EN LA OPINIÓN DE:
REFORMAN LEY ORGÁNICA JUDICIAL EN 4 HORAS: OBSERVATORIO LEGISLATIVO
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Una iniciativa que contiene 219 páginas con 12 títulos y 261 artículos, observa el organismo ciudadano en su boletín 277.
En su boletín 277 que circula a partir de este 19 de agosto, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo destaca la rapidez con la que la 18ª Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de la Universidad del Poder Judicial, misma que ingresó a través de la Comisión Permanente, fue turnada a Comisiones al día siguiente, mismo día en que se analizó y fue aprobada en el pleno en un lapso de escasas cuatro horas.
Fue una práctica legislativa fast track, similar a la reforma constitucional en la materia. El documento señala que en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria revisaron el proyecto de decreto de la ley orgánica del poder judicial; en la agenda se observa que tuvieron cuando mucho cuatro horas para hacerlo.
Una iniciativa que contiene 219 páginas con 12 títulos y 261 artículos y una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Judicial del Poder Judicial y 27 artículos transitorios, contrasta el análisis. Esta reforma fue aprobada por la fuerza hegemónica de la 18ª Legislatura, con la oposición del PAN y MC.
El objetivo de esta iniciativa, continúa, es la actualización normativa secundaria de los cambios a la Constitución federal y su propósito es el fortalecimiento de su función jurisdiccional y actualización del marco normativo acorde a los cambios constitucionales estatales, se contextualiza.
El documento establece que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y en los juzgados y tribunales.
Son auxiliares de la impartición de justicia el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público, los notarios públicos y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Se ratifica que las sesiones del TSJ deberán ser públicas. La persona titular de la Presidencia del TSJ será electa por mayoría de votos en la primera sesión del pleno que se celebra en el mes de agosto del año correspondiente e iniciará funciones el 1° de septiembre.
Por otro lado, se observa que el Tribunal de Disciplina Judicial será competente para la investigación y resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas, así como la evaluación del desempeño no sólo de las personas magistradas y juzgadoras, sino también de los servidores del Poder Judicial, lo cual fue criticado en tribuna por el diputado José Luis Pech de Movimiento Ciudadano.
Un tema relevante, destaca el documento, es el Órgano de Administración Judicial que contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y capacitación del Poder Judicial, el cual se integrará por un representante designado por la persona titular del Poder Ejecutivo, otro por la Legislatura estatal y uno más por el pleno del TSJ.
“Esta norma refleja el abandono constitucional de la separación e independencia de poderes del Estado. Este mismo concepto está en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” aclara el documento.
PÁGINA INTERNET Y BOLETIN JUDICIAL
En materia de transparencia, el artículo 249 establece crear el Boletín Judicial que ese será el medio oficial de publicación para dar publicidad a los actos jurisdiccionales y administrativos. En este boletín deberá publicarse la lista de acuerdos, resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales; disposiciones de carácter general: circulares de acuerdos edictos y demás formas de comunicación procesal, estará a cargo de un órgano que designe el órgano judicial quien será responsable de su publicación en días hábiles, conforme a lineamientos que se establezcan.
También se señala en el artículo 251 que contará con una página de Internet como medio oficial de comunicación pública que permita garantizar el acceso digital de los servicios jurisdiccionales administrativos.
Un título que deberá ser importante darle seguimiento, explica, es el que incorpora la Justicia Digital, como el conjunto de disposiciones normativas procedimientos tecnologías e instrumentos digitales que garanticen el acceso efectivo, transparente y seguro a la función jurisdiccional, que comprende el uso de medios electrónicos para la ejecución de actuaciones judiciales y administrativas tales como expedientes, tramitación de asuntos, celebración de audiencias, emisión de resoluciones; la interoperabilidad entre instituciones el Poder Judicial podrá implementar progresivamente estos mecanismos de justicia digital. No establece periodos para su ejecución.
El documento concluye diciendo que para la implementación de estas reformas no se tiene una afectación presupuestal, lo que se puede entender, se ajustarán al presupuesto actual y que las mejoras se propondrán en el presupuesto para el año 2026. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

EN LA OPINIÓN DE:
OFERTAS PUBLICITARIAS DE MEDIOS DE COMUNICACION
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Al margen de las críticas banales, que si le queda bien o mal el color del vestido, que su marido es gordo chaparrito o alto; que si se le corrió el labial, que ya se puso bótox, que se hizo el balón gástrico, entre otras muchas “críticas” que realizan algunos medios contra las alcaldesas que no entran al juego del convenio; el trabajo que debemos realizar los periodistas es “revelar aquello que no quiere ser revelado” en el actuar de la vida pública de quien ostenta un cargo de elección popular, designación dentro de un puesto de la estructura administrativa o todo aquel que tenga que ver con el uso de recursos públicos.
