EN LA OPINIÓN DE:
EL DERECHO LABORAL DESDE LA FICCIÓN POLÍTICA.

“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto
El trabajo como un derecho en México, se encuentra contenido una rama fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, orientada a regular las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, con el fin de asegurar un equilibrio y justicia en el ámbito laboral.
Esta rama consta de principios fundamentales que buscan proteger al trabajador, considerado la parte más vulnerable de la relación laboral, dentro de los que destaco los siguientes:
a) Principio de protección al trabajador: Este principio se manifiesta a través de diversas normas que buscan equilibrar la relación laboral, garantizando condiciones de trabajo justas y adecuadas.
b) Principio de irrenunciabilidad de derechos: Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que la ley les otorga, incluso si expresan su voluntad de hacerlo, asegurando así la protección mínima indispensable.
c) Principio de continuidad laboral: Se presume que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, protegiendo al trabajador contra despidos injustificados y promoviendo la estabilidad en el empleo.
d) Principio de igualdad y no discriminación: Consagrado en el Artículo 1° de la Constitución y desarrollado por la LFT, prohíbe cualquier forma de discriminación en el empleo basada en género, raza, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación
sexual, estado civil, o cualquier otro criterio que atente contra la dignidad humana.
Sin embargo, aun cuando se han constitucionalizado esos principios en el artículo 5 y 123 de la Carta Magna, los trabajadores en México continúan siendo explotados un sinfín de violaciones a sus derechos más básicos, haciéndolos firmar la hoja de renuncia y hojas en blanco al momento de su contratación, subcontratándolos en pagadoras ilegales que les limitan el ejercicio de sus
derechos ante el verdadero patrón, y en muchos casos con cargas extenuantes y salarios minúsculos, como sucede en los centros vacacionales más importantes de México.
Tan solo en 2024, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI documentó a millones de estas personas que viven en la incertidumbre, en la precariedad y en la invisibilidad, arrojando datos de los no se habla constantemente desde la política:
a) Población ocupada total: 59.1 millones de personas.
b) Población económicamente activa (PEA): 60.7 millones.
c) Personas desempleadas: 1.5 millones (2.5% de la PEA).
d) Trabajadores en la informalidad laboral: 33.5 millones (equivale al 55%
de los trabajadores) sin acceso a seguridad social, aguinaldo, vacaciones o pensiones!!!
e) Trabajadores formales: apenas son 26.7 millones, una minoría que tiene prestaciones, pero muchas veces con contratos temporales, sueldos bajos y pocas oportunidades de desarrollo.
Si tomamos como ejemplo a Cancún, Tulum, Playa del Carmen; esos lugares que evocan lujo, descanso y turismo internacional, detrás del brillo de esos palacios en las playas de caribe mexicano vive un millón de personas que trabajan en Quintana Roo, de las que el 66.7% lo hace en condiciones informales, lo que significa que 7 de cada 10 trabajadores no tienen contrato, ni seguro, ni aguinaldo, ni acceso a servicios médicos, ni certeza, ni derecho laboral alguno.
El personal de limpieza en hoteles, los cocineros, los jardineros, los transportistas turísticos, las camareras, los albañiles de los nuevos desarrollos inmobiliarios, los trabajadores del tren maya, todos ellos, viven sin condiciones básicas como acceso a agua potable, drenaje o transporte digno en sus colonias.
Desde el PT hemos impulsado iniciativas para favorecer a los trabajadores como la reciente iniciativa de las 40 horas, la prima de antigüedad para trabajadores de los estados y el cambio de UMA’s a salarios mínimos para realizar el cálculo de las jubilaciones, proyectos que no deben quedar en letra muerta como los principios antes mencionados. Estas iniciativas deben ser apoyadas por quienes son nuestros aliados, ya que, de no ser así; la 4T estaría fallándole a los trabajadores de México y la vida seguiría como en pasado, como aquellas cosas que no tienen mucho sentido.
*Licenciado en Derecho con mención Honorífica por la Universidad la Salle del Pedregal; maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac, Mayab; maestro en Derecho por la Universidad de Alicante, España; doctorante en Derecho por la Universidad Anáhuac, Cancún. Diputado local delPartido del Trabajo en la XVII y XVIII Legislaturas de Quintana Roo.

