Caminos del Mayab

Por Martín G. Iglesias

Platiqué con unos estudiantes de Comunicación, quienes ya quieren salir al mundo laboral, para demostrar que están mejor preparados que los que les anteceden, como todos, quieren estar al frente de las cámaras dando las noticias o frente a micrófonos de una radio; los más intrépidos, quieren hacer su propio canal utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación.

Pero hay un sector, quizá un diez por ciento, que me dijo que quiere incursionar en el mundo de la vocería, no solo de las empresas, sino también de gobierno; es a este último que quiero referirme, porque considero que en algunos casos, hay una mala percepción de la responsabilidad de un vocero gubernamental.

Los voceros, sea de un País, Estado, Municipio o de algunos otros niveles de gobierno y poderes del Estado, la mayor parte del tiempo la pasan en labores administrativas, sin que cumplan con su misión de preparar a su cliente para una entrevista, ni menos para informarles sobre los temas que están sobre la mesa y que tienen que ver con su desempeño gubernamental. Es por eso, que cuando la persona sale a responder sobre tal o cual tema, lo hace sin tener los “pelos de la burra en la mano”, es cuando vienen los tropiezos y en lugar de ayudar a la imagen, se la dañan.

Aunque sea muy difícil su cliente o su jefe, no le ayudan al decirle sobre el tema de la comunicación no verbal, que es tan importante como las palabras. Me ha tocado estar, tanto en entrevistas de banqueta como las de estudio y, es terrible cuando uno ve a funcionarios que dicen una cosa con las palabras y otra con su cuerpo y rostro. Expresiones de nerviosismo, evitar el contacto visual o gestos inadecuados que le restan credibilidad al entrevistado; de ahí es donde salen las críticas a través de los memes y complicar la comunicación.

Hoy, algunos voceros creen tener la verdad absoluta y envían a sus aliados a realizar todo tipo de distribución de noticias, aunque están sean “de risa” para la población, quienes son los que conocen perfectamente la manera en la que los gobiernan. Voceros que solo centran su tarea en “batear” a representantes de medios de comunicación; a darles largas a las entrevistas que solicitan con los titulares de las dependencias o las figuras públicas como presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores o hasta presidentes de una República.

No tienen un Manual para una ruta crítica, para la solución de crisis de comunicación en un gobierno; minimizan el problema en detrimento de la imagen de su jefe; evadir responsabilidades o reaccionar impulsivamente puede empeorar la situación. Por eso, es fundamental contar con un plan de comunicación de crisis y seguir una estrategia clara.
Pero al fin de cuentas, solo me dediqué a responder una pregunta a un pequeño sector de la futura generación de los nuevos comunicadores en Quintana Roo. La única forma de evitar estos errores comunes es tomarse la vocería en serio y comprender la relevancia de este rol en el posicionamiento de la imagen de un gobierno.

Un buen vocero no solo informa a través de boletines, sino que también fortalece la reputación y la imagen del gobierno que le contrató. Por eso, antes de responder, contemple todas las aristas, incluyendo la propia personalidad de su jefe. Ahí se las dejo…
SASCAB
Ayer murió un hombre que asombró al mundo con su estilo de gobernar su país, con el ejemplo; me refiero a José “Pepe” Mujica Cordano, presidente de Uruguay de 2010-2015.
Comparto una de las tantas frases que dogmaron su estilo de vida; “No acompaño el camino del odio, ni aun hacia aquellos que tuvieron bajezas con nosotros. El odio no construye. Esto no es pose demagógica, no es cosa de andar eludiendo el bulto, de poner una cara linda: es cosa de principios”. Al tiempo…

“Columna Invitada”

Por el Dip. Y Lic. Hugo Alday Nieto

 La reforma constitucional y legal promovida por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que comprende la elección para la nueva conformación del Poder Judicial Federal; incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 con un acortamiento del periodo de encargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de beneficios económicos que los más importantes juristas de México hasta ahora habían logrado para los representantes de la justicia federal.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la elección popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, buscando con ello crear una aparente legitimidad democrática en las decisiones de los ciudadanos electos, como si de una elección dependiera la capacidad de implementar una correcta hermenéutica jurídica al momento de impartir justicia.

