“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La hoy Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, antes Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha estado en entredicho desde los tiempos de Francisco Alor Quesada (+) en el 2011, respecto a sus funciones imparciales, transparentes y de impartición de justicia pronta y expedita, sin que a la Legislatura y gobernante en turno le importe mucho.
Antes de diciembre de 2018 todos los procuradores y fiscales eran políticos y abogados quintanarroenses; pero precisamente para nombrar a su cuate, Carlos Joaquín González, entonces gobernador de Quintana Roo, envió a la XV Legislatura una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para eliminar el requisito que exigía a los fiscales haber nacido en Quintana Roo para poder ser elegibles al cargo, es así como llega Oscar Montes de Oca Rosales.
No puedo omitir los escándalos de cada Procurador y a partir del 2016 de cada Fiscal. Por ejemplo, en el 2011 Alor Quesada no pudo con los casos como el del cantante “Kalimba”, la grupera Ana Bárbara, el productor estadunidense Bruce Beresford-Redman, la explosión del hotel Grand Princess Riviera Maya, casos que quedaron impunes y que constituyeron un escándalo internacional.
Otro de los que dejó la entonces Procuraduría General del Estado sumida en la incertidumbre, corrupción e impunidad fue Gaspar Armando García Torres, quien llegó el 14 de abril de 2011, nueve días después del inicio del gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016). Uno de los casos sonados en el 2013 fue el homicidio de Héctor Cacique Fernández, quien fue víctima de tortura por parte de la entonces Procuraduría; sin omitir que en el 2017 fue relacionado con el crimen organizado después de la detención de sus colaboradores Ángel Fernando T.C. y Guillermo A.V., con una prominente integrante de un grupo criminal en Cancún.
Después de Gaspar Armando, de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, fungió como Procurador uno de los personajes más oscuros de la política quintanarroense, Carlos Arturo Álvarez Escalera (hoy en un cargo de medio pelo en el DIF Estatal), quien fue nombrado dentro del llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la Legislatura para supuestamente proteger al exgobernador Roberto Borge Angulo ante eventuales investigaciones de malos manejos y desvíos de recursos.
Fue en el 2016 donde inicia el “parteaguas” de la Fiscalía del Estado, con la llegada del maestro Miguel Ángel Pech Cen, a quien el recién llegado gobernador Carlos Manuel Joaquín González, nombró como Fiscal, dado que deseaba hacer una diferencia de los gobiernos anteriores; pero no se cumplió, pues fue el propio Miguel Ángel Pech quien renunció por considerar que era imposible corregir una torcida y corrupta impartición de justicia en Quintana Roo. Atentó contra la libertad de expresión en el 2017, cuando ministeriales acorralaron a un ejecutivo de un diario, amenazándole e intimidándole, al investigar en Plataforma México, el vehículo en el que viajaban dichos tipos con placas UTP-982-B, Chevrolet Sonic, color blanco, modelo 2014, era una unidad a cargo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, bajo el mando del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
A Miguel Ángel Pech Cen lo sustituye Gustavo Salas Salgado a partir de 1 de octubre de 2018 y estuvo en el cargo hasta diciembre de ese mismo año cuando el Congreso nombró a Óscar Montes de Oca Rosales.
Un año después, Óscar Montes de Oca Rosales y sudirector de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, fueron responsables de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones. Para febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ya había incorporado a la dependencia a más de 200 empleados nuevos, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, a los que de manera local les apodaron “Los Chilangos”.
Es aquí donde empieza la historia de la procuración de justicia de Quintana Roo en mano de los “fuereños”, de quienes no tienen ningún arraigo genético, empresarial o de negocios en el Estado y quizá por ello, no les interesa hacerle daño a la imagen de la Entidad ente el mundo.
Pero quien supera y ha tenido tropiezos en su vida como político y servidor público, es el sustituto de Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar, quien, a un año y días de estar de manera oficial como Fiscal General del Estado (tres meses fue interino), tomó protesta el 19 de septiembre de 2024, ya tiene el control de la Seguridad Ciudadana en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum, por medio de sus recomendados, los bautizados en Puebla como “Los Chiapanecos”.
Su mandato, que se extenderá hasta el 2036 de acuerdo con las reformas hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quizá por ello, este grupo de “Los Chiapanecos” incrustados en la FGE, controlan el corredor turístico conocido como Cancún-Tulum, por medio de las secretarias de Seguridad Ciudadana.
Los Chiapanecos mandan desde Cancún a Tulum; en Benito Juárez (Cancún), Jaime Padilla Barrientos despacha como Secretario de Seguridad Ciudadana desde julio pasado; antes fue director de la Policía de Investigaciones; previamente fue director de Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y, antes de eso, jefe de grupo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; la constante es que en todos estos cargos ha estado subordinado al Fiscal Raciel López Salazar.
En Tulum, el también miembro del grupo de Raciel López, Édgar Aguilar Rico, originario de Chiapas, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; quien, de la mano de su mentor, inició su carrera en 2011 como jefe de la Unidad de Investigación Criminal en el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal. Más tarde fue Inspector General y titular de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, donde diseñó e implementó operativos de prevención, proximidad y control del delito. En 2016 asumió la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Tuxtla Gutiérrez, y luego la Dirección de Tránsito Municipal, también en la capital chiapaneca.
Pero el protegido mayor, es el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Alberto Montesinos García, quien hoy está en el “ojo del huracán” por su presunta responsabilidad en la muerte de la muerte del pescador Pablo Esteban de la Cruz Buenfil (+), en su primera versión, López Salazar dijo a través de su dependencia que el fallecimiento se debió a “traumatismo craneoencefálico” provocado por un golpe; horas después, con el propósito de proteger a su paisano e integrante de “Los Chiapanecos”, cambió la versión a que se debió a “asfixia por broncoaspiración”, omitiendo el traumatismo como una de las causas del deceso que arrojó el acta de la necropsia de ley.
Quiero anotar, que este grave tropiezo se da en menos de 24 horas, no por presiones de ningún tipo ni de ninguna autoridad, sino por la iniciativa de la FGE para tender un manto de impunidad y evadir responsabilidades del quien, a todas luces, cuenta con la protección de Raciel López Salazar. Ahí se las dejo…
SASCAB
Para los voceros(as) de los diferentes gobierno y órganos autónomos; sus cargos son temporales, pero la amistad y compañerismo es permanente. La manera en la que se conduzcan como funcionarios(as) públicos, es directamente proporcional a la amistad y el compañerismo que disfrutarán mañana. Recuerden que el salario que devengan es pagado con nuestros impuestos; el que nosotros devengamos, viene del esfuerzo realizado durante muchos años de trabajo y constancia. Al tiempo…

Chetumal, Quintana Roo, 25 de septiembre de 2025.— En un acto legislativo de gran trascendencia, la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional en materia de extorsión, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, diseñada para enfrentar uno de los delitos más lesivos para las familias mexicanas.

Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, Quintana Roo se posiciona como uno de los primeros estados en avalar esta reforma, que busca fortalecer el marco jurídico nacional para combatir la extorsión de manera eficaz. La iniciativa permitirá al Congreso de la Unión expedir la Ley General contra la Extorsión, lo que facilitará la persecución de este delito de oficio, la homologación de penas y agravantes en todo el país, y una mejor coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación.

Este paso legislativo representa un avance firme hacia la construcción de paz y seguridad en el estado, y responde al llamado ciudadano de frenar prácticas delictivas que vulneran la tranquilidad social. La aprobación de esta reforma marca un hito en la lucha contra la impunidad y refuerza el compromiso de las autoridades con la protección de las familias quintanarroenses.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias