Opinión
La importancia del Acta de Ginebra para Quintana Roo
Por Hugo Alday Nieto
México forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional suscrito por México el 26 de octubre del 2000, dicho instrumento internacional se encuentra de igual forma contenido en la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial vigente en sus artículos 264 y 265, es decir, forma parte del derecho positivo mexicano.
En Quintana Roo, contamos con una de las 16 denominaciones de origen que tiene el país y que se distribuyen en alimentos, bebidas y productos artesanales misma que se obtuvo a través de una Controversia Constitucional en 2008 de la que emanó la DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL CHLE HABANERO DE LA PENÍNSULA DE YCATÁN, en la que tuve el gran honor de representar a Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Ejecutivo Federal (Felipe Calderon) y el estado de Yucatán (Yvonne Ortega).
De igual forma, recientemente en el Diario Oficial de la Federación se publicó la DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA CHICLE MAYA DE QUINTANA ROO Y CAMPECHE suscrita con fecha 15 de octubre de 2024, por la Directora Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mayra Elena Ramos González, lo que le da a Quintana Roo la posibilidad de seguir siendo parte del mundo de la efectiva gestión de derechos de propiedad industrial en el campo, con la única diferencia de que la IG del Chicle es privada y la DO del Chile Habanero de la Península de Yucatán, además de ser propiedad del Estado Mexicano, se deriva de una solicitud del gobierno del estado de Quintana Roo.
Sin embargo, Quintana Roo es una importante fuente en potencia de indicaciones geográficas que requieren una protección inmediata en el ámbito internacional para la protección de diversos productos agroindustriales como la Miel Melipona, la Pitahaya, el Tzalam, Pulpo Maya, y el Cacao (marca Mazorca Negra) así como diversos textiles y bordados emanados de pueblos originarios como aquellas amparadas bajo la marca XPichil, entre otras, que puedan impactar económicamente de manera directa a los productores locales, lo anterior de conformidad con la reciente visita de la delegación quintanarroense al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, que fue adoptado el 20 de mayo de 2015, entró en vigor el 26 de febrero de 2020, y cuenta ya con las siguientes Partes Contratantes: Albania, Boznia y Hezergovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Congo; Costa Rica, Costa de Marfil, Djibouti, Eslovaquia, Federación Rusa, Francia, Gabón, Ghana, Hungría, Italia, Mali, Montenegro, Nicaragua, Oman, La oficina africana de propiedad intelectual, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova, República Democrática Popular de Lao, República Democrática Popular de Corea, Rumania, Samoa, Santo Tomé y Principe, Senegal, Suiza, Togo, Túnez y la Unión Europea.
En términos generales, una indicación geográfica es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, prestigio o características son atribuibles esencialmente a ese lugar. Algunos requisitos de las denominaciones de origen, por ejemplo, que las materias primas hayan sido extraídas del lugar de origen y que la elaboración del producto también se lleve a cabo en ese lugar, no tienen necesariamente la misma importancia para que un producto pueda protegerse como indicación geográfica.
Las ventajas de ratificar el Acta de Ginebra, es que México podrá obtener protección en las demás Partes Contratantes para sus denominaciones de origen y sus indicaciones geográficas, independientemente de la naturaleza de los productos para los que solicite la protección. Dicha protección podrá obtenerse mediante un único procedimiento de registro en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que simplifica los trámites y costos. Además, la protección de toda denominación de origen o indicación geográfica registrada en virtud del Acta permanecerá vigente todo el tiempo que esté protegida en la Parte Contratante de origen.
En este sentido mediante oficio SG/UE/230/1996/22 de fecha 23 de agosto del año 2022 suscrito por el encargado de despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, dirigido a la presidencia de la mesa directiva de la comisión permanente del Senado de la República, fue turnado en alcance el oficio número 100.2022.OEL.120 de esa misma fecha, suscrito por el titular de la oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y en cumplimiento a lo establecido por los artículos 76, fracción primera y 89 fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5,6 y 8 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se hizo llegar el INFORME DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES EN TURNO, señalando expresamente que:
“La adhesión al Acta de Ginebra de 2015 traerá grandes beneficios económicos para México coma los sectores productores y de comercialización, así como los consumidores de los productos amparados por las denominaciones de origen coma ya que permitirá impulsar la comercialización de los productos de alta calidad amparados por las denominaciones de origen e indicaciones geográficas mexicanas a nivel nacional e internacional.
En caso de que México no se adhiera al Acta de Ginebra del 2015 coma los productores mexicanos no tendrán el beneficio de que sus productos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas mexicanas puedan comercializarse exitosamente en las partes contratantes del acta de ginebra de 2015 coma gracias a las bondades y protección legal que brinda el tratado.”
