“Visión Periférica”

Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*

Ya lo decíamos en la anterior visión periférica, cuando advertimos de la difícil encrucijada en la que se encontraba y se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno estadounidense que exige combatir a fondo al crimen organizados o dejar pasar (en su figura de colaboración) a los drones, como ahora lo acepta ella y que les seguirá, sin duda, la inteligencia anticrimen y cosas peores del vecino país del norte dentro de nuestras fronteras, para ayudarla en este combate contra lo que bien podría compararse a la mítica hidra, la serpiente gigante de muchas cabezas que volvían a crecer a medida que eran cortadas…

En efecto, la decisión del gobierno estadounidense de clasificar a seis cárteles mexicanos como terroristas internacionales, como a partir de este jueves son el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana generará paulatinamente consecuencias multidimensionales para México, según los expertos y documentos que respaldan esta decisión del gobierno estadounidense, al considerar que estos grupos delincuenciales representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y sus intereses económicos.

Según los estudiosos se prevé el incremento de las tensiones diplomáticas y de la Soberanía Nacional, ya que la medida es interpretada como una herramienta de presión para forzar una mayor colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico. Esto, bajo términos definidos por Estados Unidos. Ante ello, no se descarta que esa disposición podría justificar legalmente acciones militares estadounidenses sin autorización previa, bajo el argumento de “protección de la seguridad nacional”, aunque la Constitución mexicana prohíbe operaciones extranjeras en su territorio. En este renglón la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es de que no permitirá injerencias unilaterales, aunque “mantiene su disposición para una cooperación bilateral respetuosa”.

Esta medida, aseguran, traerá consecuencias económicas y financieras, como serían sanciones a algunas empresas, como instituciones financieras, agrícolas o logísticas que podrían enfrentar congelamiento de activos o restricciones si son vinculadas a estos cárteles, aun indirectamente, incluso sin pruebas contundentes. Hay un ejemplo conocido, como es el caso de Speed Joyeros, en Panamá, empresa sancionada por lavado de dinero vinculado a cárteles colombianos.

Se teme también la reducción de inversiones extranjeras. Según los expertos, la percepción de riesgo aumentaría, desincentivando a inversionistas internacionales y afectando sectores clave como energía y manufactura. Otra preocupación es el impacto en las remesas que representan el 4% del PIB mexicano, ya que la medida pronostica regulaciones más estrictas que podrían limitar su flujo, con efectos para millones de familias.

Otro punto a considerar son las implicaciones legales y sociales, como la posible criminalización de migrantes; en tanto que las comunidades mexicanas en Estados Unidos podrían sufrir estigmatización, asociándose erróneamente con el crimen organizado. La vulnerabilidad jurídica es otro punto preocupante que afectaría a empresas serias con transacciones comerciales en zonas controladas por alguno de los cárteles señalados, tan solo por el hecho de “pagar derecho de piso” para su funcionamiento, las que incluso podrán ser sancionadas sin el debido proceso.

De igual forma, el lavado de dinero como terrorismo significa que las actividades financieras ilícitas serán tratadas con leyes antiterroristas, ampliando el alcance de sanciones y congelamientos. Esa disposición de designar a los cárteles como terroristas internacionales implica también que México se vea forzado a aceptar estrategias de seguridad alineadas con intereses estadounidenses, como bloqueos marítimos o vigilancia cibernética avanzada

No se descarta que habrá mayor escalada de violencia, ya que la presión militar podría fragmentar a los cárteles, generando guerras internas por el control territorial, como ya ocurre en Sinaloa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

De igual forma, se considera que habrá un aumento en el intercambio de información entre agencias como la DEA y la Fiscalía mexicana, aunque con riesgos de filtración o uso político. Aunque, por el contrario, expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA, señalan que esta medida no cambia estrategias ya implementadas y carece de impacto real, siendo más un “teatro político” para la base electoral de Trump.

La designación podría agravar la crisis de seguridad en regiones como Guerrero o Zacatecas, donde los cárteles ejercen control territorial; en tanto que se redefine la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dando prioridad a la agenda de seguridad estadounidense sobre la soberanía mexicana.

