En un esfuerzo por proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) ha lanzado una advertencia sobre varios desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez que operan sin los permisos correspondientes.

La dependencia estatal, en coordinación con el Ayuntamiento de Benito Juárez, alertó a la ciudadanía sobre un listado de proyectos que no cuentan con constancias, permisos ni autorizaciones estatales o municipales. Entre ellos destacan: Maraya Privada Residencial, Cedrela, Coco Groove, Lotes Vía Marina, Güaraná, Punta Pitahaya, Bosques de Cancún, Stella Maris, Mayorales, Frey, Barcelona y Azaahy I y II.

SEDETUS enfatizó que estas construcciones incumplen con las normativas establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como otras disposiciones estatales y municipales.

Ante este panorama, se exhorta a la población a evitar cualquier acción de compra, venta, renta o promesa de compraventa vinculada a estos desarrollos, pues podrían representar un riesgo legal y patrimonial.

Para quienes deseen invertir con certeza jurídica, la dependencia estatal ofrece asesoría gratuita. Los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: atencion@sedetus.gob.mx.

Esta medida se alinea con el compromiso del gobierno estatal liderado por Mara Lezama Espinosa para garantizar un desarrollo urbano ordenado y sustentable en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Por Héctor Cobá

Amenazas y agresiones por parte de pseudo ejidatarios sufren añejos habitantes de la colonia Chiapas Siglo XX (más conocida como la colonia Chiapaneca), quienes piden en audiencia el apoyo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta.

En la jornada de audiencias públicas llamada “Cancún Nos Une”, realizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez en la supermanzana 101, el 24 de abril, afirmaron los quejosos que han sufrido amenazas y agresiones por violentos y desconocidos “ejidatarios”.

Los reclamantes mostraron cartulinas en las que afirman haber comprado las tierras en su colonia, al tiempo de afirmar que el día anterior sufrieron violentas agresiones, tras ser emboscados en sus terrenos por ocupantes de seis camionetas, además de ser perseguidos por 15 hombres, un par de ellos con armas de fuego, quienes descendieron de una camioneta Van.

Inquietos por la inconformidad mostrada el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez y la directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, Nora Garza, preguntaron qué pasaba, y al saber del problema ofrecieron iniciar unas mesas de trabajo para revisar la delicada situación, aunque no definieron una fecha.

Por su parte, el representante de los vecinos Andrés Castillejos Cárdenas, familiar de Raúl Castillejos de la Torre (QEPD) histórico fundador de la colonia, expuso que son más de cinco mil las familias que se asentaron en el lugar, con confianza en la honestidad del ejido Alfredo V. Bonfil que les vendió las 200 hectáreas, hace 25 años por 10 millones de pesos.

Expusieron que como el ejido dice ser autónomo y no hace caso a las instancias municipales o estatales, el grupo afectado trató de informar de su caso a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita a la entidad.

Con los documentos en sus manos se mostraron a la presidenta la cesión de derechos y el permiso de lotificación, expedidos por la autoridad ejidal con sus correspondientes firmas, y que la directiva actual pretendía ignorar, faltando a la ley y al derecho de todo comprador, aunque de momento no tuvieron respuesta.

Además de ellos, dijeron, hay 108 asentamientos irregulares en tierras ejidales con su correspondiente cesión de derechos, y ahora la directiva alega que son terrenos de uso común, con el fin de revenderlos.

Ellos lucran con la esperanza de las personas, acusó Castillejos Cárdenas, quien denunció que los ejidatarios hoy quieren presentarse como grupo vulnerable, pero hace muchos años dejaron de sembrar o de trabajar la tierra.

“Ellos lucran con la esperanza de las personas”, reclamó.Recordó que se reforma la Ley de Asentamientos Humanos, y de acuerdo al Decreto 360 no se pueden promover desarrollos inmobiliarios sin los servicios básicos, pero los ejidatarios se amparan en la Ley Agraria con el argumento de que son grupo vulnerable de campesinos, que necesitan la donación de tierras para sembrar.

Para ello hacen juicios amañados en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), y se dedican a vender tierras de uso común; por ejemplo, “la Colonia Chiapaneca” en Cancún, la que a pesar de tener cesión de derechos firmada por el entonces comisariado ejidal Luis Martínez Rocha, hoy la autoridad ejidal pretende desconocer la venta como lo han hecho en otras colonias.La violencia es natural en ellos, dice el denunciante: “han derrumbado propiedades, han expulsado gente.

Hay quienes han tomado cartas en el asunto, pero muchos les temen a los ejidatarios, aunque nosotros no les tenemos miedo porque ya interpusimos una denuncia penal”.En entrevista por separado, la directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, Nora Garza, comentó que ya acordaron redoblar la vigilancia por la zona, además de analizar los casos con expertos en el tema jurídico, ya que, al tratarse de terrenos en litigio, el sólo municipio puede esperar a que se dé un fallo, ya atender a los ciudadanos. Mismo que también dialogará con ejidatarios para tratar de llegar a un acuerdo, adelantó.