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LA ELECCIÓN JUDICIAL, MÁS SOMBRAS QUE LUCES

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El Minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

A pocos días de la jornada para renovar parte del poder judicial de la nación, por desgracia nada hace suponer que sus previsiones de éxito hayan aumentado. En el Estado, con sólo la mitad de las casillas usuales y estas con nueva ubicación, los cálculos de aforo no van más allá del 10% del padrón, según las propias autoridades electorales, y eso siendo optimistas.

Por qué el gobierno federal, auspiciador de la jornada, al calor de estos números rojos en todo el país ¿insiste en su realización? Porque no tiene otra opción: peor sería no llevarla a cabo y no sólo por su costo: unos 13 mil millones de pesos, sino también porque le daría margen de maniobra a los actuales jueces, a los que se quiere sacar por corruptos, dicho de manera simplista.

Hay quienes censuran y con razón el proceso en puerta; van con sus fines, que es obvia la urgencia por renovar tan turbio poder, pero no con cómo se da la renovación, pues ha prendido alertas en todo el país no sólo por la calidad de los posibles ganadores de la ridícula tómbola, sino porque muchos de ellos son tan o más corruptos que los que se van. ¿Y si quedamos peor que ahora?

La calidad de los candidatos de los poderes ejecutivo y legislativo, sobre todo por el último, dejan ver el pelaje de sus elegidos: los hay hasta con nexos con el narco. Si bien los poderes estatales van de comparsa, parte son del montaje y, claro, aseguran su plato en el raro festín, con lo que el panorama se complica aún más. No van los más aptos, sino los que mejor padrino tienen.

En lo que llegan unos y se acaban de ir los que se van, hay la posibilidad de aire limpio en este renovado poder, aunque renovado y mejorado no significan lo mismo. No obstante, algunos con valía habrán de llegar, así sea tan sólo por posibilidad aritmética. Es lo deseable, pues si no el proceso sería una gran jugada de gatopardismo: es decir, que todo cambie para que todo quede igual.

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LA CORTE FRENA COBROS ABUSIVOS EN TULUM

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• El Poder Judicial federal declara inconstitucional Decreto recaudatorio de la 17ª Legislatura, con sentencia del 4 de julio de 2025.
• El recurso lo interpuso la CNDH contra el cobro por la búsqueda de documentos en Registro Civil de Tulum; el acceso a la información debe ser gratuito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional las disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, relativas al cobro por la búsqueda de documentos en el Registro Civil, establecidas en la reforma aprobada por la 17ª Legislatura mediante el Decreto 020 publicado en el Periódico Oficial del estado el 19 de diciembre de 2022.

Mediante la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 20/2023, se declara la invalidez de dichas disposiciones recaudatorias, al considerar que la acción jurídica fue promovida de manera oportuna por un órgano legitimado como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La acción de inconstitucionalidad de la CNDH fue impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, que alegaba que el Decreto fue publicado conforme a sus atribuciones y que no contraviene la Constitución general de la república, lo cual fue desestimado por la SCJN al dictaminar que “las disposiciones que regulan el cobro por la reproducción de información en copia simple, videocinta y disco compacto, entregada por los sujetos obligados en materia de transparencia, contravienen el derecho de acceso a la información y vulneran el principio de proporcionalidad tributaria”.

REFORMA LEGISLATIVA VERDE
Dichas reformas con pleno enfoque recaudatorio fueron aprobadas el 7 de diciembre de 2022 por las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta presidida por Renán Sánchez Tajonar (Verde) y la de Asuntos Municipales presidida por Cristina Alcérreca Manzanero (Verde), a pesar que contravienen la Constitución y vulneran los derechos humanos de acceso a la información pública.

La declaratoria establece: “Se declara la invalidez de los artículos 74, fracción V, inciso n); y 138 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 020, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós”.

Lo que no está claro si estas reformas también fueron incorporadas a otros municipios y en su caso, si esta sentencia es vinculante, por lo que también se echarían atrás las reformas.

