Chetumal. – La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebra que se haya aprobado en comisiones y confía en el trabajo legislativo para su aprobación en el pleno de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la iniciativa presentada en su calidad de titular del Ejecutivo para reforzar la seguridad en materia de movilidad, estableciendo que los delitos por daños y lesiones, serán perseguidos de oficio, entre otras reformas.

La gobernadora Mara Lezama expresó su plena confianza en que el proyecto de reforma al Código Penal y la Ley de Movilidad será aprobado tras su análisis y dictaminación con el objetivo de garantizar que quienes cometan delitos relacionados con el transporte enfrenten consecuencias firmes y sin impunidad.

En el Código Penal, la iniciativa añade nuevas modalidades de los delitos de lesiones y daños, junto con agravantes para estos casos. Esto incluye la creación de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, además de una modificación al artículo 182.

Con la adición del Artículo 107 Bis, se establecen medidas más estrictas para castigar los delitos de homicidio y lesiones relacionados con el servicio de transporte. Ahora, las penas por estos delitos pueden aumentar hasta un 50% si ocurren mientras se presta el servicio. Además, si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes. Estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa.

El Artículo 162 Bis agrega una sanción más severa al delito de daños, enfocándose en quienes afecten servicios de transporte, ya sea público o privado. Las personas responsables podrían enfrentar de 2 a 6 años de prisión. También será investigado de oficio por las autoridades, sin necesidad de que alguien lo denuncie.

La modificación del Artículo 182 busca castigar con mayor dureza los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, especialmente cuando afectan servicios como el transporte público local, las calles o carreteras, y la tecnología utilizada en ellos. Las sanciones para estos delitos van desde 6 meses hasta 4 años de cárcel.

Con la adición del Artículo 185 Bis, se establecen sanciones para quienes cometan ataques a las vías de comunicación mientras prestan servicios de transporte. En estos casos, la pena puede aumentar hasta un 50%, según las circunstancias del delito.

En cuanto a la Ley de Movilidad, se reforma el artículo 122, fracción IX, el artículo 130, fracción VII, y se agregan nuevos apartados en los artículos 175 y 176.

Estas modificaciones tienen como objetivo establecer razones claras para retirar, suspender o cancelar de forma temporal o definitiva las licencias de conducir, permisos y concesiones, cuando las personas involucradas cometan delitos relacionados con el servicio de transporte.

“En Quintana Roo, no toleraremos ningún acto que afecte el sustento de las familias y el libre derecho de los usuarios a elegir libremente su medio de movilidad preferido y con ello se garantiza una sana competencia entre modalidades, buscando la igualdad de condiciones entre el servicio público de transporte y el privado” destacó la gobernadora Mara Lezama.

Estos proyectos de reforma son producto de la participación ciudadana, del consenso del sector público y privado, mediante mesas de trabajo y la integración de las ideas y propuestas de todas y todos.

Las reformas y disposiciones de ser aprobadas por el pleno se sumarán al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa este gobierno de la transformación profunda, humanista con corazón feminista, en donde las personas están en el centro de las decisiones.

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que Quintana Roo está únicamente a 3 niveles de alcanzar la calificación máxima en la escala nacional, luego que recientemente la calificadora S&P Global Ratings, subió la calificación del estado un nivel más arriba en la escala nacional de calificaciones.

Mara Lezama destacó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, ya tiene logros por el manejo honesto del dinero del pueblo, a través de varias medidas financieras y políticas de austeridad para contener el gasto operativo aplicado por el Gobierno de Quintana Roo, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Esta mejora sustancial en el manejo del dinero del pueblo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a cargo de Martha Parroquín Pérez, pone a Quintana Roo como una de las principales entidades del país con mejores calificaciones.

La titular de SEFIPLAN explicó que se ha planeado cuidadosamente el manejo de los presupuestos, siguiendo los lineamientos del Nuevo Acuerdo que promueve la gobernadora Mara Lezama, en el sentido de aplicar el dinero del pueblo con honestidad y transparencia, buscando siempre beneficiar, a través de obras y programas sociales, al mayor número de quintanarroenses, especialmente a las familias más vulnerables.

Especificó que el análisis de la calificadora S&P Global Ratings tomó en consideración principalmente, la mejora estructural del desempeño presupuestal, el proceso de refinanciamiento total de la deuda de largo plazo y la reforma fiscal Integral del 2023.

La titular de la SEFIPLAN señaló que la actual administración financiera subsanó años de débiles resultados fiscales y de liquidez del estado a través de la implementación de un paquete fiscal en 2023 y el refinanciamiento total de su deuda de largo plazo en 2024.

Especificó que, con base en la metodología de análisis de la calificadora, la evaluación soberana asignada es directamente vinculante a la calificación de los créditos bancarios, por lo que S&P Global Ratings de igual manera subió a mxAAA de mxAA+ las calificaciones de los siete créditos de largo plazo del estado.

“La deuda calificada ‘mxAAA’ tiene el grado más alto en la escala nacional, e indica una capacidad de pago extremadamente fuerte del emisor para cumplir con sus compromisos financieros, en relación con otros emisores en el mercado nacional. Esta mejora en las calificaciones de los créditos, permitirá una disminución en los montos de pagos de los intereses, generando mayores economías”, comentó.

Parroquín Pérez recalcó que las finanzas públicas estatales continúan beneficiándose de los aumentos en las tasas de los principales impuestos locales, políticas de austeridad para contener el gasto operativo y medidas para incrementar la transparencia y eficiencia del sector público.

Aseguró que, además, el refinanciamiento total de la deuda de largo plazo ha reducido su costo y ha mejorado su perfil de vencimiento.

Martha Parroquín puntualizó que una considerable mejora en la posición de liquidez, la transparencia fiscal a través del uso de fideicomisos y la acumulación de provisiones durante el año reflejan mejoras importantes en las prácticas de la administración financiera y por ello se logró una mejor calificación.