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Felipe Calderón sí cuenta con investigación criminal relacionada a Rápido y Furioso

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Ciudad de México- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló la tarde de este martes que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México que declaró la guerra contra el narcotráfico, la cual estaría relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos ingresó más de dos mil 500 armas de fuego a territorio nacional entre 2006 y 2011.

“Bueno, cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón no nada más ahí sí se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza terminó Calderón y su Gobierno convertidos en traficantes de armas“, dijo desde la tribuna del Congreso de Michoacán, estado del que es originario el exmandatario.

Durante su intervención frente a las y los legisladores locales, el funcionario aseguró que “las armas que iban destinadas a nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas a la delincuencia organizada”.

“Por eso está detenido en los Estados Unidos [Genaro] García Luna, que fue Secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido”, dio a conocer.

Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, es decir, durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Mientras que Calderón Hinojosa es el expresidente que declaró la guerra contra el narcotráfico en México el 6 de diciembre de 2006 a través del “Operativo Conjunto Michoacán”, el cual consistió en el despliegue de corporaciones federales, estatales y municipales, que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra”.

Su estrategia condujo al país a más de 13 años consecutivos de guerra interna, la más larga desde la Revolución Mexicana de 1910. En sus seis años de Gobierno se registraron 102 mil 859 homicidios, aunque las cifras no son claras respecto a los desaparecidos y desplazados.

De acuerdo con una nota publicada en el portal de SinEmbargo el 30 de agosto de 2018, las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), indicaron que, de 2007 a junio de 2018, en México desaparecieron al menos 36 mil 743 personas.

En esta foto del 8 de octubre del 2010, el Secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna participa en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto: Marco Ugarte, archivo, AP
Basado en ese contexto, el Secretario de Gobernación aprovechó su visita al Congreso michoacano para impulsar la aprobación de la reforma a las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es ampliar su presencia en las calles hasta 2028 para que puedan realizar tareas de seguridad pública; pero de forma legal y regulada, y no como se hizo en el pasado.

Después de que terminara su discurso, varias diputadas y diputados locales tomaron la palabra para emitir sus posicionamientos. En las intervenciones de los representantes de los partidos de oposición hubo críticas y cuestionamientos.

Por ello, casi al final del encuentro, López Hernández volvió a hacer algunas declaraciones, la más destacada de ellas fue cuando se refirió a Calderón Hinojosa como “Felipe ‘El Pequeño’”.

“No se le olvide, esas recetas se las debió haber usted recomendado que la aplicaran a Felipe ‘El Pequeño’ y a otros presidentes de la República que son los que bañaron de sangre a este país”, contestó el exgobernador de Tabasco a Oscar Escobar Ledesma, Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN).

EL SEXENIO DE FELIPE CALDERÓN
El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ya ha enfrentado señalamientos ante instancias en el exterior del país. Hace casi una década, por ejemplo, se pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya investigar a su administración por crímenes de guerra y lesa humanidad. A la par que en Estados Unidos, el principal artífice de su estrategia de seguridad, Genaro García Luna, es procesado por narcotráfico.

La sociedad ha pedido en diversas ocasiones que se revise la responsabilidad de Calderón Hinojosa ante la violencia e inseguridad que dejó la declaratoria de guerra que hizo en diciembre de 2006 contra el crimen organizado y cuyas consecuencias son palpables a la fecha, según ha denunciado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El clima de inseguridad, que se disparó en el calderonismo, ha conllevado otros episodios y aspectos que han sido cuestionados: la militarización de la seguridad, las centenas de miles de víctimas que dejó la estrategia y combate frontal a organizaciones del crimen organizado, así como crímenes de lesa humanidad, que han sido denunciados por las víctimas y la sociedad civil.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas, y es acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Pero no todo lo sucedido en su Gobierno se limita a la inseguridad, también hay acusaciones por presuntos actos de corrupción en torno a la Estela de Luz, así como la “privatización” de las cárceles y —recientemente expuesto— el espionaje iniciado en su gestión en contra de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

La gestión de Felipe Calderón estuvo marcada por la crítica desde el inicio, pues el panista llegó a la Presidencia de México literalmente por la puerta trasera, ya que el 1 de diciembre de 2006 rindió protesta tan sólo por cinco minutos.

La sesión se realizó en la Cámara de Diputados, a la cual entró por la puerta de atrás, y se desarrolló en medio de gritos de rechazo de los legisladores del PRD que tomaron la tribuna para intentar impedir la ceremonia, mientras los legisladores de derecha apoyaban al futuro mandatario.

LA GUERRA CONTRA EL NARCO
A 10 días del arranque de su sexenio, el 11 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa emprendió desde su tierra natal la lucha frontal contra el crimen organizado al arrancar la “Operación Conjunta Michoacán”, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad. Así dio inicio a su estrategia de “militarización”, que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México”.