Hay que decir que esta decisión de nombrar terroristas internacionales a los seis cárteles mexicanos, si bien ofrece herramientas legales para combatir al narcotráfico, también genera riesgos económicos, sociales y políticos que podrían profundizar las tensiones entre ambos países. México enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación con la protección de sus intereses nacionales, evitando que esta medida derive en una crisis sin precedente. Es esa la gran encrucijada a la que se enfrenta Claudia Sheinbaum, como lo advertimos en la anterior Visión Periférica.

*Periodista con 49 años de experiencia en diarios nacionales y estatales, Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.

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HAY QUE RECORDARLES QUE SON DEL PAN: SUSANA MARTÍNEZ

Exsenadora del PAN critica voto oficialista de Reyna Tamayo y Ángel Álvarez que desapareció el requisito de “residencia mínima” para ocupar cargos de Dirección General, como es el caso de CAPA.Por: Jorge A. Martínez Lugo.

“Con esto (su voto a favor del oficialismo) traicionaron a los panistas quintanarroenses” afirmó la ex senadora del Partido Acción Nacional (PAN), expresó Laura Susana Martínez Cárdenas, al calificar la conducta política, más oficialista que oposición, de Reyna Tamayo Carballo y Ángel Álvarez Cervera, diputada y diputado panistas, quienes llegaron por la vía plurinominal a la XVIII Legislatura.

La legisladora y el legislador panistas aprobaron desaparecer el requisito de ser ciudadano quintanarroense en la Ley de la Administración Pública Paraestatal, con lo que podrá ocupar estos cargos personajes recién llegados, como es el caso del actual encargado de la Dirección General de CAPA, José Enrique Torres López, para quien al parecer fue dedicada dicha reforma, más los otros nombramientos verdes que vienen.

A través de sus redes sociales, la ex senadora panista por Quintana Roo expuso:“De vergüenza en verdad la actuación de los diputados Panistas en Quintana Roo. ¿Tenemos oposición? O ya son de morena, pues todo aprueban a favor. Hay que recordarles que son del PAN. Y con esto, traicionaron a los panistas quintanarroenses!” publicado el pasado martes 24 de septiembre.Un día antes, en la Sesión número 11 del pleno, la XVIII Legislatura aprobó reformas a la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal, mediante las cuales se eliminó el requisito de “residencia mínima” establecida en el artículo 28 de dicha Ley para ocupar cargos de Dirección General, tal como establece el artículo 37 de la Constitución Política del estado.Además, se trató de ocultar la importante reforma, con el señuelo mediático de que se trataba de una simple incorporación del lenguaje de género y enfoque de inclusión, pero de manera dolosa escondieron la verdadera exposición de motivos.

EXPOSICIÓN RESPONSABLE: REYNA TAMAYOPor su parte, la diputada Reyna Tamayo publicó en sus redes sociales el 25 de septiembre pasado:“Ayer asistí a la Sesión 11 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la #XVIIILegislatura”.

Siguió diciendo:“Aprobamos reformas a la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo y a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo para promover la igualdad de género, eliminando el lenguaje sexista y garantizando la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres mediante la implementación de un lenguaje neutro de género.“Asimismo, solicitamos a la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal que se notifique a la persona titular de la Secretaría de Gobernación, para que se restablezca el servicio de visas digital para personas que poseen pasaporte brasileño”.

La diputada panista se alineó con esta publicación a la estrategia oficialista de ocultar el motivo fundamental de dicha reforma, la de verdadero peso, al no mencionar que con dicha reforma que ella aprobó como “oposición responsable”, fue la eliminación del requisito de “residencia mínima” para ocupar cargos de Dirección General.Si los panistas diputada Reyna Tamayo y diputado Ángel Álvarez desconocían el verdadero motivo de dicha reforma, sería una situación grave y si lo sabían y actuaron mediante doble juego traicionando a los panistas quintanarroenses, es todavía más grave. Usted tiene la última palabra.