“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• “Lo que no entendieron en ese momento es que no sólo se movieron símbolos de piedra y metal, sino que se lastimó la esencia de lo que somos como pueblo”: Georgina Marzuca.
• “Debemos aprender a no tomar decisiones sin escuchar a la gente”: Cristina Torres.

Sin expresar disculpas públicas -que era lo menos que podían hacer- y con la arrogancia incrustada en un discurso que pasó de la resistencia contra la exigencia ciudadana a tratar de vender: “pueblo y gobierno de la mano”, la 18ª Legislatura convocó a una ceremonia para cumplir con el mandato judicial federal de restituir como estaba originalmente la estatua de Don Andrés Quintana Roo y la plaza cívica del Congreso del Estado, que había sido arrancada para construir un restaurante concesionado.

En nombre de la veintena de organizaciones civiles que impulsaron un movimiento social y jurídico en contra de la decisión destructora de la 17ª Legislatura, Georgina Marzuca Fuentes, presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, expresó:

EL CUSTODIO VULNERÓ EL LEGADO
“Lo que no entendieron en ese momento, es que no sólo se movieron símbolos de piedra y metal, sino que se lastimó la esencia de lo que somos como pueblo: se vulneró el legado que resguarda nuestra memoria histórica y cultural, legado que, por decreto, se encontraba bajo custodia de esa misma institución”.

A diferencia de Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Jugocopo, quien se negaba hasta que el Poder Judicial federal lo obligó a enmendar el agravio perpetrado por Humberto Aldana Navarro y Jissel Castro Marcial, sus antecesores morenistas de la 17ª Legislatura, Georgina Marzuca expresó:

“La restitución de estos símbolos no es el triunfo de unos cuantos, y tampoco es un regalo. Pero sí es la demostración de que los ciudadanos organizados podemos y debemos participar en las decisiones que nos afectan de una u otra forma, y es la constatación de que el pueblo y sus instituciones pueden trabajar en conjunto, salvar sus diferencias y entregar buenos resultados”.

CELEBRACIÓN NO, REFLEXIÓN SÍ
En nombre de la sociedad agraviada, sin embargo, asumió un lenguaje respetuoso, a la altura de las circunstancias, en contraste con la forma con la que se restituyó la plaza cívica:

“Por ello, este día no debe entenderse como un día de celebración. Es un día de reflexión profunda, sobre la importancia de mantenernos unidos y firmes en la defensa de lo que nos pertenece como sociedad: nuestra historia, nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, libre de colores partidistas y de intereses circunstanciales”.

ESCUCHAR A LA GENTE: SEGOB
En representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, sí fue mesurada y empática con la representación social agraviada, al expresar el pensamiento reiterado de la titular del Ejecutivo de que “Si alguna lección debemos aprender como autoridades, es a no tomar decisiones sin escuchar al pueblo, a la gente; es algo que la gobernadora Mara Lezama nos ha pedido siempre, estar en territorio…”

SE RECUPERAN SÍMBOLOS
Con un lenguaje elusivo, sin ningún indicio de asumir responsabilidad institucional, el titular de la Jugocopo, Jorge Sanén cervantes, muy lejos de sentirse obligado moralmente a expresar disculpas públicas, afirmó:

“Este acto es la recuperación de la dignidad y la memoria de nuestra capital. Es reconocer la fuerza de la historia y de nuestra identidad que nos une como quintanarroenses. Don Andrés Quintana Roo representa la lucha por la libertad, la soberanía y la justicia social, valores que hoy retomamos con orgullo en este espacio”.

“Quiero destacar que esta reinstalación fue posible gracias al esfuerzo colectivo. Desde el Congreso caminamos de la mano con el Consejo Ciudadano de Chetumal y con diversas asociaciones civiles que con amor a su tierra impulsaron este proceso. Su voz, su compromiso y participación hicieron realidad que hoy recuperemos parte de nuestra memoria histórica. A todas y a todos ustedes, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento”.

Jorge Sanén dejó pasar la oportunidad de mostrar empatía, humildad y alzarse con una mano tendida al pueblo; prefirió extendérsela a Humberto Aldana; una petición o expresión de disculpa pública hubiera hecho más verosímil su discurso, pero su soberbia está negada a ser congruente con los valores de un movimiento humanista que dice representar. Usted tiene la última palabra.
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“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra

De plácemes está el Consejo Ciudadano de Chetumal pues, luego de más de un año de litigios en juzgados, mañana al medio día volverá a la plazoleta del congreso la estatua de don Andrés Quintana Roo, removida por la pasada legislatura para edificar en su sitio una cafetería disque para sus empleados, por más que la surrealista excusa suene harto difícil de creer.

En la ceremonia oficial no estará el hoy diputado federal Humberto Aldana, el autor de la pifia, pero sí don Jorge Sanen, líder de esta legislatura, quien en su manido discurso reiterará que el regreso de la efigie, a lo que él se opuso, muestra que la bancada guinda va con los reclamos comunitarios. Claro, sobre todo si los escoltan numerosos amparos que obligan la restitución.

En descargo de la empañada imagen guinda, todo hay que decirlo, junto a la estatua se colocará una nueva astabandera, más alta que la anterior y más lucidora. Sin duda, en el acto protocolario se aplaudirá a doña Georgina Marzuca, presidenta del consejo cívico, quien impulsó la batalla legal para el regreso de Don Andrés junto con algunos otros notables capitalinos.

Esta trama de política tropical resultaría incompleta sin misterios, como a dónde fueron a parar los más de diez millones de pesos que la XVII diputación se asignó para la obra -no querían cualquier cafetería- y quién remozó la nariz del prócer, pues en su desalojo, la efigie resultó dañada en tan sensible apéndice. Sería útil saberlo por si esta legislatura tiene alguna ocurrencia.

Del tintero: El embate legal contra el periodista Javier Chávez Ataxca, de amplio prestigio en todo el estado, al acusarlo de “violencia política de género” por exhibir los sabidos trafiques de una regidora naranja del Municipio José María Morelos, no sólo es infundado sino también da pauta del uso faccioso de la ley contra la libertad de expresión, de una ley garrote disfrazada de civilidad.

El que el tribunal electoral haya desechado el caso sin mayor dilación, habla bien del propio tribunal, pero no implica que no se diera el abuso. Su indignación por la pesquisa de que fue objeto está justificada, sobre todo tratándose de una denuncia sin pies ni cabeza a la que dio cabida el instituto electoral estatal.

La organización periodística Artículo 19 advierte que el uso indebido del principio violencia política de género, creada contra la discriminación femenina en México, ha devenido “en instrumento que inhibe el debate público, se señala en un reporte reciente, ha llegando a eliminar publicaciones críticas para personas en el poder”. El caso de Javier Chávez ilustra lo señalado.