EN LA OPINIÓN DE:
LA LIBERTAD DE DOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA WALLACE, OBLIGA LA EXCARCELACIÓN DE LAS OTRAS CUATRO

“Comentario a tiempo”
Por Teodoro Rentería Arróyave
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Ya dejamos asentado que, tanto en el “Caso Florence Cassez-Israel Vallarta Cisneros” como en el también escandaloso “Caso Wallace”, que son copias al carbón en cuanto a la fabricación de delincuentes, por lo que se deduce que el principal hacedor de tan miserables oprobios que violentan en grado sumo los derechos humanos es, sin duda alguna, Genaro García Luna con la protección de quien jamás será confeso para su expiación, su jefe, el ex huésped de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Después de referirnos a los logros de justicia: la libertad de la Cassez y de Vallarta, ahora nos toca insistir, en lo que hemos venido analizando: la necesaria excarcelación pendiente de las cuatro víctimas de la Wallace que aún sufren prisión no obstante que dos de sus coacusadas ya fueron liberadas
El respetado colega, Ricardo Raphael, en sus artículos y en su libro “Fabricacio” se ha mostrado crítico a la labor realizada por Isabel Miranda al frente de la asociación “Alto al Secuestro” y cuestiona también la forma en que manejó la búsqueda del supuesto secuestro de su hijo, Hugo Wallace y de su propio fallecimiento.
Los cuestionamientos sobre el caso de Hugo Wallace que Ricardo Raphael expone en su libro “Fabricación”, no son los primeros debido a que antes se publicó el libro “El falso caso Wallace”, escrito por la periodista Guadalupe Lizárraga quien también impugnó las versiones de esas supuesta líder social, sin embargo, a Rafhael no hubo poder que los amendrentará y sigue adelante en su labor reporteril y de justicia.
La periodista acusó a Isabel Miranda de haber declarado muerto a su hijo, Hugo Alberto, después de simular su secuestro. “Sistematiza una colección abultada de dudas que contagia con su razonamiento”, dijo el mismo Ricardo Raphael en una columna publicada en Proceso en 2018.
Desde entonces, Raphael señaló que el activismo de Isabel Miranda le permitió relacionarse y recibir apoyo del entonces presidente, Felipe Calderón, así como del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
La revista “Proceso” indicó que la Fiscalía General de la República, FGR, abrió en 2021 una carpeta de investigación contra la activista por simulación de pruebas y presuntas irregularidades.
Y en esa misma línea ¿Qué sabemos de la muerte de Isabel Miranda de Wallace? Tras su supuesto fallecimiento del pasado 8 de marzo difundido sólo en redes sociales y que se cuestionó? Ricardo Rafhael, se rifirió en el mismo sentido en entrevistas en varios medios electrónicos.
Pues es el caso que, Juana Hilda González, una de las coacusadas del supuesto secuestro, recuperó su libertad, también tras casi 20 años en prisión por el escandaloso “Caso Wallace”.
Así mismo, Brenda Quevedo también fue liberada en octubre de 2020, ya que un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidió al gobierno de México la liberación de Brenda por considerar que fue víctima de tortura y detención arbitraria.
En prisión, purgando injustamente largas condenas, permanecen: César Freyre Morales y Alberto Castillo Cruz, por cierto detenido tras golpìza propinada por la propia Wallace y su consaguíneo Roberto, y sin sentencia Antonio, Tony, Casillo, hermano de Alberto y Jacobo Tagle Dobín. Son urgentes e inmediatas sus excarcelaciones por simple cumplimiento jurídico.
Ante el abuzo y la violación de los derechos esenciales durante el régimen calderonista y sus genizaros de alcurnia, ahora en prisión, debemos siempre recordar; SI LA JUSTICIA NO ES IGUALITARIA NO ES JUSTICIA”. Por tanto LA LIBERTAD DE DOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA WALLACE, OBLIGA LA EXCARCELACIÓN DE LAS OTRAS CUATRO.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y Director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com
EN LA OPINIÓN DE:
LA LIBERTAD DE DOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA WALLACE OBLIGA LA EXCARCELACIÓN DE LAS OTRAS CUATRO

“Comentario a tiempo”
Por Teodoro Rentería Arróyave
PRIMERA PARTE
Como les consta a nuestros amables seguidores de estas entregas periodísticas, en la víspera terminamos la serie titulada: “SI LA JUSTICIA NO ES IGUALITARIA NO ES JUSTICIA”, referente a la liberación del coacusado Israel Vallarta Cisneros, tras 20 años de prisión sin condena, decidida en derecho por la jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés.
Siete años antes con motivo del amparo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a la coacusada de pertenecer a una supuesta organización criminal denominada la “Banda del Zodiaco, inventada por el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, la ciudadana francesa Florence Cassez, ella si sentenciada a 60 años, fue liberada tras ocho en prisión, y ese mismo aparato de seudo justicia mantuvo a Israel 13 años más en cárcel, para completar 20.
Como es obligación de todo colega, nos unimos al trabajo de periodismo de investigación del Ricardo Raphael, amigo de mis hijos periodistas, Teodoro Raúl y Gustavo, y el autor gran amigo de su padre del mismo nombre, a quien siempre recordaré con especial cariño.
Ricardo en sus artículos periodísticos y luego en su libro de gran éxito, “Fabricación”, denuncia “la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático; el mito de una madre que, bajo la fachada de una mujer devastada, torció los hechos para ganar notoriedad e influencia, mientras destruía la vida de muchas personas inocentes”.
