Ante la “terrible” devastación de la zona costera y la pérdida de hábitat de la tortuga marina, así como el “enorme” riesgo de afectación al santuario tortuguero, se conformó un frente común de varias organizaciones ambientalistas y ciudadanas, informó Araceli Domínguez Ramírez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

En el colectivo también están Salvemos Manglar Tajamar, Red de Tulum Sostenible y Moce Yax Cuxtal —organización de ciudadanos que amamos a la madre Tierra—, que presentaron un amparo contra las autoridades laborales de Quintana Roo, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) y otras dependencias gubernamentales por omisión al no responder, atender y dar seguimiento y/o desarrollar las actuaciones administrativas necesarias.

La activista señaló que se tuvo que recurrir a solicitar la protección de la justicia federal debido a la desatención del gobierno estatal para “hacer constatar los hechos materia de la denuncia e iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia de los trabajos de desmonte y remoción en el predio ubicado y con salida a las bahías de Chemuyil y Chemuyilito.

El amparo fue admitido, en primera instancia, por el juez séptimo de distrito —Darío Alejandro Villa Arnaiz—, quien posteriormente negó la supresión, por lo que se ingresó una queja que el titular del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (en Cancún), magistrado Leonel Jesús Hidalgo, resolvió hoy (ayer viernes) otorgando una suspensión provisional.

Domínguez Rodríguez dijo que “en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional resolvió dejar insubsistente — que no tiene fundamento o razón— el auto de 30 de abril de 2020 —cuando el juez Villa Arnaiz negó la cancelación de las obras— y en su lugar concedió la suspensión provisional.

De acuerdo con la resolución, que la activista hizo llegar a La Jornada, el magistrado Jesús Hidalgo decidió otorgar la suspensión “en relación a la omisión de atender, dar seguimiento, a las actuaciones administrativas que motivaron la denuncia radicada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegación Quintana Roo”.

El documento fue ingresado en la Jefatura de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa, en el expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 con el objetivo de que cese la omisión atribuida y la autoridad ejecute las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de denuncia.

“No es posible postergar los procedimientos de inspección y vigilancia (…) dada la posible afectación ambiental al ecosistema costero del predio ubicado en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito (por lo que) se concede la suspensión respecto a la clausura de los trabajos o actividades de construcción, limpieza, desmonte y/o remoción.”

Araceli Domínguez añadió que la suspensión también se concedió “por vulnerar presuntivamente el decreto de suspensión de labores en virtud de la actual pandemia de salud, así como la omisión de sancionar las medidas y acciones sanitarias de prevención y contención a fin de evitar la propagación del virus covid-19; cuya naturaleza no esencial, además, se relaciona con un posible menoscabo y/o deterioro medioambiental.

La ambientalista indicó que la resolución ordena a las autoridades administrativas y laborales acudir al predio de referencia para constatar la ejecución de trabajos no esenciales y decretar  la suspensión de labores para evitar conglomeración de personas y el desacato a las medidas de mitigación y sana distancia por el coronavirus.