Chetumal (Samuel Caamal / 5to Poder).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó más de 300 millones de pesos de recursos públicos federales que desaparecieron de las arcas del anterior gobierno municipal de Solidaridad, sin que ninguna autoridad sepa dónde están. Se trata del boquete financiero más grande a nivel municipal identificado en el último informe de dicho organismo.

Se detalla que el ayuntamiento de Solidaridad, entonces encabezado por la morenista Laura Beristáin, adquirió en 2021 cuatro camiones de bomberos, 26 patrullas, 178 contenedores de basura y más de una tonelada de emulsión para bacheo, para beneficio, principalmente de su cabecera, Playa del Carmen, en una transacción presuntamente irregular.

La auditoría al municipio arrojó que el ayuntamiento pagó esos contratos con dinero sobrante de las participaciones federales que se le transfirieron en 2020.

Es decir, en vez de regresarlos a la Tesorería de la Federación, el gobierno municipal decidió utilizar esos remanentes del 2020 para el pago de dichos bienes adquiridos durante 2021, un manejo de recursos que viola lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Y lo grave es que 300 millones de pesos que la Federación le transfirió al gobierno municipal para que los ejerciera en 2021, se desconoce su destino, pues no hay evidencia de que hayan sido ejercidos por el ayuntamiento encabezado por Beristáin.

Cuando en 2022, la ASF solicitó al actual gobierno municipal que presentara evidencia documental del uso de ese dinero, como parte de la fiscalización a la administración anterior, no se encontraron documentos para justificar el uso de esos recursos.

En tanto, 326 millones 667 mil 900 pesos que la Federación entregó al municipio de Solidaridad en 2021, se desconoce su paradero, es el presunto desfalco más grande identificado en la Cuenta Pública de ese año en un gobierno municipal, de acuerdo con la información de la base de datos de la ASF.

Por ello, el informe de la ASF solicitó al ayuntamiento aclarar el destino de ese monto y además, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes para sancionar a quienes hayan hecho mal uso del dinero.