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Opinión

¿Y el Estado de Derecho?

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Mientras los planes de trabajo de un gobierno de cualquier nivel, solo estén plasmado en el papel, sin que en la práctica tengan resultados, la sociedad seguirá sufriendo una escalada de descomposición que van desde la explotación de los niños y las niñas, pasando por la desaparición de personas y el incremento de la violencia en la demarcación.

Como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, “estamos ante gobiernos tecnócratas que realizan planes desde un escritorio, no conocen el campo”. Son teóricos sin misericordia, no saben lo que es el “Humanismo Mexicano” y menos el significado de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Es lastimoso ver como la perrada de los que se dicen “comunicadores”, se lanzan contra aquellas personas que se atreven a levantar la voz ante la injusticia que viven, ejemplo de ello, es la campaña de desprestigio que montaron contra el “las madres buscadoras”; la defensa de un presunto violador de su propia hija, apoyada desde el anonimato por intereses que solo buscan el beneficio propio.

Ahora sí, parece que en Quintana Roo y en sus municipios, lo que importa es beneficiar a los cuates, hacer negocios con los amigos, protegerse entre la camarilla, en detrimento de violar la ley, aplicando la máxima atribuida de Benito Juárez, “para mis amigos, justicia y gracias; para mis enemigos, la ley a secas”.

Hay casos que ya deben ser concluidos, pero sin la menor sospecha de influyentismo, como es aquella represión de la manifestación de feministas del 9 de noviembre de 2020, donde varios compañeros fueron heridos de bala frente al palacio municipal de Cancún.

Otro escándalo reciente es en donde se involucra al presidente del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Quintana Roo, de torcer la ley a favor de una diputada electa, de quien dicen mantienen una relación extramarital; el exesposo de la presunta está encarcelado en Playa del Carmen, acusado de varios delitos y no sé qué más enredos.

Ya ni hablar de los negocios que pueden hacerse al margen del gobierno de cualquier nivel, como las asignaciones directas o la falta de transparencia; eso sí, compran premios para autoalabarse que son las o los mejores, mientras la sociedad sufre en silencio la baja de sus adolescentes, jóvenes, o soportar la desaparición de personas, así como los comerciantes ser extorsionados, desde el más chico hasta el más grandes.

¿Dónde quedó el Estado de Derechos? Eso es lo que quisiéramos saber las y los ciudadanos; por cada vez hay más cuestionamientos sobre el actuar de las instituciones impartidoras de justicia o de la Fiscalía General del Estado. Los cuatro principios fundamentales para un gobierno que se jacte de tener Estado de Derecho son que sus administraciones ejerzan rendición de cuentas claras de sus acciones, que tengan leyes justas, procesos legales rápidos y expeditos, y mecanismos accesibles para resolver disputas entre sus ciudadanos.

Hay que apuntar, que el Estado de Derecho involucra dos componentes principales. Primero, las reglas deben ser aplicadas de manera impersonal, no a conveniencia ni sesgando su interpretación. Esto significa que deben aplicarse de la misma manera a todas las personas, independientemente de quiénes sean. Segundo, las personas que están a cargo de aplicar y hacer cumplir las reglas también están sujetas a las mismas reglas. Si estos dos componentes están constantemente presentes, podemos decir que una sociedad tiene un estado de derecho fuerte.

Parece que estamos abandonados a nuestra suerte, pues quienes deben ser nuestros representantes populares, bailan al son que les marce el tintinar de las monedas que son arrojadas desde la posición del Ejecutivo.