Pues es el caso que Juana Hilda González, una de las coacusadas del supuesto secuestro, recuperó su libertad, también tras casi 20 años en prisión por el escandaloso “Caso Wallace”. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, le otorgó un amparo definitivo. El alto tribunal determinó que la condena de 78 años se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y otras irregularidades procesales.
La información es de la prestigiada colega, Estrella Pedroza, reportera de IRRADIA NOTICIAS MORELOS y corresponsal de “Proceso”, “La Silla Rota” y otros medios; quien nos relata: Juana Hilda González Lomelí salió libre la noche del 11 de junio del Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, número 16, en Coatlán del Río, Morelos, tras permanecer más de 19 años encarcelada por el caso Wallace.
A las 23:00 horas, Juana Hilda abandonó el penal con ropa deportiva. Antes de salir, recibió la lectura de documentos oficiales por parte de un custodio. Afuera la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP, quienes la tutelaron durante todo el proceso.
Juana Hilda, exbailarina del grupo Clímax, era pareja de César Freyre, ex agente de la Policía Judicial de Morelos, señalado como líder del grupo que supuestamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace, y quien ya fue sentenciado por ese caso, el 27 de octubre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal lo condenó a 78 años y 9 meses de prisión, además del pago por la reparación del daño a los padres de la víctima y a su hija, quien en ese entonces era menor de edad.
Después de su liberación, Juana Hilda se trasladó a la Ciudad de México, donde tenía previsto reencontrarse con su familia. El caso se remonta a diciembre de 2009, cuando un juzgado federal sentenció a 28 años de prisión a varias personas, incluida González Lomelí, por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005. La pena fue posteriormente aumentada hasta 78 años y 9 meses. En 2021, Juana Hilda presentó un amparo directo que fue atraído por la SCJN para su análisis.
La Primera Sala de la Suprema Corte otorgó por unanimidad el amparo directo 26/2022, ordenando a la autoridad penitenciaria la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda, quien estuvo privada de su libertad desde 2006.
La resolución, presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluye que durante el proceso penal se cometieron violaciones graves a derechos humanos, entre ellas la falta de un juicio justo, la utilización de pruebas ilícitas, la violación de la presunción de inocencia y la tortura.
La Corte determinó que las confesiones obtenidas durante su arraigo en febrero de 2006 no son válidas, ya que no se demostró que fueron libres de tortura. Esto llevó a invalidar otras pruebas derivadas, como los cateos realizados en su domicilio y en el de otra persona vinculada al caso.
Además, los testimonios proporcionados por familiares y amigos de la víctima no son suficientes para sostener una condena por secuestro, aunque sí señalan la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura.
En cuanto a la acusación de delincuencia organizada, la Corte concluyó que al no acreditarse la participación en el secuestro, tampoco se puede confirmar su pertenencia a dicho grupo. Respecto a la posesión de armas, no existen pruebas que acrediten que las armas aseguradas fueran suyas, dado que la detención ocurrió antes de los cateos.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma la centralidad de los derechos humanos en los procesos penales y la obligación del Estado de garantizar juicios imparciales y libres de pruebas obtenidas bajo coacción.
Además de Juana Hilda González, sus coacusados son: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz.
Según la versión prefabricada de la Wallace, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares. Entre marzo y junio de 2006, fueron detenidos Tony y Alberto Castillo, César Freyre Morales y Juana Hilda González, quienes denunciaron haber confesado bajo tortura su participación en el caso. En noviembre de 2007, fue detenida en Estados Unidos, Brenda Quevedo, quien dos años después fue extraditada a México. En diciembre de 2010, fue arrestado Jacobo Tagle Dobin, en el Estado de México.
Brenda Quevedo también fue liberada. Dos de los detenidos no han sido sentenciados. De los seis presuntos implicados, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle son los únicos que no han sido sentenciados por el caso Wallace.
En octubre de 2020, un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, de la Orgamnización de las Naciones Unidas, ONU, pidió al gobierno de México la liberación de Brenda Quevedo por considerar que fue víctima de tortura y detención arbitraria.
Isabel Miranda de Wallace, supuestamente fallecida al igual que su hijo Hugo Alberto, según Ricardo Rafhael, ha sostenido que los detenidos son culpables del secuestro de su hijo y rechaza que sean liberados.
Brenda Quevedo obtuvo arraigo domiciliario tras 15 años de prisión preventiva, luego de permanecer 15 años en prisión preventiva.
Por ahora, en un simple análisis de congruencia, es de preguntarse: ¿qué pasa con las otras cuatro víctimas encarceladas del “Caso Wallace” dos sentenciados a las largas condenas y las otras dos sin sentencias, nuevamente en este caso se viola el principio que hemos expuesto de la siguiente manera: SI LA JUSTICIA NO ES IGUALITARIA NO ES JUSTICIA”. LA LIBERTAD DE DOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA WALLACE OBLIGA LA EXCARCELACIÓN DE LAS OTRAS CUATRO.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y Director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com
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