Agentes ministeriales de la Zona Sur realizan manifestación pacífica en protesta a la inequidad en el pago de estímulos e insumos con respecto a los elementos que llegaron con las autoridades con el fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales.

La supuesta inequidad en el pago de estímulos y aportación de insumos, sobre todo para labores de riesgo en el combate a la delincuencia, ocasionó paro de labores de agentes ministeriales en la Zona Norte y manifestación pacífica en el Sur.

Exigen trato y condiciones laborales similares a las de los agentes provenientes de la Ciudad de México, que llegaron apenas el año pasado a la Fiscalía General del Estado (FGE), que gozan de compensaciones elevadas, vehículos e insumos sin retrasos.

El viernes pasado un agente de la Policía Ministerial identificado como R. R. O. falleció durante un cateo en un domicilio señalado como “narcotiendita”. En el operativo murió un sicario y se detuvo a cuatro presuntos narcomenudistas.

Tras ese hecho, trascendió que el elemento fallecido percibía compensación de 17 mil pesos y sueldo neto de ocho mil.

El agente contratado en Quintana Roo obtiene mil 200 pesos por tal estímulo y sueldo de apenas cuatro mil.

La inconformidad en agentes ministeriales de la Vice fiscalía General de Justicia en la Zona Norte llevó a paro de labores.

Sus homólogos en el Sur de Quintana Roo les respaldaron mediante manifestación pacífica afuera de la representación en Chetumal.

Durante la protesta trascendió que son aproximadamente 80 trabajadores que se incorporaron a la FGE el año pasado y todos gozan de estímulos y beneficios superiores a los que perciben los elementos quintanarroenses.

Según los elementos provenientes de la Ciudad de México, que son ex agentes de otras fiscalías, de menor rango devienen hasta 25 mil pesos quincenales.

Además, cuentan con vehículos y combustible a su disposición cuando le requieran. Lo mismo ocurre con armamento y aditamentos para el desempeño de sus funciones.

Los inconformes argumentaron que ellos carecen hasta de uniformes y sus armas están descontinuadas o con falta de mantenimiento, y no garantizan funcionamiento en una situación de riesgo. Son aproximadamente 800 agentes ministeriales que enfrentan esta situación.