 10 iniciativas de reforma y creación de leyes, así como 8 puntos de acuerdo.

RECORRIDO ELECTORERO
Finalmente, el Comisionado Político Gerardo Rodríguez subrayó que esta agenda no se quedará únicamente en el Congreso, sino que será llevada a los distritos, comunidades y colonias para socializarla con la ciudadanía. “El PT seguirá recorriendo el estado para rendir cuentas, escuchar y sumar las voces de la gente. Nuestro compromiso es legislar por y para el pueblo, y esta agenda es la prueba de que no olvidamos nuestras raíces ni nuestras causas”, concluyó. Usted tiene la última palabra.
ooOoo