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Diputada del PRI recicla propuesta legislativa, quiere hacer obligatorio el voto

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CDMX.- (Alejandra Barrera 5toPoder Periodismo ConSentido). Uno de los mayores enemigos de la democracia es sin duda el abstencionismo, cuyas cifras a veces supera por mucho el porcentaje de las personas que acuden a las urnas para emitir su sufragio y decidir quien o quienes estarán al frente de los cargos de elección en México.

Si bien la propuestas tiene sentido, debe señalarse que esta propuesta ya había sido ingresada con anterioridad, por Morena lo que denota la carencia de trabajo legislativo de la congresista quien ha retomado de manera evidente los puntos de la Diputada María Eugenia Hernández Pérez quien en 2021 ingreso dicha propuesta en octubre de 2021 y que puede corroborarse en el boletín 0177 de la pagina del congreso disponible para su escrutinio público dando click aquí:

Ante esta situación, Melissa Vargas Camacho (diputada del Partido Revolucionario Institucional) propuso reformar el artículo 36 de la Constitución Política Mexicana, para sancionar a la ciudadanía que incumpla con la obligación de votar en las elecciones populares, y de esta manera impulsar la participación electoral.

“Establecer el voto como una obligación con sanciones efectivas por su incumplimiento tiende a aumentar la participación electoral, la obligatoriedad del voto también tiene efectos sobre la representatividad, el número de votos válidos, el clientelismo electoral y los valores cívicos de la ciudadanía”, afirmó.

Cabe destacar que el voto, además de ser un derecho constitucional, es la herramienta que legitima la conformación de gobiernos democráticos. No obstante, la legisladora explicó que sancionar a quienes no votan se ha vuelto más relevante debido al alto costo que implica organizar elecciones con baja afluencia.

“El porcentaje de personas que no asisten a las urnas ronda el 35%”, refirió en su iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor, es importante recordar que el Artículo 36 Constitucional establece que votar en las elecciones y en las consultas populares es parte de las obligaciones de la ciudadanía, pero no hace referencia alguna a aplicar sanciones para quienes no cumplan con esta obligación.

Al respecto, Melissa Vargas Camacho detalló que si las sanciones se hacen efectivas éstas podrían aumentar la participación electoral, pues esta iniciativa pretende constituir un primer paso para transformar la cultura política, elevando la calidad democrática y sirviendo para crear un votante comprometido con las prácticas de gobierno.

Por ello llamó a todas las bancadas a considerar su propuesta, a fin de fortalecer el acto más democrático de todos, que es el sufragio popular, como ya sucede en países de Europa y América Latina.

Factores del abstencionismo
En 2023, la consejera Carla Humphrey afirmó que el sistema político requiere de la participación de la ciudadanía ya que una mayor participación de las y los electores conduce a una mayor legitimidad del poder público, pero el abstencionismo ha derivado a causa de la apatía o hasta la falta de credibilidad en los actores políticos participantes.

Destacó que es en las elecciones federales (elecciones presidenciales) en las que históricamente se registra una mayor participación de la población, y aunque este fenómeno ha sido estudiado por múltiples especialistas y larga es la lista de condiciones que lo propicia; consideró que uno de los principales factores es la discriminación, que no ha sido tomado en cuenta como detonante del abstencionismo.

“Estudios tanto del INE o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México reflejan que es el segmento de la población que menos participa en elecciones, cifra que no podemos dejar de vincular con los registros del INEGI que indican que en 2017 un 21.4% manifestó haber sido discriminada, en tanto que para 2022 la cifra creció casi hasta el 30% (28.5%)”.

Países en donde ya tienen establecido el voto obligatorio sancionado
Melissa Vargas Camacho mencionó que Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia ya tienen establecido el voto obligatorio sancionado, consiguiendo un porcentaje del 90% de participación electoral.

Otros países que cuentan con el sufragio obligatorio:

Australia
Bélgica
Brasil (introducido en 1932 por el primer Código Electoral; es facultativo para adolescentes de entre 16 y 17 años, mayores de 70 y analfabetos; Constitución art. 14, inciso 1)
Chile (establecido por primera instancia en 1962, pero abolido en 2012 con la llegada de la inscripción automática; reinstaurado en 2022)

  • Egipto
  • Grecia
  • Honduras
  • Líbano (sólo hombres)
  • Luxemburgo
  • Nauru
  • Paraguay (por encima de 75 años, es facultativo)
  • Perú (introducido por la Constitución de 1933; por encima de 70 años, es facultativo)
  • República Democrática del Congo
  • Suiza (Cantón de Schaffhausen)
  • Singapur
  • Tailandia

Finalmente cabe señalar que esta iniciativa no es del todo nueva pues hace tan solo algunos años en el 2021 la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó una iniciativa similar para elevar a rango constitucional la obligación de los mexicanos de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato y estimular entre sus familias y comunidades esa forma de participación, para fortalecer la democracia y soberanía popular.

La propuesta para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Y aludía exactamente a los mismos preceptos de la actual propuesta En los considerandos, señala que, si bien el votar es un derecho, es muy importante remarcar la disposición constitucional de que votar también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales.

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PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.

Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.

La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS

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México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.

Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.

Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.

La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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