Este palo que reciben el Congreso del Estado y la Consejería Jurídica de la CNDH se suma a las sentencias de la SCJN con respecto a la Ley de Expropiación y a la Ley de Movilidad, lo cual ya se está haciendo costumbre en las legislaturas dominadas por el color verde, que tienen en común, que son reformas con fines recaudatorios. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

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“Plan México” beneficia a Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

En los terrenos del llamado “Recinto Fiscalizador” de Chetumal, ahora el Gobierno Federal proyecta la construcción del llamado “Polo de Desarrollo para el Bienestar Chetumal” que beneficiará a Quintana Roo, pero especialmente a los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.


El intento de abrir el Recinto Fiscalizador duró cuatro de los seis años que gobernó el PAN-PRD por medio de Carlos Manuel Joaquín González, quien prometió en ese entonces que su Recinto Fiscalizador ligado al enorme mercado que es el mercado del norte de Quintana Roo “seguramente puede ser una gran opción el estar cerca de la frontera con Belice, la frontera con Centroamérica nos ayuda muchísimo también para la atracción de esas inversiones que necesitamos pero necesitamos mejorar nuestros servicios, nuestras condiciones para ser más atractivos y lograr entonces un mayor impulso a la economía”.


Nada de eso sucedió, lo que sí sucedió es que hubo inversión pública, que hasta hoy nadie sabe dónde quedó la mayoría ejercida. Ahora, el Polo de Desarrollo ya puede ser considerado desde el 2 de julio.
Esta semana, el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el “Acuerdo por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal”; donde especifica que usarán 87.8 hectáreas para su construcción en el municipio de Othón P. Blanco.
A diferencia de Carlos Joaquín, Mara Lezama trabaja para darle dignidad a los habitantes del sur, no solo que mejorar infraestructura educativa, de salud, de turismo y deporte; sino que ahora le toca a los empresarios e inversionistas que quieran participar en este nuevo Polo de Desarrollo.


Lo que ayuda, es que ahora sí se dispone de infraestructura de conectividad terrestre, mediante la carretera federal 186 Escárcega-Chetumal que vincula el polo con el centro y norte del estado, así como con la frontera con Belice. El Aeropuerto Internacional de Chetumal y la estación del Tren Maya, Chetumal Aeropuerto se ubican a 3.5 km. El puerto marítimo Chetumal se ubica a 2 km del sitio, lo que posiciona al polo como un nodo regional. De igual manera, la frontera con Belice se ubica a 7.4 km.


Con esto, el Gobierno Federal y del Estado buscan una estrategia de industrialización en el sur de Quintana Roo incrementando la participación de empresas mexicanas en la cadena de proveeduría de las exportaciones y en la generación de productos para consumo nacional; permitiendo a las empresas nacionales, desde micro, pequeñas y medianas hasta grandes corporaciones, tener un papel más activo en la manufactura de bienes intermedios, insumos y componentes esenciales.


Las empresas que podrán estar en este Polo de Desarrollo son las dedicadas a la energía eléctrica; industria textil; metalurgia; maquinaria y equipo; agroindustria; tecnologías de la información y Comunicación; actividades industriales y comercio internacional y; almacenamiento y distribución de mercancías.


Ahora sí, estos gobiernos buscan fortalecer el mercado interno y los mercados regionales para posicionar a México entre las diez principales economías del mundo y reducir la pobreza y la desigualdad. Esta estrategia también busca promover el desarrollo económico sostenible y equitativo en todo el país; generar empleos dignos y bien remunerados; fortalecer el progreso científico, tecnológico y la innovación; ampliar el acceso a la educación media superior y superior y su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de alcanzar el bienestar de los habitantes de Quintana Roo. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, los testigos protegidos en Estados Unidos de origen mexicano ya empezaron a ‘soltar la sopa’; existen acusaciones de unos contra otros, me dicen que hay involucrados en pactos con el Crimen Organizado una docena de políticos de Quintana Roo y empresarios de medios de comunicación; por razones obvias omito nombres, pero muy pronto los trapitos sucios saldrán al sol. Al tiempo…}

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