• Dos modelos: ¿Mercancía o Derecho humano?
• ¿Y el caso Aguakán?

Desde diciembre de 2020 el Agua empezó a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York. Es el extremo del predominio del mercado. Es decir, cuando venga la escasez extrema que no falta mucho, solo podrán tomar agua quienes puedan pagarla y las demás personas morirán de sed. Y eso ¡será legal!

Si alguna política distingue al proyecto de gobierno que surgió en 2018, es precisamente que se haya declarado al agua como un derecho humano y no una mercancía en el mercado de valores. Es la diferencia de los dos modelos de país.

En este modelo ya se encuentra también en los mercados de futuros en la bolsa neoyorkina: la naranja, el carbón, el petróleo y gas, el oro y la plata. Dentro de esa canasta ya se agregó el agua, porque se trata de un bien cada vez más escaso. Es decir, la solución es garantizar que cuando escasee más, solo puedan obtenerla quienes puedan pagar por el precio establecido en la bolsa de valores.

Eso sí, aclaran: “no se está comercializando el agua en sí, sino los derechos sobre su uso” (¡!).

El agua es un tema de seguridad nacional, humanitaria y ambiental; ya no es un tema de futuro, es una realidad presente. Con el neoliberalismo se ha expropiado el agua a pueblos y comunidades para dárselas a diversas industrias. En México tenemos varios ejemplos.

Quienes están a favor del agua como una mercancía en la bolsa de valores, son las mega empresas y colocadoras de inversión más poderosas del mundo y usan mayor cantidad de agua en sus procesos, como son la minería, la fabricación de cerveza y hasta las concesiones para brindar el servicio de agua potable para las viviendas, como Aguakán en Quintana Roo.

¿De dónde extrae el vital líquido Aguakán para dar el servicio? ¿El recurso es eterno? ¿Cuánto existe? ¿En qué momento no va a poder satisfacer la demanda de agua en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Puerto Morelos?

Cuando empiece a escasear el agua, ¿la prioridad la van a tener las corporaciones hoteleras, aunque el pueblo no tenga agua para beber?

De esto prácticamente no se habla, pero Aguakán la extrae del manto freático, del sistema de ríos subterráneos en la península, que es un patrimonio de la nación y la humanidad, ahora concesionado a un particular transnacional español para que haga negocio.

De ahí la importancia que el caso Aguakán avance y se resuelva conforme a derecho y con el criterio de que el agua no es una mercancía en la bolsa de valores, sino un derecho humano.

El silencio se mantiene en cuanto a la concesión, pero habrá de cuidarse también que la voracidad verde no imponga una empresa “carnala” bajo los intereses de Jorge Emilio González y/o de Manuel Velasco, quienes controlan los negocios en que han convertido los servicios municipales de la basura, el transporte, los basureros, en los municipios bajo su control, como son los casos de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.

O bajo una simulación, impongan en CAPA a un empresario del agua vinculado a los verdes para que el negocio sea desde el gobierno mismo, lo cual es su especialidad como sabemos en el estado. No es tema menor preguntarse si en Quintana Roo el agua ¿será una mercancía concesionada o un derecho humano? Usted tiene la última palabra.
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“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208,000 hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024), y ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales.
Algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:

• Supermanzana 247 (2018): En Cancún, la devastación de una amplísima zona de 50 hectáreas propiedad de un Banco, realizado con fines políticos que fue posteriormente tomado por el crimen organizado, generó protestas y litigios, destacando la reciente detención de algunos promotores en el año 2025 pero dejando un daño ecológico y un conflicto de desarrollo urbano sin precedentes.
• Ejido Jacinto Pat (2018): En Playa del Carmen, se denunciaron ventas fraudulentas de tierras ejidales, involucrando a notarios y empresarios, de manera semejante a la realizada con la desastrosa corrupción que se gestó con la colonia Colosio en la que el gobierno de Quintana Roo fue parte.
• Caso Bacalar (2020): En este municipio, se reportaron despojos mediante documentos falsificados, afectando a comunidades indígenas, aunado a la deforestación de grupos de menonitas que han afectado el desarrollo ecológico con daños a los acuíferos, a la laguna, a la vida de las abejas, etcétera.
• Proyecto Tulum (2022): La expansión turística en Tulum ha llevado a múltiples denuncias de despojo, con casos emblemáticos como el desalojo de familias ejidales para proyectos hoteleros, y con un alto porcentaje de personas que viven sin certeza jurídica y sin drenajes en ese y otros municipios.
• Las Palmas: En el municipio de Othón P. Blanco donde un grupo de personas solicitaron el reconocimiento de posesión y posterior enajenación de terrenos nacionales a la SEDATU, por tratarse de tierra federal, y en la que de pronto apareció un líder religioso con documentos municipales, es decir, de una autoridad sin facultades por el origen de la tierra, a despojar a los promotores primarios.

Este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas por quien suscribe y que están en proceso de análisis en las comisiones de turno, y a las que adicionaremos más fracciones elevando penas en algunos casos siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México y otras legislaturas más adelantadas.
Todo ello, ha permitido que el crecimiento desmedido de invasiones y de despojos haya ido en aumento en los últimos años tal como se observa en la siguiente tabla de 2020 elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ello es importante que, desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos impulsemos de forma conjunta con la sociedad civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cerrar el cerco a estos delitos que ponen el riesgo a miles de personas, generan problemas graves de movilidad, afectan proyección urbana, y desincentivan la inversión.
De no ser así, las invasiones políticas y despojos de las mafias seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido en Macondo.