Por Ericka Novelo / 5to Poder

CHETUMAL, 22 DE SEPTIEMBRE.- Unas 400 familias de la colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Chetumal fueron notificadas por el Servicio de Administración Tributaria sobre el embargo de sus terrenos y viviendas a causa de un adeudo millonario que arrastra la empresa que hace 25 años les vendió estos lotes.

María González, integrante del grupo de afectados acuso de fraude a la inmobiliaria Tamalcab que fue quien les vendió los lotes en la década de los años 90.

“Yo soy ejidataria y se cómo está todo esto y el que nos está perjudicando es Anselmo Murrieta y ahora Álvaro Alonso pero no reconocemos a Tamalcab, nosotros somos Nuevo Progreso y las familias de la colonia”, apuntó.

Los vecinos convocaron a una marcha de protesta para el próximo lunes 23 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana y el derrotero será en el Museo Maya para llegar al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado.

Los vecinos señalaron que entre las irregularidades que se han cometido por la inmobiliaria está que en ninguno de los juicios que se han promovido han podido acreditar ser dueños de los predios que les quieren cobrar o, en su caso, quitar a los 450 habitantes de la colonia Ampliación Nuevo Progreso, ya que en las investigaciones realizadas por un juez se ha dado fe de esta irregularidad.

En tanto el abogado, Héctor Pérez Rivero, quien fuera candidato a una diputación por el partido político MAS, salió “al quite” y anunció apoyo legal para los vecinos y para quienes están en riesgo de perder su patrimonio.

El abogado preciso que hay que intentar ejercer la prescripción positiva, o juicio de usucapión y que el terreno pase a su nombre sin tener que pagarle nada más a la Empresa Tamalcab.

Héctor Pérez Rivero preciso que este juicio es un procedimiento jurisdiccional que se tramita ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Chetumal; que consiste en el medio para adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las condiciones establecidas en la ley que no puede ser menor de 5 años cuando es de buena fe.