En dicho Informe, la Secretaría de Economía solicitó al Senado de la República la adhesión de México al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa Relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas por los beneficios y facilidades que generará a los productores primarios y secundarios de la agroindustria, principalmente y, por ende, representa para Quintana Roo un instrumento de gran importancia para la diversificación de la economía en la zona maya y sur del Estado.
Es por lo antes expuesto que, hace unos días ante el Pleno del Congreso de Quintana Roo, solicité se aprobase un exhorto para que el Senado ratificara dicho instrumento en el entendido de que aprovechando este instrumento la SEDARPE y la SEDE en coordinación con el Congreso de Estado, podrán actuar de forma más ágil ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en beneficio de los productores quintanarroenses.
Ahora todo depende primero, de que el Pleno de la XVIII Legislatura de Quintana Roo lo vote a favor, y segundo, que el Senado de la República haga lo propio para ratificar el documento internacional para poder accionar en el estado.
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Opinión
La trilogía morenista para 2027
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Conforme avanzan los meses, los pronósticos y el futuro de las y los políticos quintanarroenses se va aclarando; algunos ya buscan al menos, estar en las encuestas que lanzará el partido de moda, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para elegir a quienes serán sus abanderados para el Gobierno del Estado, las presidencias municipales, las diputaciones federales y las locales.
Les platicaré sobre las aspiraciones a la gubernatura, de al menos tres morenistas, que por la posición que tienen en el cargo que ostentan, se les abre la oportunidad de ser considerados en las encuestas que hará la dirigencia Nacional del partido guinda.
Por ejemplo, quienes suenan como candidateables son el senador Eugenio Segura Vázquez, quien ya ha abierto diferentes casas de gestión en los cuatro distritos federales electorales con los que cuenta Quintana Roo; además de colgarse de los programas federales como el “sembrando vida” y el de protección a los animalitos; quiere aparecer en las encuestas de su partido; solo falta que sus operadores puedan realizar su trabajo a nivel de cancha, o como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más territorio, menos escritorio.
No va solo, pues salen poco a poco los perfiles de quienes no solamente tienen el capital económico, sino el capital político, como el caso de la actual alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien “pian pianito” avanza en la preferencia de las y los benitojuarenses, quienes representan la mitad de la elección para Gobernador.
Quien se suma a esta selecta lista, es la actual presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado Asencio, quien está respaldada por los sectores empresariales y de la sociedad civil, que ven en ella el potencial de gobernar Quintana Roo a partir del 2027, porque no solo es la sociedad solidarense la que ya empezó a mirarla como una candidata fuerte para las próximas elecciones, sino que también en todo Quintana Roo tiene una estructura informal que recuerda su trabajo como diputada en la XVII Legislatura. Ahí se las dejo…
SASCAB
Hoy los mexicanos celebramos el ciento catorce Aniversario del inicio de la Revolución, que dio origen a una nueva era que está apunto de concluir, pues los que supuestamente representaban los ideales de aquella justa, ahora están en la lona.
Hoy, ante una revolución de las conciencias iniciada en 2018 desde el gobierno federal encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, entramos en la era del Humanismo Mexicano, que ha traído el fortalecimiento de las instituciones del Estado, pero una lucha soterrada con el crimen organizado que aún no se detiene.
Hay mucho que hacer en ese tema de la seguridad, porque a ellos no les ha llegado el mensaje de la Cuarta Transformación y menos la revolución de las conciencias. Al tiempo…
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Opinión
Los Conejitos
Por Hugo Alday Nieto
Después de una intensa semana en la que miembros del panel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se refirieran a la reforma judicial como un ejemplo de abuso de poder de Estado, o como una regresión jurídica en materia de derechos humanos que transgrede al principio de Inter-independencia de poderes y que vulnera la figura de la división de poderes al ser invadida en su totalidad por los otros dos, en una jugada, según dijeron, de libro en contra del desarrollo de los estados democráticos modernos, el gobierno federal a través del Instituto de la Juventud, tuvo a bien saturar las redes sociales con una campaña dirigida a jóvenes recién egresados para convocarlos a participar en el proceso de selección y elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
Y dentro de todo ese devenir de declaraciones me llamó mucho la atención un artículo de la doctora en Derecho Leticia Bonifaz titulado ¿Jueces jóvenes?, en el que señala lo siguiente: “Algo que debería ser muy serio se presentó con imágenes infantilizadas de conejitos de corbata y moño con la sala de plenos de la suprema corte al fondo. Un despropósito que nos lleva a la pregunta de si puede cualquier joven recién egresado ser juez, magistrado o ministro. Todo indicaría que con el esquema actual sí, pero se esperaría que en parte de ellos cupiera la prudencia. Los recién egresados no están preparados para ser jueces, por más brillantes que sean”.
