Ciudad de México.- Luego de no poder garantizar el pago de la reparación del daño realizado durante su gestión en Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya se enfrentará a un proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, cuya apertura fue ordenada por el juez de control Gerardo Alarcón.

Durante la audiencia celebrada esta noche, el juzgador excluyó totalmente 24 de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y 12 más de forma parcial, argumentando que algunas de ellas fueron conseguidas violando los derechos humanos del indiciado.

Por otro lado, el juez admitió el testimonio de 20 personas, cuya identidad no ha sido revelada aún, las cuales aportarán datos y declaraciones a favor de Lozoya Austin, a quien se acusa de tratos fraudulentos que favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht. 

La petición de la Fiscalía General de la República es de 46 años y 6 meses de prisión para el exdirectivo de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien intentó evitar el proceso judicial prometiendo información de otros implicados en hechos de corrupción y una cuantía económica, mismas que no se concretaron según la autoridad.

También solicitó que a Lozoya se le condene al pago de la reparación del daño por un millón 385 mil dólares por lavado de dinero y 5 millones 951 mil 351 dólares por cohecho.

Asimismo, la Fiscalía pide una pena de 21 años y 3 meses de prisión para Gilda Austin y Solís, madre del ex funcionario. La audiencia de este lunes duró poco más de 7 horas.

La defensa de Lozoya informó al juez sobre el amparo que presentó este lunes para reclamar la falta de personalidad jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos.

En la audiencia intermedia —etapa de exclusión de pruebas—, la FGR se mantuvo en la acusación y la solicitud de pena de prisión contra el ex funcionario, las cuales ha sostenido desde enero y noviembre de 2022, así como en enero y marzo de 2023.

Por su parte, Emilio Lozoya Austin describió las acciones de sus abogados para acceder a un criterio de oportunidad, quienes han insistido desde abril de 2022 en cumplir el monto de reparación del daño establecido por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que asciende a más de 200 millones de pesos, pero por “alguna razón” se suspendieron las negociaciones para el acuerdo reparatorio, con la que buscar evitar que se le enjuicie.

Lozoya argumentó que en el marco de su “ofrecimiento completo” accedió a la extradición a México y denunció —sin decir nombres en la audiencia— a responsables: a un senador de la República y un ex diputado federal.

La defensa promovió un “incidente de falta de personalidad” para que Pemex y la UIF no fueran considerados como víctimas y ofendidos por los hechos imputados a Emilio Lozoya Austin.

Fuente El Heraldo de México