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Nuevo revés al Tren Maya; juez federal admite amparo que busca frenar los tramos 6 y 7 que van de Quintana Roo a Campeche

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Ciudad de México.- Un juez federal admitió un amparo que busca frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, obra prioritaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasará por Quintana Roo y Campeche.

Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, los cuales ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata de un recurso, amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.

Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67.7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.

El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez consultada por Efe.

El acuerdo se refiere al expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual declara obras como el Tren Maya como de Seguridad Nacional y por el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios, y con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Como Novelo Pérez no consiguió verificar la certeza de lo reclamado por la parte quejosa, es decir, no pudo conocer si la DGIRA ya había concedido autorizaciones para los tramos 6 y 7, decidió no conceder la suspensión provisional en este punto específico.

Con las autorizaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de los más de 530 kilómetros que comprenden estos tramos, podría iniciar trabajos.

Será el próximo 5 de agosto, fecha en que se agendó la audiencia incidental y en caso de que no se difiera, cuando se resuelva sobre el asunto, y el juez podría retirar la suspensión o decidir mantenerla en definitiva.

El gobierno federal podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 sur, alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Fuente Forbes

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CDMX BAJO TIERRA: AUMENTAN 107% LOS SOCAVONES Y SE DESALOJAN COLONIAS POR RIESGO ESTRUCTURAL

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Ciudad de México enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: el número de zonas afectadas por socavones se disparó un 107% en el último año, pasando de 80 a 166 puntos críticos. Esta alarmante cifra fue confirmada por autoridades locales, quienes han iniciado operativos de desalojo en diversas colonias ante el riesgo inminente de colapso estructural.

Los hundimientos, provocados por el reblandecimiento del subsuelo, fugas de agua y el envejecimiento de la infraestructura urbana, han puesto en peligro viviendas, vialidades y servicios básicos. Las alcaldías más afectadas incluyen Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac, donde se han registrado grietas profundas, hundimientos súbitos y fracturas en muros y pavimentos.

Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) trabajan en conjunto para evaluar daños, reforzar estructuras y reubicar a familias en zonas seguras. Expertos advierten que el fenómeno podría agravarse con la temporada de lluvias y el crecimiento urbano descontrolado.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un plan de atención urgente que incluye monitoreo geotécnico, inversión en drenaje profundo y campañas informativas para prevenir riesgos. La ciudadanía ha sido llamada a reportar grietas y hundimientos al 911 o a través de la app CDMX.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SCJN DECLARA INCONSTITUCIONAL EL COBRO POR ALUMBRADO PÚBLICO EN QUINTANA ROO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el cobro por Derecho de Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público en seis municipios de Quintana Roo, evidenciando una grave violación legislativa que afecta a miles de contribuyentes. Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 19/2024, presentada contra la fórmula de cobro establecida en la Ley de Hacienda de Tulum.

El fallo señala que los diputados locales invadieron facultades exclusivas del Congreso federal al establecer una contribución que grava el consumo de energía eléctrica, lo cual corresponde a un impuesto federal y no a un derecho municipal. Esta fórmula, aplicada en municipios como Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum, ha generado una recaudación estimada en más de 400 millones de pesos, considerada ilegal por la SCJN.

Playa del Carmen se distingue como el único municipio que utiliza una fórmula distinta, basada en costos reales y con un límite del 2.5% sobre el consumo eléctrico, reformada en 2019.

A pesar de múltiples amparos y devoluciones ordenadas por tribunales, los legisladores locales han persistido en aplicar esta fórmula, encabezados por Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar. El fallo de la SCJN marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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