Un artículo escrito por una mujer que ha representado a México en el ámbito jurídico internacional innumerables ocasiones y que ha sudo autora de diversos libros de derecho, defensora de derechos humanos y catedrática de la UNAM con más de 30 años de trayectoria en docencia, investigación y servicio público debería ser considerado por quienes aducen tener el monopolio de la razón.
Un párrafo que no tiene desperdicio del texto de la doctora es el siguiente: “En el derecho, como en otras disciplinas, se aprende haciendo. En la tarea jurisdiccional es indispensable aprender, entre otras cosas, argumentar y valorar pruebas. El oficio no se aprende de la noche en la mañana. Alguien experto te guía y te vas formando paulatinamente. Los jueces, magistrados, y ministros, al final, son quienes deciden a partir de los proyectos que les presenten sus secretarios. El juez normalmente sabe más y oriente el sentido de proyecto. En el sistema que se propone es altamente probable que haya secretarios mejor formados que los jueces”. Obviamente en décadas.
Esta fórmula planteada es desde el ejercicio del litigio cien por ciento verdadera. Todas y todos aquellos abogados postulantes tienen claro que así es como funciona, y que los jueces federales, hasta el día de hoy, son un árbol de sabiduría jurídica derivada de las décadas de aprendizaje a las que han sido sometidos en el Poder Judicial Federal, con posgrados acumulados a lo algo de los años y con un profundo conocimiento de los criterios emanados de los tribunales colegiado y de las salas o pleno de la Corte.
Esta situación pareciera un despropósito para un poder que debe ser muy distinto al legislador. En el Poder Legislativo no se requiere de mayores competencias. Como lo hemos constatado el legislador promedio no conoce de derecho, aunque construye derecho y por ello, en la mayoría de los casos, se guía de asesores jurídicos que por lo general le dicen qué debe hacer al representante político del pueblo, aunque en muchos casos, éste no tenga la menor noción de aquello que propuso y que votó, por ello se creó el control constitucional.
Es un sistema democrático perfecto que permite la participación de todas las personas, salvo por el papel de los partidos que deberían realizar las cribas correspondientes para proponer a personas con competencias adecuadas para el cargo. El Poder Judicial requiere de los más y mejores capacitados en las diversas ramas del derecho porque de sus decisiones dependen la libertad, los bienes y el futuro de millones de personas y empresas, nacionales y extranjeras, y, por ende, un tema como éste, trasciende nuestras fronteras porque de ello depende también la certeza jurídica de las inversiones extranjeras.
En este sentido, quienes además hayan sido formadores en licenciatura y posgrado, sabemos perfectamente que para adquirir toda esta información hacen falta muchos años más que los cinco de licenciatura o los casi diez de licenciatura, maestría y doctorado, y que es un hecho imposible si no se cuenta con la práctica y la actualización constante, por ello, considero que las premisas escritas por la doctora Bonifaz son de la mayor relevancia.
El conocimiento y las competencias para poder ser un juzgador federal son imposibles de ser adquiridas solamente con una licenciatura y solo cinco años de experiencia, por ello, la campaña de los conejitos le quita seriedad al ejercicio del derecho y a uno de los tres poderes en la concepción del Estado moderno, dice mucho más de parece para quienes nos tomamos con seriedad la cosa publica.
Marco Tulio Cicerón en su “Tratado de las Leyes”, nos dice que “Los magistrados son necesarios. Sin su prudencia y su celo no puede existir la sociedad, y en la determinación de sus facultades. Descansa todo el organismo de la República”. Y esta misma tesis, se aborda mucho tiempo después en el “El Leviatan” de Thomas Hobbes, quien hace referencia a que el hombre es malo por naturaleza y que parte del contrato social es precisamente la existencia de un ente que diga el derecho (juris dictio) para mantener el orden social.
Bien dice el clásico principio jurídico “Iura novit curia” expresión jurídica que refiere que el Tribunal conoce el derecho, mismo que se relaciona con otro principio que versa “Ius semper loquitur”, el derecho siempre habla, pero para escucharlo hay que conocer el idioma y sus diversas acepciones, y allí se encuentra una de las fallas más profundas del sistema a aplicarse en los próximos meses, porque sin temor a equivocarme los conejitos no van a poder comprender lo que el derecho quiere decir una vez fijada la litis, y allí sí, comenzará el verdadero problema de la justicia mexicana y mientras continúen así las cosas (Rebuc sic stantibus), la justicia seguirá como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
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