Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 20 DE SEPTIEMBRE.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios capítulo Cancún, Taydé Favila Soriano, consideró que la magistrada rebasó su función al suspender la publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Benito Juárez, al ser un documento que aún no existe, asimismo desestimó las condiciones de los ambientalistas.

“No ha nacido el proyecto y ya lo abortó; puede suspender el proyecto cuando ya se haya publicado, pero no es el caso; o sea, aún está en proceso, es un tema jurídico que habría que analizarse porque está suspendido algo que aún no existe”.

En este sentido la empresaria llamó al diálogo para evitar la pérdida de un año de desarrollo. Pode a ma magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Isabel Cecilia González Glennie, reconsiderar la postura de su resolución porque “va contra el bien común, que es la base de la justicia, por eso la invitamos a una mesa de diálogo donde estén abiertas la mente y la conciencia”.

Explicó que en la reunión del jueves con sus socios se demostró, tras deplegar el PDU en pantallas, que las supermanzanas céntricas (2, 2A, 3, 4) quedaron como lotes unifamiliares y que el Ombligo Verde quedó como zona recreativa.

“También desmentimos a las ambientalistas porque sí hubo consulta pública –del viernes 10 al lunes 20 de agosto, 10 días para ratificar que la zona está dentro de un centro urbano y no es un área ambiental– para que cualquier ciudadano hiciera sus observaciones, pero no se vale que no participan o llegan tarde y como no lo vieron, ahora me amparo.”

Recordó que los mismos inconformes están pidiendo lo mismo a la autoridad municipal para llegar a acuerdos; nosotros exhortamos a hacer lo mismo “para ver lo que nosotros quizá no vemos y ellos sí (…) porque el daño que se pretenden hacer sería un retroceso de un año de trabajo, de presupuesto y de proyectos e infraestructura”.

¿Conflicto de interés?

En su momento, en diciembre pasado, no pocos medios señalaron que la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa fue una mera simulación y los cargos se repartieron para allegados panistas, perredistas y del gobierno estatal.

En el caso de la abogada Isabel Cecilia González Glennie fue, en su momento, apoderada legal del movimiento Salvemos Manglar Tajamar, la misma agrupación que encabeza Araceli Domínguez Ramírez, la principal detractora del Programa de Desarrollo Urbano.

También es madre de uno de los 113 niños por los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo definitivo en el caso de  Malecón Tajamar al considerar que los pequeños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Hasta antes de su designación, la jurista se desempeñaba como gerente jurídico de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), a cargo de la ex alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Concepción Ricalde Magaña.

En tanto, Alfredo Cuéllar Labarthe, quien apoyó el proyecto de resolución de González Glennie, es abogado de la empresa de cajas de seguridad First National Security, que recientemente fue objeto de un aseguramiento de decenas de cofres por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación sobre lavado de dinero.

Las relaciones políticas del leguleyo tienen vínculos con Naín Díaz Medina, asesor de cabecera del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, lo que le valió obtener la Notaría Número 37 de Cancún, de la cual fue auxiliar Cuéllar Labarthe.