Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- Un “madruguete” volvió a exhibir a la “cuarta transformación” en Quintana Roo, tras la aprobación del Congreso al paquete fiscal 2023 del gobierno del estado, que da continuidad a la simulación con refinanciamiento de deuda e incremento a impuestos y derechos.

El paquete será de 41 mil 816 millones 634 mil 214 pesos, de los que 42.6 por ciento se destinará a “desarrollo social”, con un “colchón de endeudamiento” —de ser necesario, según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)— por 262 millones 861 mil 190 pesos

Habrá cuatro fideicomisos: el de Bienestar —lo ejercerá la Secretaría de Desarrollo Social—; Fortalecimiento de Seguridad Pública —a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública—; el de Salud —ejercido por los Servicios Estatales de Salud (Sesa)—, y el de Promoción Turística —con el Consejo de Promoción (CPTQ).

Los fideicomisos con 50 por ciento de participación ciudadana “no es aceptable porque siempre se cae en simulación, como ocurre con el manejo del Derecho de Saneamiento Ambiental”, declaró Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

“Los fideicomisos contradicen la política presidencial que eliminó una centena en el país por la falta de control y transparencia; no se han establecido las reglas de operación”, cuestionó la diputada panista Cinthya Yamilie Millán Estrella.

Además, se aprobaron alzas a los impuestos sobre Hospedaje (ISH), al de Nóminas (ISN) y al de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; el Derecho de Saneamiento Ambiental, así como la enajenación de un predio de Puerto Morelos propiedad del estado para el Tren Maya.

En uno de los temas más controversiales, con 22 votos a favor y tres en contra —de las diputadas del PAN, PRI y MC— la Legislatura aprobó el aumento en el Impuesto sobre Hospedaje, que pasó del “cobijado” por muchos años tres por ciento, al cinco.

El tema de los fideicomisos es totalmente contradictorio a la política de Andrés Manuel López Obrador, que al inicio de su mandato ordenó extinguir una centena, “por el manejo discrecional de recursos”.

“Es un punto muy delicado; organizaciones civiles y empresariales no están de acuerdo porque no se sabe cómo están conformados los comités y los fideicomisos los controla Sefiplan y no los ciudadanos; lo que aprobaron no tiene reglas de operación”, sostuvo Galaviz Ibarra.

“Se están tomando definiciones sin precisar qué reglas de operación tendrán esos fideicomisos, que se pactaron con los empresarios, pero al parecer la parte «ciudadana» serán ellos, como siempre, limitados y acotados” por el poder”, concluyó el activista.