Eso sí, nuestro deber como prestadores de un servicio, es hacer la oferta del producto que maquilamos, pero no podemos obligar al servidor público a que nos compre, es simple, cuando va al mercado (supermercado) a usted no le obligan a que tome determinada marca de jabón, están ahí, en la estantería a la vista de todos; es el cliente que decide quedarse con determinados productos, ni el gerente, ni la cajera, ni el empleado de la tienda le obligan a tomarlo, eso se llama libertad y nadie en su sano juicio acepta imposiciones al comprar.
Lo mismo sucede con la publicidad que ofertamos los medios de comunicación; lastimosamente algunos gerentes de medios no entienden esta libertad del cliente para decidir con quien si quiere anunciarse o con quien no; a quien le da convenio (por las razones que sea) y a quién no. ¿Qué es lo cuestionable? Que ese recurso público sea utilizado para alabanza de la persona y no para la promoción de obras públicas o de beneficio social; así como el exceso del gasto cuando hay otras prioridades en el Municipio, Estado o País.
No olvidemos que vivimos en un mundo capitalista, con su ley de “oferta y demanda”, con la posibilidad del retorno de capitales (al buen entendedor, pocas palabras), donde no tenemos que enojarnos porque no quieran comprar nuestros productos (o darnos convenios); el cliente, en este caso el servidor público, tiene toda la libertad para decidir a quién si y a quien no le compra publicidad; de lo que sí estoy muy seguro es que a algunos nos gustan los productos de calidad, que nos sean funcionales y otras, lamentablemente se conforman con lo corriente, lo poco efectivo y lo vulgar.
Hago una observación, algunos voceros(as) no tienen la educación de contestar las propuestas publicitarias que presentan los medios de comunicación, algunos solo dejan en visto a quien ofrece el servicio; pero lo más grave es la mentira con la que manejan las oficinas de comunicación social, pues dan la promesa que sì les interesa trabajar con tal o cual medio, pero que les aguantes unos meses, aplican “la aburridora” o dan esperanza al “patear la lata” hasta el final del trienio o sexenio. Ahí se las dejo…
SASCAB
Puerto Morelos cumplió 10 años de haber sido nominado como el onceavo municipio de Quintana Roo, aunque ya ha pasado tres procesos electorales, solo dos mujeres tienen el privilegio de haber gobernado en este periodo: Laura Lynn Fernández Piña con dos periodos (2016-2018 y 2018-2021) y Blanca Merari Tziu Muñoz (2021-2024 y 2024-2027).
En número redondos, en el 2016 el Municipio ejerció un presupuesto de más de 400 millones de pesos; hoy, a diez años de su creación, su presupuesto es de 828.4 millones de pesos, es decir, un 100 por ciento más de lo ejercido en el pasado.
Esto quiere decir, que Puerto Morelos no pende de las participaciones federales y estatales como los municipios de la zona maya, sino que tiene una recaudación propia por impuestos, derechos y aprovechamientos que entran directamente a las arcas del Municipio.
La observancia es que ni Tulum, ni Bacalar han tenido un crecimiento tan sostenido y rápido como en el caso de Puerto Morelos. Al paso que va, para el próximo trienio a quien le toque gobernar podría ejercer un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos. Al tiempo…

EN LA OPINIÓN DE:
DE LOS MONROE, PREFIERO A MARILYN.
“EN LA OPINIÓN DE”
Dr. Hugo Alday Nieto
Inicio este artículo con una frase de Shakespeare citada por Andrés Rosler en su obra “La ley es la Ley” y que de manera muy sencilla ejemplifica la realidad que estamos viviendo en México y el mundo, estableciendo un sistema de debilitamiento del derecho para generar líderes populistas que nos llevan poco a poco al caos.
“Cade.- Todos comerán y beberán a mi cuenta,
y voy a vestir los a todos ellos con un uniforme
para que puedan estar de acuerdo como hermanos
y adorarme como su señor.
Dick.- La primera cosa que hacemos, matemos a todos los abogados.”
