Chetumal. – El Diputado Hugo Alday presentó una iniciativa para tipificar el delito de extorsión como un ilícito que atenta contra la libertad y seguridad de las personas y no solamente como un delito patrimonial, como figura actualmente en el Código Penal de Quintana Roo, de tal forma que quienes exijan “pago de cuota” o “derecho de piso” puedan ser procesados con un castigo ejemplar.

“La propuesta consiste en establecer como agravantes, la afectación directa al patrimonio, la modalidad de cobro de cuotas (a quien no tenga la facultad de hacerlo) y cuando el sujeto realice la conducta, armado o en posesión de algún medio que sea o aparente ser peligroso, de tal forma que la extorsión no sea solamente observada como daño al patrimonio sino a la libertad y seguridad de las personas, ya que la víctima vive de manera continua con el temor y la inseguridad de que en cualquier momento pueden cambiar de opinión y empezar a exigirle una mayor cantidad” informó el Diputado presidente de la Comisión de Justicia.

Este ilícito, ha crecido exponencialmente en Quintana Roo y ha ocasionado mayor afectación al tejido social, ya que las víctimas viven en temor continuo, no solo por su propia seguridad sino también por la de su familia, forzándolos -en muchas ocasiones- a cambiar de actividad económica, de residencia e incluso a cerrar de manera precipitada los negocios que forman parte de su patrimonio y sustento: la extorsión arrasa con las economías de todo un sector o de toda una región.

Los medios coercitivos utilizados por los criminales han escalado de nivel, al grado de generar en la sociedad un gran sentido de inseguridad que hace que los afectados no estén dispuestos a denunciar. Sin embargo, no siempre quienes cometen este delito y lo vuelven un método de vida, logran ser vinculados a proceso y mucho menos obtienen sentencia condenatoria al ser (la extorsión) solo un delito que daña el patrimonio de las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.

“La libertad y la seguridad de todos los seres humanos, no tiene ni debe tener precio, así como tampoco puede estar sujeta a factores externos, y en virtud de que el derecho penal es una herramienta vital para la protección de derechos fundamentales -que sirven para garantizar la supervivencia del orden social o personal- es importante tomar en consideración esta propuesta” sentenció el Diputado Alday.