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Nuevo fiscal podrá ser cesado; iniciativa de ley

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CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE SEPTIEMBRE.- El Presidente de México podrá remover al fiscal general de la República si considera que éste ha atacado a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano y federal, o tolera, consiente o apoya violaciones graves a los derechos humanos.

Sólo el Senado podrá objetar esta decisión. Así lo especifica el proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que será presentada por Morena ante el Senado.

El fiscal tendrá un año para definir la estrategia de transición de PGR a fiscalía que incluya un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales y los casos pendientes.

El proyecto, del cual Excélsior posee una copia, especifica que el titular deberá elaborar un Plan de Persecución Penal y si incumple los objetivos podrá ser removido del cargo, para lo cual “el Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción. El Senado propondrá si objeta o no esta remoción”.

La propuesta destaca que aparte de ser abogado, mexicano y no haber sido condenado por delito doloso, el fiscal deberá contar con buena reputación, definida por la calidad profesional relevante y por la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

El documento fue elaborado por los diputados federales Zoé Robledo y Tatiana Clouthier, en conjunto con el exfiscal Santiago Nieto y organizaciones civiles.

 

Fiscal podría ser despedido

Morena prepara iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El Fiscal General de la República será removido si ataca a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal, incluso cuando participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos; la separación del cargo correrá a cargo del Presidente y sólo el Senado podrá objetar la decisión, así lo detalla la iniciativa que Morena presentará con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y organizaciones civiles.

Por parte del equipo del presidente electo, la iniciativa de la Ley de la Fiscalía General de la República la trabajan los diputados federales Zoé Robledo y Tatiana Clouthier, así como el exfiscal electoral, Santiago Nieto, quienes se han reunido con organizaciones civiles para afinar la propuesta que será presentada por Morena en el Senado.

De acuerdo con el borrador de la iniciativa, cuya copia posee Excélsior, el Fiscal General tendrá hasta un año después de su nombramiento para elaborar un Plan de Persecución Penal que deberá seguir durante sus nueve años en el cargo; en caso de incumplir con sus objetivos, el Fiscal podrá ser removido de sus funciones.

Incluso, el Presidente le podrá quitar el cargo cuando cometa cualquier violación a la Constitución que motive algún trastorno ilícito de forma en el funcionamiento normal de las instituciones.

“El Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción del Fiscal General e informarla al Senado de la República mediante un escrito. El Senado propondrá si objeta o no la remoción”, establece el documento.

La propuesta destaca que aparte de ser abogado, mexicano y no haber sido condenado por delito doloso, el Fiscal deberá contar con buena reputación, la cual se calificará en base a dos elementos: uno objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante y trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y otro subjetivo que hace referencia a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

 

PLAN DE TRANSICIÓN

De acuerdo con los artículos transitorios que se plantean en la propuesta, a partir de su nombramiento, el Fiscal General de la República tendrá un año como máximo para definir una estrategia de transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General.

La estrategia deberá partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales; casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para elaborar un Plan Estratégico de Transición.

Dicho plan tendrá seis vertientes mínimas, la primera es un mapeo y análisis de los fenómenos criminales que se perseguirán, así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal.

La segunda es la definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores que consideren tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales, estatales, regionales o geográficas.

En tercer lugar, deberá concretar la estrategia respecto al personal en activo y al reclutamiento de talentos, que incluya esquemas de retiro y liquidación para los trabajadores que no sean incluidos en la transición de la PGR a la Fiscalía.

Como cuarto punto deberá tener una estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa.

Un punto destacado es la creación de una estrategia de liquidación de casos que incluya el inventario de casos en trámite, su situación jurídica tanto en el sistema inquisitivo mixto como acusatorio, así como la identificación de casos de alto impacto social y de violaciones graves a los derechos humanos.

“Esta estrategia identificará los casos pendientes de resolución relacionados con las violaciones graves de derechos humanos o corrupción”. Habrá una Unidad de Transición que determinará la forma de atención y trámite de todos estos casos hasta su conclusión.

Por último, el plan deberá contener una estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Será el Fiscal el que defina el plazo para la implementación del plan, para lo cual deberá integrar la Unidad de Transición que “estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos”.

 

Crearán comité para Ley Orgánica

El Senado decidió la integración de un comité plural para el análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será presentada por el grupo parlamentario de Morena, con base en la propuesta que trabajó el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador con un grupo de organizaciones sociales y especialistas.

Ricardo Monreal, inminente presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que este Comité discutirá los términos del proyecto de dictamen que se generen a partir de la presentación de la iniciativa, a fin de que cuando se instalen las comisiones respectivas, como son Justicia y Estudios Legislativos, el trabajo ya esté avanzado y se apruebe a la mayor brevedad.

La nueva Ley Orgánica ha sido trabajada de manera intensa entre el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por Zoé Robledo, y Tatiana Clouthier, ambos diputados federales y el grupo de académicos y organizaciones sociales que han dedicado sus actividades al tema de la procuración de justicia.

