Chetumal.- En el contexto de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Estado de Quintana Roo, Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, encabezó las reuniones donde comparecieron José Enrique Torres López, encargado de despacho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); Armando Lara De Nigris, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, y José Alberto Alonso Ovando, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos. Estas comparecencias forman parte del ejercicio de rendición de cuentas impulsado por el Congreso local para revisar los avances y retos en áreas estratégicas del estado.

Alday Nieto subrayó la importancia de estas sesiones, destacando que permiten un diálogo abierto y constructivo sobre el desarrollo de Quintana Roo en materia de desarrollo urbano, fundamental para el crecimiento de la entidad. En su intervención, los funcionarios abordaron temas relacionados con la infraestructura urbana, el acceso al agua potable y la planificación estratégica de proyectos metropolitanos, áreas que juegan un rol esencial en el bienestar de los ciudadanos.

Además de su participación en la Comisión de Desarrollo Urbano, Alday Nieto asistió a la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, donde se discutió y dictaminó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Esta iniciativa busca fortalecer el marco legal y garantizar la transparencia en la administración pública del estado.

Finalmente, el legislador participó en la sesión ordinaria en la que se aprobaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos cambios legislativos incluyen la creación de la Secretaría de las Mujeres, además de la aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto que establece el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, reforzando así el compromiso del estado con la justicia y la equidad de género.