“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• La mayor parte de ingresos, 37.7%, lo destinan a alimentos y bebidas; el 19.5% a transporte y servicios de internet; a educación apenas 9.6%.

Las familias mexicanas gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentación y bebidas con el 37.7%; en segundo mayor gasto es para transporte, telefonía y servicios de internet con 19.5%; mientras que para educación el gasto es apenas del 9.6%.

Al respecto, se observa el “dato preocupante que uno de los elementos para que pueda salir adelante una sociedad deberían destinar los hogares es a la educación; y no solamente es el menor porcentaje lo que observamos, sino que su tendencia ha venido disminuyendo de manera preocupante en las últimas encuestas”, sostiene el Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

De acuerdo con el boletín número 276 que circula a partir de este 13 de agosto, en 2024 cada hogar tuvo un ingreso corriente promedio mensual de 25,955 pesos, esto representa, comparativamente con la encuesta realizada en el año 2022, un incremento del 10.6%, lo cual son buenas noticias de manera general.

La encuesta divide a la población en 10 sectores o deciles, del uno al 10 siendo el primer decil el de la población con ingresos más bajos y el 10º de los ingresos más altos.

En el primero el ingreso promedio mensual es de 5,598 pesos y en el 10º, el más alto de 78,698 pesos. Si revisamos las tendencias del 2016 al 2024, en el año 2016 la diferencia fue de 21 veces más el ingreso más alto en comparación del más bajo, mientras que al año 2024 se redujo esa diferencia a 14 veces entre ambos extremos, lo cual indica que se está avanzó en este periodo.

En cuanto a las fuentes de ingresos registrados, la encuesta del Inegi informa que el 65.6% proviene de sueldos y salarios, es decir del trabajo; un 17% por transferencias que bien pueden ser de pensiones por jubilación, donativos o por los programas del bienestar, observamos que si bien han influido en los ingresos los programas del bienestar, el crecimiento importante en los ingresos de los hogares es producto del trabajo.

El Observatorio destaca lo anterior, considerando que debe considerarse en la elaboración de las políticas públicas, ya que si bien las los programas sociales proporcionan recursos que se destina al consumo directamente y eso ayuda al economía, su impacto a largo plazo en las finanzas públicas es muy importante, ya que al destinarse una gran cantidad de recursos públicos al consumo y al gasto, se reducen los recursos destinados a la inversión que son los que generan la capacidad productiva para generar más riqueza y distribuirla.

Referente al análisis regional de los ingresos en las familias, se observa que el Estado de Nuevo León es el que tuvo un mayor incremento del 2024 respecto al 2020 ya que tuvo un crecimiento en sus ingresos promedio mensuales de un 23%.

El estado de Quintana Roo, al igual que las Ciudad de México, tuvo un incremento del 12%, mientras que el vecino Yucatán un 14% promedio mensual. Algo sumamente preocupante, el estado de Chiapas tuvo decremento en sus ingresos promedio mensuales de un 7% lo cual enciende una zona de riesgo para su desarrollo y bienestar.

Es por ello importante que “tengamos esta revisión de los indicadores económicos y sociales para entender los efectos y consecuencias en otros factores sociales como los de la seguridad y el desarrollo económico”, concluye el análisis del Observatorio.
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“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

Hasta el sexenio pasado, si no mal recuerdo, se mantuvo la vigencia de una maravillosa legislación creada desde el mes de abril de 1917 por el mismísimo Venustiano Carranza, en el contexto de la Revolución Mexicana y la redacción de la Constitución de 1917, a la que se le denominó Ley de Delitos de Imprenta.
En ese entonces su objetivo era el de ejercer la libertad de expresión mediante la imprenta, estableciendo límites específicos para proteger la moral, el orden público y la vida privada, estableciendo prohibiciones como expresiones maliciosas; manifestaciones que expongan a una persona al odio, desprecio o ridículo; informes falsos; reportajes o relatos que alteren hechos con el propósito de dañar a una persona; publicaciones ofensivas que degraden la dignidad de una persona, entre otras.

Está norma tuvo una vigencia inamovible de casi cien años, ya que fue hasta el año 2011, con la gran reforma constitucional de derechos humanos donde se incluye en el derecho positivo mexicano el derecho a la protección de datos personales y a la vida privada como límites a la libertad de expresión, trastocando los cimientos de la esta ley federal de 1917.

Sin embargo fue hasta el año 2023 cuando el Congreso de la Unión abrogó la Ley de Delitos de Imprenta por considerarla incompatible con los estándares modernos de libertad de expresión siendo considerada por el legislador moderno, generalmente caracterizado por su profundo desconocimiento del derecho como una Ley preconstitucional y obsoleta, por lo que en lugar de actualizarla, determinaron que era mejor abrogarla y desaparece una Ley que duró vigente y manteniendo un orden entre la vida pública y privada de los funcionarios públicos desde 1917 y hasta 2023.

Las normas subsecuentes y reformas realizadas para sustituir la Ley de Delitos de Imprenta de Venustiano Carranza, han resultado catastróficas, ya que, como hemos dado cuenta todos los mexicanos en las redes sociales de este país, hemos visto a un presidente del Senado de México obligar a un abogado a pedirle disculpas públicas como si se tratase de un ofendido monarca de los reinos más teocráticos, en donde atentar contra el rey era atentar contra Dios; o como recientemente sucedió con una diputada con una sentencia de 30 días de disculpas públicas, en donde para sus malas fortunas, las sendas reformas que sustituyeron a la Ley de Delitos de Imprenta, han operado totalmente en contra de los políticos que a su favor, ya que la naturaleza de esas reformas es meramente proteger al gobernante.
Y estos políticos de piel muy delgada no se han quedado allí, ya que el fiscal Gertz Manero ha demandado por daño moral a académicos por publicar estudios respecto de su, hasta hora nulo proceder. Adán Augusto López desde la secretaría de Gobernación también tuvo lo suyo durante la designación de funcionarios del INAI. El exgobernador Jaime Bonilla en Baja California tuvo sendas demandas contra medios por hablar mal de su transparente gestión. Ricardo Monreal quien utiliza la amenaza de juicio político contra todo aquel que le lleve la contraria hasta en la UNAM; y de la misma escuela, pero con más bótox ambos, Layda Sansores de Morena y Alejandro Moreno del PRI, que han demandado en diversas ocasiones a medios por haber publicado y documentado su desaseado paso por el estado de Campeche.
Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el contenido de aquella Ley de 1917 creada por verdaderos juristas y legisladores comprometidos con México y con el respeto al estado de derecho, y compararlos con la mala calidad jurídica de las leyes que un puñado de políticos de cristal construyen para protegerse a sí mismos, sin recordar que su función principal como legisladores es la de crear un marco legal sólido que facilite el desenvolvimiento de los ciudadanos ante el Estado y ante ellos mismos.
Pareciera que esta generación de políticos de cristal, además de su escasa preparación profesional ha resultado con la piel muy delgada para un México que sigue siendo igual de reaccionario que aquel que llevó a Carranza a promulgar la Ley de Delitos de Imprenta de 1917.