Fuente Excélsior

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Claudia Sheinbaum presenta a los integrantes del Comité Evaluador del Poder Ejecutivo

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CDMX.-La Presidencia de la República dio a conocer que entre los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se encuentra el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual funcionario de la administración pública, Arturo Zaldívar.

Asimismo se encuentra, Javier Quijano Baz, el exabogado del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y quien le brindó su ayuda durante la transición de Gobierno cuando ganó en las pasadas elecciones presidenciales del 2018.

Integrarán el Comité de Evaluación 3 mujeres y 2 hombres, los cuales son los siguientes: Mary Cruz Cortés Ornelas; Javier Quijano Baz; Vanessa Romero Rocha; Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, actual coordinador General de Política y Gobierno del Gobierno de la República.
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El comité tiene como objetivo la elaboración de las listas de las personas que participarán en la elección del 2025 de ministras y ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del PoderJudicial de la Federación.

Durante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación se indica que el comité es el órgano encargado de llevar a cabo la revisión de los expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Y que los seleccionados por su “destacada” actuación en distintas ramas del derecho en diferentes estados de la República, y que para su selección “se tuvo en cuenta primordialmente sus antecedentes de profesionalismo y honestidad lo que garantiza la objetividad e imparcialidad en el delicado proceso que se les encomienda”.

¿Quién es Mary Cruz Cortés Ornelas?
Mary Cruz Cortés Ornelas es abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala, vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, entre otros.

¿Quién es Javier Quijano Baz?
Javier Quijano Baz es abogado con maestría y doctorado en derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales, abogado postulante, fungió como constituyente de la Ciudad de México, premio nacional de jurisprudencia 2022, entre otros reconocimientos.

¿Quién es Vanessa Romero Rocha?

Vanessa Romero Rocha, abogada, con dos maestrías en diferentes ramas del derecho, con experiencia en cultura de paz, inclusión, género, derechos de la niñez y protocolos facultativos, es columnista y colaboradora de medios de comunicación nacionales e internacionales.

¿Quién es Isabel Inés Romero Cruz?
Isabel Inés Romero Cruz, licenciada en derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, jueza de primera instancia en diversos juzgados del Estado de Veracruz desde 1973.

¿Quién es Arturo Zaldívar Lelo de Larrea?

Y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea es abogado, con maestría y doctorado en Derecho, se ha destacado como académico y servidor público. En el año 2009, fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia en donde se desempeñó como presidente de enero de 2019 hasta diciembre de 2022.

El Comité emitirá sus reglas de operación y funcionamiento, lo que garantiza su independencia e imparcialidad. Gozará de plena autonomía para su organización interna y llores determinaciones, y contará con el apoyo para la realización de sus fines, y se extinguirá una vez cumplidos los mismos.

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!Se va¡ Norma Piña presenta su renuncia al Senado de la República

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CDMX.- Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 7 ministros notificaron su renuncia al Senado de la República, informó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, a través de su cuenta oficial de X.

“Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la @SCJN”.

Se trata de Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcantara, Javier Laynez y Luis María Aguilar.

A Luis María Aguilar solo le quedaba un mes como integrante de la Suprema Corte, ya que su periodo concluía el próximo 30 de noviembre.

En tanto, al ministro Javier Laynez Potisek y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, próximamente hubiesen cumplido 9 años en el cargo.

Esto dice la carta de renuncia del ministro Javier Laynez

El ministro Javier Laynez Potisek se sumó este miércoles a la lista de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunciaron a su cargo derivado de la reforma al Poder Judicial.

En una carta enviada al Senado, Javier Laynez anunció que tampoco participará como candidato a ministro en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de junio del 2025.

“En consecuencia,tal como lo exige el párrafo segundo del artículo séptimo transitorio de la reforma citada, presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se lee en su carta.

Noroña ‘hace lo suyo’ y politiza renuncias de ministros de la Suprema Corte

El morenista politizó el hecho, pues por el mismo medio reclamó que hubo quienes escribieron de manera incorrecta su nombre.

“A excepción de los Ministros de la @SCJN Alberto Pérez Dayán y de José Luis González Alcántara Carrancá, les voy a decir, escriban mi nombre, bellacos”, expresó haciendo uso del calificativo que la senadora panista Lilly Téllez usó en su contra.

Fernández Noroña ha amagado con reservarse el derecho de admisión de las renuncias de los magistrados, a fin de que se vayan, pero sin la liquidación que les corresponde.

La Constitución establece que los ministros sólo podrán renunciar por causas graves, y las renuncias deben ser aprobadas por la mayoría de los presentes de la Cámara alta.

La reforma judicial estableció que los ministros actuales podrían renunciar, y gozar de su haber de retiro.

El presidente del Senado también informó que será hasta mañana cuando se tome protesta a los integrantes del Comité de Evaluación del Legislativo, que depurará los candidatos a la elección judicial que proponga este poder.

Fuente: El Financiero

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