CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE SEPTIEMBRE.- El 75 por ciento de los periodistas del país se siente vulnerable ante agresiones de criminales y políticos en México, de acuerdo con una encuesta presentada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), quien además detectó tres grandes problemas para el ejercicio periodístico en el país: ineficacia de las instituciones para resolver ataques a los periodistas; la persistencia y crecimiento del número de agresiones; y la ampliación de las zonas de silencio, donde los medios de comunicación ya no reportan informaciones de inseguridad, derechos humanos y violencia por miedo a represalias.

Al presentar el “Informe 2019 Libertad de Expresión en México”, el director de Proyectos de Casede, Armando Rodríguez Luna señaló que la incertidumbre que viven los comunicadores va de la mano con el aumento de la percepción de inseguridad en población abierta que reportan para todo el país entidades como el INEGI, asociada a su vez con un fenómeno de impunidad por el cual la mayor parte de los delitos nunca son resueltos.

“La cantidad de agresiones a periodistas se ha incrementado en los últimos tres años, en particular en estos nueve meses de 2019, no sólo en cuanto al asesinato de 11 personas, sino en una dispersión muy amplia de amenazas, intimidaciones, coacción y vigilancia principalmente por medios electrónicos”, aseguró el académico.

Sobre las zonas de silencio para los medios de comunicación, Rodríguez Luna hizo énfasis que en estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, el norte de Sinaloa y el norte de Chihuahua, los amagos de criminales y actores políticos son tantos, que no hay forma de que se publiquen muchas informaciones de interés general.

El informe no sólo presenta el diagnóstico de la problemática, sino recomendaciones a la autoridad de los posibles caminos a seguir para revertir el que define como “preocupante panorama para la libertad de expresión”.

La más importante de ellas es que desde el más alto nivel político en el país –la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación- se reconozca la importancia de la labor social de los periodistas (contrario a cualquier estigmatización negativa del gremio) y se aporten los recursos para que funcionen adecuadamente, tanto el Mecanismo de Protección Federal a Periodistas como para la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Y que todo responda a planes operativos anuales, con indicadores de riesgo aceptados por todos, con seguimiento de resultados y ejercicio transparente de recursos.

En la presentación del informe estuvieron la defensora de los derechos humanos, Mariclaire Acosta, el periodista Leonardo Curzio, el embajador Raphael Steger, decano de la Universidad de Las Américas Puebla, y el coordinador nacional de Opinión de la Organización Editorial Mexicana, Alejandro Jiménez.