Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 21 DE DICIEMBRE.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), asociación civil que se suma a las organizaciones indígenas y académicos que piden no hacer recortes al presupuesto para 2019, piden que la inversión debe reorientarse para apoyar a las comunidades que manejan los bosques.

Si bien, en los últimos siete años, las inversiones en subsidios ejercidos por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ascienden a 35 mil millones de pesos, dichos recursos no lograron reactivar al sector ni reducir la deforestación y degradación de los bosques y las selvas del país

La iniciativa de presupuesto para el sector forestal de Andrés Manuel López Obrador, plantea una reducción de 30 por ciento respecto a 2018; si el nuevo recorte se aprueba, se reducirán los recursos para programas de apoyo casi en 80 por ciento en los últimos tres años, pasando de cinco mil 178 millones de pesos en 2016, a mil 154 millones el próximo año.

Ante el escenario de recortes presupuestales en el sector ambiental y particularmente en Conafor, será fundamental invertir en bienes públicos y no en asignaciones directas que sólo generan dependencia de apoyos entre los posesionarios de los predios forestales, plantea el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Las inversiones en subsidios ejercidos por la dependencia en los últimos seis años ascienden a 35 mil millones de pesos, más que en cualquier otra administración federal; sin embargo, esos recursos no lograron reactivar al sector ni reducir la deforestación y degradación de los bosques y selvas del país.

La política forestal perdió el rumbo: su operación de 2010 a 2017 se basó en un esquema poco efectivo de transferencia de subsidios, enfocados a la conservación pasiva. Les compartimos este análisis, que también plantea propuestas para la nueva @CONAFOR:https://t.co/XiGekfgGkG pic.twitter.com/ElSy7raLsX

— Consejo Civil (@CCMSSAC) December 18, 2018

El CCMSS indica que el sector forestal requiere de un cambio de enfoque para privilegiar el desarrollo de capacidades productivas, de mercados e inversiones en bienes públicos como investigación y desarrollo, y transferencia de tecnología para que los productores forestales, especialmente las empresas, avancen y mejoren sus condiciones de vida.

De acuerdo con Subsidios forestales sin rumbo. Apuntes para una política en favor de las comunidades y sus bosques, estudio del Consejo Civil Mexicano en el que se hace una revisión a la Conafor en el periodo 2010-2017, “la principal respuesta de Conafor a la multiplicidad de problemas en territorios forestales ha estado ampliamente sesgada”.

La asociación civil se dedicó “a distribuir subsidios ineficaces, enfocados prioritariamente a la conservación pasiva y sin el acompañamiento de acciones efectivas que atiendan el complejo mosaico de variables sociales, ambientales, normativas, técnicas, políticas y comerciales que repercuten en el desarrollo forestal sustentable”.

A pesar de que la Conafor destinó 46 por ciento de los recursos ejercidos en esos siete años a actividades de reforestación, restauración y conservación, y otro 26 al Programa de Pago por Servicios Ambientales,

Empero, no se logró reducir la tasa de deforestación en el país, ya que, de acuerdo con datos de la organización internacional Global Forest Watch, en 2012 se perdieron 160 mil hectáreas de superficie arbolada y durante 2017 la pérdida de cobertura forestal ascendió a 299 mil hectáreas.

“Para hacer frente a un recorte presupuestal y propiciar la reactivación productiva sostenible, y así garantizar la conservación activa de los bosques y selvas del país, “se debe reducir la compleja y costosa carga regulatoria para realizar actividades forestales”.

“Es tiempo de redirigir los esfuerzos de la Conafor a un enfoque asistencial de reparto de subsidios, a impulsar acciones para el desarrollo integral de las regiones forestales, que empodere comunidades y fortalezca sus capacidades para la gestión colectiva y sustentable y les permita mejorar sus condiciones de vida”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil.