Nacional
Se aprobó la Ley de Ingresos 2023; gobierno de AMLO espera recaudar 8 billones de pesos
Ciudad de México.- .-El pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, que prevé una recaudación por un total de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos.
Con 64 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones, Morena y aliados avalaron el dictamen que prevé una recaudación tributaria de 4.6 billones de pesos e ingresos petroleros por 1.3 billones de pesos.
En el proyecto se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% para el siguiente año; un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios, con un precio ponderado acumulado del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril.
El proyecto autoriza al presidente Andrés Manuel López obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 500 millones de dólares.
Antes, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley Federal de Derechos con 65 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones en lo general y con 64 a favor, 40 en contra y dos abstenciones, en lo particular. Por ello, fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Las reformas incluyen actualizaciones a las disposiciones aplicables al uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público de la Nación, como es el caso de la zona federal marítimo terrestre y del espectro radioeléctrico.
También precisa que las personas extranjeras que soliciten la visa de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio nacional, o por causas humanitarias, quedan exentas del pago de este documento.
Establece una cuota menor en los trámites de expedición de visas ordinarias que se soliciten a través de medios electrónicos. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo, que se tramiten ante el Instituto Nacional de Migración, se pagará el derecho conforme a la cuota de 219.07 pesos.
La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN alertó que con estas reformas aumentará precios de pasaporte, visas para extranjeros, entrada a algunos espacios culturales, operación de telefonía móvil, trámites migratorios y otros servicios.
“Lo que aumentará los cobros reales a combustibles y alimentos: eso evidencia a un gobierno insensible y voraz que deja en la carencia a millones de mexicanos”, lamentó.
El senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas de Morena destacó que el proyecto va a exentar a los pueblos originarios del pago de derechos de autor, a fin de que accedan a mecanismos de defensa de su patrimonio y de difusión de sus lenguas, con lo que se acortará la brecha de desigualdad.
Mientras que el senador del PRD, Antonio García Conejo, advirtió que con esta reforma se autorizará un endeudamiento de hasta un billón 170 mil millones de pesos al titular del poder Ejecutivo Federal.
“Se le otorgaría un cheque en blanco”, dijo García Conejo.
Fuente Proceso
Nacional
Maribel Villegas en favor de mejorar la impartición de justicia en Q. Roo
CDMX.- La apuesta por la reivindicación de la seguridad pública de nuestro país avanza, y desde la Cámara de Diputados consolidamos la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicó la Diputada Federal, Marybel Villegas Canché al informar que al aprobarse, uno de los puntos medulares de la reforma Constitucional al artículo 21, es el de facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a abrir carpetas de investigación de delitos que hasta la fecha solo lo podía realizar la Fiscalía General de la República (FGR).
Con esta reforma, indicó la Diputada, “desde la Cámara de Diputados estamos sentando las bases para renovar y fortalecer la estrategia de la SSC para que sea ésta, un agente que articule las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad”.
Y es que, refirió que con la reforma al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, se fortalece la estrategia de seguridad pública y de protección a la población que impulsa la 4T, destacando que, a partir de ésta la investigación de los delitos correrá a cargo de los Ministerios Públicos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus elementos y la Guardia Nacional.
Se permitirá así que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos; fortaleciendo el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito, y además se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de datos e información para generar inteligencia.
“Con esto, fortalecemos la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia, integramos la Secretaría en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”
Con esta reforma, resaltó Marybel Villegas, se establece además que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.
Desde luego, precisó la legisladora, esta reforma tendrá repercusiones en las entidades federativas como Quintana Roo, al generarse políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia que puedan aplicarse a la seguridad pública.
Nacional
Hackean archivos de la Consejería Jurídica de la Presidencia en México
El grupo de ciberdelincuentes RansomHub liberó 206 gigabytes de información confidencial tras un ataque dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en lo que se trata de la primera filtración de información del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La intrusión fue confirmada por RansomHub en su sitio de filtraciones en la dark web, donde, desde el 15 de noviembre, se había iniciado una cuenta regresiva para la liberación de los datos.
A las 6 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, el grupo cumplió su amenaza, con la publicación de un enlace que dirige a los archivos comprometidos. Si bien RansomHub asegura haber obtenido 313 gigabytes de información, hasta ahora se han liberado 206 gigabytes.
Entre los documentos filtrados se encuentran listados de servidores públicos con datos personales como RFC y contratos gubernamentales sin censura de datos sensibles.
El Economista intentó entrar en contacto con la Consejería Jurídica de la Presidencia para realizar una consulta a propósito de este incidente sin que hasta el momento haya respuesta alguna.
¿Qué es RansomHub?
RansomHub es un grupo de ransomware relativamente nuevo, pero prolífico. Surgió en febrero de 2024 y desde entonces ha atacado al menos a 210 víctimas, según un informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) de Estados Unidos.
Este grupo opera bajo un modelo de ransomware como servicio (RaaS), en el que afilia a otros ciberdelincuentes a cambio de una comisión. El colectivo utiliza un modelo de doble extorsión: además de cifrar los sistemas de las víctimas, roba datos sensibles y amenaza con publicarlos si no se paga un rescate.
Aunque la mayoría de las víctimas de RansomHub se encuentran en Estados Unidos, el grupo también ha atacado objetivos en América Latina, como el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en México.
Este incidente marca el primer ataque significativo contra la administración de Claudia Sheinbaum, después de que varias dependencias mexicanas sufrieran ciberataques y filtraciones de información durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pemex, la Lotería Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están entre las entidades del gobierno federal que sufrieron este tipo de ataque en años recientes. Además, el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya en 2022 expuso 7 terabytes de información.
Error de administración
El director general de la firma mexicana de ciberseguridad Seekurity, Hiram Camarillo, explicó que estos ataques suelen tener un largo periodo de ejecución.
“No quiere decir que haya sucedido en este mes, probablemente sucedió en meses anteriores. Estas personas debieron haber infectado a alguien dentro de la institución, atacado algún sistema, ingresado a la red y recorrido toda la información”, dijo.
Camarillo estimó que “por lo menos debieron haber tomado de una a dos semanas para ingresar y extraer toda la información” y añadió que este tipo de hackeos no necesariamente está relacionado con el cambio de administración.
“Sinceramente, yo no creo que sea por el cambio de gobierno. Esto apunta más a una falta de administración de los sistemas que tiene esta entidad”, dijo y advirtió que el ataque probablemente involucró “correos de phishing, credenciales filtradas en internet o vulnerabilidades no parchadas” para lograr acceder a los sistemas gubernamentales.
Fuente: El FInanciero
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