Como sociedad tenemos un largo camino por recorrer en términos de lograr un estado de derecho más fuerte; pero mientras permanezcamos mudos o voceando las injusticias de los poderosos, seguiremos siendo débiles y esa debilidad es directamente proporcional a la fortaleza de quienes nos gobiernan. Al tiempo…

SASCAB
Pensaba en todos los periodos de gobierno que me ha tocado cubrir, que son 4 presidenciales, y voy por el quinto de gobierno estatal, así como más de una decena de municipales, todas y todos reciben capacitación antes de tomar el cargo; sin embargo, mi capacidad de asombro aún no tiene tope, pues el gobierno en turno supera en corrupción, mal versación de fondos, impunidad, tráfico de influencias, nepotismo y prepotencia al anterior. Ahí se las dejo…

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Opinión

Letra muerta derecho de la mujer

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Hoy conmemoramos el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, un flagelo que ha dañado durante siglos a la sociedad y en donde ellas no reciben el trato, el reconocimiento, el salario y menos la distinción que son merecedoras como todo ser humano; hay derechos que todavía sin letra muerta en este tema.

Opino, que los gobiernos municipales deberían de aprovechar la recién creada Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, así como la del Gobierno Estatal, las que ya fueron decretadas para empezar a funcionar, pero hasta ahora no hay un programa, proyecto y presupuesto sólido a ejercer.

Desde el Gobierno Federal, la Secretaría de las Mujeres (SM) busca garantizar a todas las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos a través del diseño, coordinación y evaluación de políticas, planes y programas destinados a erradicar cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres en toda su diversidad, así como promover la igualdad de género.

Al estar a cargo del Poder Ejecutivo, una Secretaría de las Mujeres, estaría vinculada en proyección y presupuestalmente a la Administración Federal, es decir contaría con mayor presupuesto, tendría sedes en otros estados y podría operar programas. Además, ser parte del gabinete implicaría acceder a reuniones de gobierno desde otro nivel.

El reto es mayúsculo, porque no solo hablamos de las mujeres en el poder, sino de las amas de casa, de las empresarias, de las discapacitadas, de las indígenas, de las que se encuentran en pobreza extrema, entre otros muchos factores; las políticas públicas tienen que ser atendidas desde lo local, o sea, desde el gobierno municipal.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las mujeres tienen derecho a I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; III.

Recibir información veraz y suficiente en formatos accesibles que les permita decidir sobre las opciones de atención; IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; V. Recibir información médica y psicológica; VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite; VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y personas defensoras de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las mujeres con discapacidad tendrán derecho a que los procedimientos sean accesibles y a que se realicen los ajustes de procedimiento necesarios para ello. Las mujeres sordas tendrán derecho a contar con interpretación en lengua de señas mexicana, la cual será proporcionada gratuitamente.

El discurso es bueno, pero todavía falta aterrizar todas las leyes y reglamentos que garantizan la erradicación de la violencia contra la mujer; pero para todo ello, es necesario contar con un presupuesto, pero que para el 2025, en Quintana Roo, la Secretaría de la Mujer sea una realidad en la operatividad. Ahí se las dejo…

SASCAB
Recientemente he observado las mediciones que realizan algunas páginas de internet en cuanto al desempeño de las y los alcaldes de 100 ciudades más importantes del país. Entre ellas, observé en “alcaldias.org” que la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, tiene el primer lugar en cuanto a aceptación ciudadana con un 90.6%; lógico, este resultado se da si le preguntas a los trabajadores del primer nivel del Ayuntamiento.

Sin embargo, en otra medición (Rubrum) coloca a Yensunni Martínez en último lugar, con un 3.7 de desaprobación por no estar cercana a la gente; además, reprobada en percepción de la seguridad; y en cuanto al desempeño tiene un 3.78 puntos, lo que la coloca en el último lugar como alcaldesa dedicada a su trabajo. Al tiempo…

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Cárteles inmobiliarios; corrupción multicolor

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • • Félix, Borge y Joaquín se acabaron las 39,600 hectáreas de Fidecaribe.

El despojo inmobiliario es el modelo de negocio en auge de políticos de todos los colores. Cuando escuchamos la palabra, la referencia inmediata es el “cártel inmobiliario” del PAN en la Ciudad de México.