Dicha reforma considera de igual manera la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como objetivo mejorar la eficiencia de sus sentencias con un esquema de transparencia hacía el exterior del sistema judicial federal, lo que sin duda parece una falacia de inconsistencia, ya que como lo hemos presenciado, mientras se desaparecen organismos encargados de la transparencia y participación ciudadana, se sustenta una reforma constitucional en la falta de transparencia.

Sin embargo, era tal la necesidad de control de la elección de personas juzgadoras que de forma insólita se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que el numeral 3 del artículo 500 establece ahora que, los Comités de Evaluación coordinados por el Senado de la República serían los encargados de instrumentar el registro de las candidaturas, siendo que el único ente en México especializado en tal materia es el Instituto Nacional Electoral. Razón por la cual subsistieron una gran cantidad de inconsistencias que ahora el Senado busca resolver sin haberlas previsto en la reforma, por mera necedad y desconocimiento en la materia.

Para el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en su obra “Los argumentos jurídicos y las falacias” editado por la UNAM en 2015, nos deja claro que la defensa heroica de esta reforma se ajusta a la falacia Ad verecundiam, que ocurre cuando se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión, como en este caso los famosos comités. Por eso, es importante determinar qué autoridad es razonable para dirimir un determinado asunto y cual se debe rechazar, y no llegar a estos bochornosos desatinos.

De la misma forma, en el numeral 6 del mismo artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador federal tuvo a bien establecer que: “Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Pero paradójicamente, sucedió lo que tantas veces se advirtió desde las barras, los colegios de abogados y las universidades. Varios registros de candidatos avalados por los super comités de evaluación que a su vez eran vigilados por el super Senado, resultaron con sendos vínculos con la mafia del poder, cárteles y el crimen organizado.

Ante esto, ni tardo ni perezoso, el sociólogo de la UAM y líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenazó ante todos los medios nacionales que impugnaría todas esas candidaturas por falta del requisito de idoneidad.  Lamentablemente el derecho procesal no se le da mucho al senador de morena quien olvidó preguntarle a sus asesores si tales registros eran impugnables o no, ya que ni la Constitución General de la República, ni la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen este supuesto, por lo que, de hacerlo, los aspirantes pueden anular tales decisiones y el senador podría acarrearse alguna responsabilidad administrativa por pasar encima del principio de legalidad que constriñe a las autoridades a hacer solamente aquello que legalmente esta normado y permitido para hacer, lo que no se materializa en este tema, a menos que pretendiese invocar principios constitucionales derivados, pero dudo que entienda la teoría estándar de Robert  Alexy.

Así las cosas, podemos afirmar que el presidente del Senado recurre a la falacia de suprimir la prueba que, en las teorías de la argumentación jurídica, se entiende como aquella en la que se presenta sólo una parte del conjunto de datos que apoyan la afirmación, ocultando partes que la contradicen o que le benefician al que la promueve. Nuevamente de acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, “Es una de las falacias más estudiadas en la filosofía y la lógica analítica (…). Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico. Esto es, no se puede legítimamente pasar del ser al deber ser, y nunca un conjunto de premisas descriptivas, puede implicar una conclusión, prescriptiva o normativa”. Es decir, esgrimen la bandera de la justicia como premisa para eliminar candidaturas, pero oculta que, por un error propio, omitió agregar ese supuesto en la reforma.

Así pues, mientras los estudiosos del derecho se mofan ante el grado de desconocimiento de la norma y los consejeros del INE se truenan los dedos para ver de que manera van a fabricar un Acuerdo General que vuelva a enderezar el camino del Senado, la elección en palabras de Joaquín Sabina, sigue, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

(Licenciado en Derecho con Mención Honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en derecho de la propiedad industrial, intelectual y derecho de la competencia. Doctorante en Derecho).