De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico, no obstante, en ese entonces Heyns aclaró que debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.

VIOLACIONES A DDHH
Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.

El estudio Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico destaca que la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además de 6 mil 254 personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.

En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH, resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y seis a la Secretaría de Marina. Así pues, tres de cada cuatro recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.

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Maribel Villegas en favor de mejorar la impartición de justicia en Q. Roo

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CDMX.- La apuesta por la reivindicación de la seguridad pública de nuestro país avanza, y desde la Cámara de Diputados consolidamos la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicó la Diputada Federal, Marybel Villegas Canché al informar que al aprobarse, uno de los puntos medulares de la reforma Constitucional al artículo 21, es el de facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a abrir carpetas de investigación de delitos que hasta la fecha solo lo podía realizar la Fiscalía General de la República (FGR).

Con esta reforma, indicó la Diputada, “desde la Cámara de Diputados estamos sentando las bases para renovar y fortalecer la estrategia de la SSC para que sea ésta, un agente que articule las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad”.

Y es que, refirió que con la reforma al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, se fortalece la estrategia de seguridad pública y de protección a la población que impulsa la 4T, destacando que, a partir de ésta la investigación de los delitos correrá a cargo de los Ministerios Públicos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus elementos y la Guardia Nacional.

Se permitirá así que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos; fortaleciendo el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito, y además se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de datos e información para generar inteligencia.

“Con esto, fortalecemos la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia, integramos la Secretaría en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”

Con esta reforma, resaltó Marybel Villegas, se establece además que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.

Desde luego, precisó la legisladora, esta reforma tendrá repercusiones en las entidades federativas como Quintana Roo, al generarse políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia que puedan aplicarse a la seguridad pública.

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Hackean archivos de la Consejería Jurídica de la Presidencia en México

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El grupo de ciberdelincuentes RansomHub liberó 206 gigabytes de información confidencial tras un ataque dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en lo que se trata de la primera filtración de información del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La intrusión fue confirmada por RansomHub en su sitio de filtraciones en la dark web, donde, desde el 15 de noviembre, se había iniciado una cuenta regresiva para la liberación de los datos.

A las 6 de la mañana de este lunes 25 de noviembre, el grupo cumplió su amenaza, con la publicación de un enlace que dirige a los archivos comprometidos. Si bien RansomHub asegura haber obtenido 313 gigabytes de información, hasta ahora se han liberado 206 gigabytes.

Entre los documentos filtrados se encuentran listados de servidores públicos con datos personales como RFC y contratos gubernamentales sin censura de datos sensibles.

El Economista intentó entrar en contacto con la Consejería Jurídica de la Presidencia para realizar una consulta a propósito de este incidente sin que hasta el momento haya respuesta alguna.

¿Qué es RansomHub?
RansomHub es un grupo de ransomware relativamente nuevo, pero prolífico. Surgió en febrero de 2024 y desde entonces ha atacado al menos a 210 víctimas, según un informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) de Estados Unidos.

Este grupo opera bajo un modelo de ransomware como servicio (RaaS), en el que afilia a otros ciberdelincuentes a cambio de una comisión. El colectivo utiliza un modelo de doble extorsión: además de cifrar los sistemas de las víctimas, roba datos sensibles y amenaza con publicarlos si no se paga un rescate.

Aunque la mayoría de las víctimas de RansomHub se encuentran en Estados Unidos, el grupo también ha atacado objetivos en América Latina, como el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en México.

Este incidente marca el primer ataque significativo contra la administración de Claudia Sheinbaum, después de que varias dependencias mexicanas sufrieran ciberataques y filtraciones de información durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pemex, la Lotería Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están entre las entidades del gobierno federal que sufrieron este tipo de ataque en años recientes. Además, el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya en 2022 expuso 7 terabytes de información.

Error de administración
El director general de la firma mexicana de ciberseguridad Seekurity, Hiram Camarillo, explicó que estos ataques suelen tener un largo periodo de ejecución.

“No quiere decir que haya sucedido en este mes, probablemente sucedió en meses anteriores. Estas personas debieron haber infectado a alguien dentro de la institución, atacado algún sistema, ingresado a la red y recorrido toda la información”, dijo.

Camarillo estimó que “por lo menos debieron haber tomado de una a dos semanas para ingresar y extraer toda la información” y añadió que este tipo de hackeos no necesariamente está relacionado con el cambio de administración.

“Sinceramente, yo no creo que sea por el cambio de gobierno. Esto apunta más a una falta de administración de los sistemas que tiene esta entidad”, dijo y advirtió que el ataque probablemente involucró “correos de phishing, credenciales filtradas en internet o vulnerabilidades no parchadas” para lograr acceder a los sistemas gubernamentales.

Fuente: El FInanciero

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