Pero no solo es uno, ese de la Cdmx, son varios cárteles inmobiliarios panistas en diferentes estados de la república donde han gobernado o gobierna la corrupción azul.

Tampoco es corrupción exclusiva del PAN. Es transversal a todos los colores.

SE ACABARON LAS 39 MIL HAS. DE FIDECARIBE
Por ejemplo, en Quintana Roo el modelo de negocio comenzó con Joaquín Hendricks Díaz, quien recibió del gobierno de Mario Villanueva Madrid 39 mil 600 hectáreas, que éste a su vez recibió de la federación con el Fideicomiso Caleta Xel Há y del Caribe (Fidecaribe).

Hendricks dio los primeros pasos del despojo de terrenos públicos de alta plusvalía, pero quienes se refocilaron bonito en este esquema de saqueo patrimonial fueron Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, que llevaron a niveles de delirio la posesión masiva de terrenos, tanto, que ahora tienen empresas inmobiliarias.

Carlos Joaquín González Canto no cantó mal las rancheras y salió “más cabrón que bonito” al grado que él fue quien acabó con lo que quedaba de las 39 mil 600 hectáreas de Fidecaribe. Hoy, Agepro, no cuenta ni con medio metro de playa patrimonial. Entre Félix, Borge y Joaquín, se las acabaron. Bastaría con hacer una ligera investigación para conocer la ruta de los terrenos del Fidecaribe.

EL DESPOJO A PARTICULARES VULNERABLES
Pero como la corrupción es una adicción de los grupos en el poder, llegaron los niños verdes y se sublimaron en el despojo. Como ya se habían acabado los terrenos patrimoniales, comenzaron a despojar a propietarios y propietarias de terrenos, casas y departamentos.

En esta transición “histórica”, el niño verde fue cómplice con Carlos Joaquín, quien también despojó a ejidatarios, mujeres y personas-familias vulnerables jurídicamente, con la participación de la familia Joaquín-Rejón, que se fueron locos de contento con su cargamento a Canadá y Yucatán a disfrutar el botín.

NUEVA GENERACIÓN DE DESPOJO
Entonces, los cárteles inmobiliarios por lo que son conocidos los panistas, encabezados por Jorge Romero Herrera y Marko Cortés Mendoza, diseñaron una nueva ingeniería de despojo, que sólo se puede hacer en los estados donde gobiernan. Las mafias desde el poder operan con un sistema que requiere la complicidad de diversas áreas de gobierno: Registro Público de la Propiedad, notarios/as, Fiscalía General del Estado, jueces y magistrados/as, comisiones claves de los congresos como Hacienda y Justicia principalmente y de las mismas Jugocopos.

COMPLICIDAD MATA MILITANCIA
Hay casos en donde el factor de sucesión en un estado, se da más por la complicidad inmobiliaria y demás corrupción entre políticos, que traicionan a los candidatos/as de su propio partido, para favorecer al de oposición, porque les garantiza impunidad, no así el candidato/ta de su propio partido, con quien muchas veces están enfrentados.

Tal es el caso de Yucatán, donde Rolando Zapata Bello (PRI) prefirió apoyar a Mauricio Vila Dosal (PAN) y, luego éste mismo, prefirió apoyar a Joaquín “Huacho” Díaz Mena (Morena), que a su correligionario Renán Barrera Concha (PAN), porque predominó en ambos casos los intereses de corrupción inmobiliaria.

Tanto Rolando Zapata como Mauricio Vila, están denunciados penalmente por encabezar sus respectivos cárteles inmobiliarios. Pero la 4T no alcanza a hacer justicia, porque tampoco mal cantan las rancheras.

En esta nueva generación de enriquecimiento centenario ilícito a través de la política, los priistas fueron los maestros, pero los alumnos azules, verdes, amarillos y hasta guindas (veremos), superan a sus maestros. Usted tiene la última palabra.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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