Por Germán Arreola

CANCÚN.- Tras más de 15 años de espera, en las próximas semanas se abrirá el registro de inversiones para diseñar, construir, equipar, operar y mantener un puente de 8.7 kilómetros sobre la laguna Nichupté, que unirá los bulevares Luis Donaldo Colosio, en Cancún, con el Kukulcán, en la zona hotelera.

En enero pasado, el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, dio a conocer que luego de pláticas con la Secretaría de Hacienda se determinó que el mejor esquema para financiar la obra era la asociación público-privada, con mayor aportación del sector empresarial.

Habrá aportación de recursos públicos, pero será el capital privado el que tendrá mayor aportación en la obra, cuyo costo sería de cuatro mil 455 millones de pesos, explicó el funcionario, luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio luz verde al ansiado proyecto.

Al término de una reunión virtual entre el director de Fonatur, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez; el secretario de Gobierno en Quintana Roo, Jorge Arturo Contreras Castillo; la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz; el delegado federal en Quintana Roo, Arturo Emiliano Abreu Marín, y Eduardo Ortiz Jasso, se acordó la autorización del proyecto.

Se prevé que la megaobra se concluya en un periodo máximo de dos años, de acuerdo con el director de la Agepro, quien explicó que el puente atravesará la laguna Nichupté saliendo a la altura del distribuidor vial del bulevar Colosio, hasta el kilómetro 13.5 de la zona hotelera, cerca del hotel The Ritz Carlton.

Hasta antes de la pandemia del coronavirus se habían publicado los plazos de la construcción del puente en Compranet —sitio de oportunidades de inversión del gobierno federal para invitar a empresas globales—, porque la convocatoria sería dada a conocer en el cuarto trimestre de este año.

Considerando que en el primer trimestre de 2021 se reciban las propuestas, se dé el fallo y se firme el contrato, con base en los resultados de la evaluación. Desde mayo de 2019, la Agepro emitió una manifestación de interés a la firma mexicana Controladora de Operaciones de Infraestructura.

Esa empresa mexicana —subsidiaria del gigante ICA de David Martínez Guzmán— está en un proceso avanzado de evaluación ante la Agepro para determinar si su cumple con los criterios de utilizar la tecnología más amigable con el medio ambiente, ya sea que esté abierto a la circulación del transporte público.

Si los plazos se cumplen como proyectan las instancias federales —Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Fonatur, principalmente—, el inicio de ejecución y construcción sería prácticamente en un año; es decir, en el segundo trimestre de 2021 para que comiencen las operaciones en el tercer trimestre de 2022.

“Es una obra que no sólo es rentable para la empresa que construya porque se cobrará peaje, sino que tendrá alta rentabilidad social porque además de dar una solución al tráfico vehicular del bulevar Kukulcán, favorecerá el transporte público para toda la población que labora en la zona hotelera”.

Además, se destacó que el proyecto libera el área natural protegida Manglares de Nichupté, y con el trazo de prefactibilidad se definirá que no sólo será un puente construido para autos, sino que deberá considerar la opción de transporte público, una ciclovía y un andador peatonal.

La obra se había detenido prácticamente desde el 23 de mayo de 2018, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, pero por razones de cambio sexenal hasta ahora las instancias federales han recalendarizado las fechas para emitir cuanto antes la convocatoria de carácter internacional para recibir propuestas.

Previamente se hicieron algunos intentos por construir el puente sobre la laguna Nichupté, pero la incompatibilidad del proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de entonces, hizo imposible que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgara los permisos.

El más serio se hizo en 2006 y planteaba dos puentes: uno de más de nueve kilómetros que atravesaría casi de extremo a extremo el Sistema Lagunar Nichupté, con un costo de 240 millones de pesos, y otro de 900 metros que cruzaría un tramo menor sobre la laguna Bojórquez, pero con un costo mayor de 320 millones.