Después de un efervescente fin de semana en el que Donald Trump sin permiso de su Congreso y pasando por sobre todas las reglas jurídicas internacionales de convivencia política y soberana de los países, para “intervenir” o mejor dicho “invadir” a Venezuela para llevarse detenido sin juicio y violentando la inviolabilidad del domicilio de quien hasta entonces se ostentaba como presidente de esa nación, supuestamente por acciones de narcotráfico y terrorismo contra Estados Unidos. He sido muy cauto en escuchar, a veces con sorna y a veces con asco, a quienes por un lado defienden una supuesta democracia venezolana y a quienes aplauden y piden que eso mismo pase en México. Versiones, ambas, para mi criterio absurdas vistas desde el derecho.
James Monroe impuso la doctrina que lleva su apellido como una herramienta precisamente anticolonialista, para evitar que los imperios, es decir, el Reino Unido quisiera reclamar lo que consideraban como suyo, es decir, Estados Unidos. Bajo el lema de “américa para los americanos”, buscaban evitar a toda costa que los europeos se apoderaran nuevamente de su país en específico. Es decir, la cosa no nació tan mal. Sin embargo, bajo una re-interpretación de esa doctrina (siempre he sostenido que la interpretación ideológica del derecho es el origen de todos los fracasos) se adjudicaron la potestad de transformarse ellos en colonizadores, en ser los europeos de américa latina generando países bananeros, como ellos mismos decían que éramos los que vivimos en su “traspatio”.
Gracias a esa re-interpretación de la doctrina Monroe, tuvimos escenarios lamentables en Chile, Cuba, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Guatemala, Haití, República Dominicana, y en México, en donde la intervención de esa nación es anterior incluso a las reinterpretaciones de dicha doctrina y data de la primera elección del México independiente en 1828 en donde ganó el general Pedraza y por presiones de Joel R. Poinsett, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, terminó siendo presidente Vicente Guerrero (Léase H. Alday, Las elecciones federales de 1828, Revista Concordancias, IIJ UNAM).
Sin embargo, hoy en día lo que estamos viviendo no tiene relación con los hechos del pasado, ya que no podemos comparar a los imperios colonizadores de entonces con el mundo en el S. XXI. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando un país con base en un derecho interno trasgrede el espacio y el derecho internacional para ejecutar ordenes extraterritoriales en otra soberanía. Roma antes de Cristo, después de la segunda guerra púnica, “intervino” a Cártago por medio de Publio Cornelio Escipión para quedarse con el comercio marítimo del “Mare Nostrum”, y lo hizo con el mismo fundamento de su derecho interno, pero hoy en día no existe rastro de Cártago en el mapa después de esa legal “intervención” (ver D. Durham, Anibal, el orgullo de Cártago, ed. B). Pero en ese momento no existía el derecho internacional ni los compromisos multilaterales de respeto a las soberanías o el principio de inviolabilidad de los domicilios que hoy tenemos. Trump no es Escipión. Estados Unidos no es Roma. 2026 no es el S. I a C., aunque así lo parezca.
Hoy lo que debe preocuparnos y ocuparnos a todos es retomar el derecho rígido y fortalecerlo desde lo interno, porque absolutamente todos los países hemos sido culpables de esta violación flagrante al derecho internacional e incluso a su propio derecho al ignorar a su congreso. Y esa corresponsabilidad es clara desde el momento en el que los ejecutivos de los países comenzaron a ser más importantes que la Ley, a tener dotes populistas y mesiánicos (ver S. Levitsky, Cómo mueren las democracias, Ed. Lecturandia).
Es precisamente el establecimiento de gobiernos populistas el que debilita al derecho como ha pasado en Rusia con Ucrania, en Palestina e Israel, en Estados Unidos y Venezuela en lo interno con Maduro y Trump, que han pasado por encima de la Ley hasta llegar a lo que estamos viviendo nuevamente en este continente. Ese adelgazamiento del derecho por parte de figuras mesiánicas es lo que nos ha llevado a la falta real de un estado de derecho en el que incluso, en México, hemos visto que los juicios se dirimen en Facebook sin fundamento legal alguno si se trata de un contrario político de quien lleva las riendas.
Hoy más que nunca debemos retomar el derecho positivo y descarnarlo de cualquier ideología política para volverlo a su estado natural coneptual y a-moral, ya que de mantenernos en esta línea seguiremos dañando a las instituciones jurídicas y repercutiendo en detrimento de los estados nación por los que tanta tinta gastó Thomas Hobbes.
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