Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- Ante el inminente ingreso legal y oficial de Uber, los sindicatos de taxistas de Quintana Roo ya trabajan con sus departamentos jurídicos para interponer recursos legales para intentar frenar la entrada de la plataforma al estado.

La decisión de aceptar o rechazar el amparo de la plataforma de viajes está en manos de Gloria Luz Reyes Rojo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, donde está radicado el expediente 334/2019 que promovió la compañía.

El pasado miércoles, el juzgado tendría que haber aprobado la solicitud de Uber; empero, los taxistas presionaron para, con base en la Ley de Movilidad, no se dé entrada legal y oficial a la plataforma, que nunca ha dejado de operar desde 2017.

Los taxistas de Benito Juárez se plantaron a las afueras de los juzgados federales, en la avenida Andrés Quintana Roo, amenazando con paralizar todo el estado si se da luz verde y se permite la entrada de la plataforma alemana de viaje.

Ruleteros de Cancún, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Chiquilá, Holbox, Kantunilkín, Leona Vicario, Puerto Morelos, Nuevo Xcan, José Mara Morelos y Felipe Carrillo Puerto presionan para negar el ingreso legal de Uber.

El presidente del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que aglutina a 19 agrupaciones en Quintana Roo. Eleazar Sagredo Ordóñez, dio a conocer la estrategia jurídica que mantendrán los choferes de taxis en la entidad.

“Se seguirán defendiendo por medio de juicios, amparos, atenuantes y lo que tengan que hacer los jurídicos, no vamos a ceder”, advirtió el también secretario general del sindicato de taxistas Tiburones del Caribe, del municipio de Tulum.

Sagredo Ordóñez dijo que si se aprueba el ingreso de Uber se podrían movilizar los 35 mil taxistas que hay en estado, y amenazó con “un levantamiento social, ya que de concederse el amparo se tendría que convocar como frente (FUTV)”.

“Nunca les hemos prohibido operar dentro de los límites de la ley, pero se pretende quebrantar la soberanía del estado al no aplicar sus leyes”; sin embargo, el líder estatal taxista omitió decir que por encima de las legislaciones estatales está la Constitución mexicana.

El dirigente descalificó el alegato de que no es un servicio público, sino una transacción entre particulares y, por ende, la Ley de Movilidad no les aplica, pese a que hace un año la Suprema Corte de Justicia reconoció que “los servicios de Urbe son privados”.

Uber tiene registro de mil 500 operadores desde diciembre de 2017 en la entidad, cuando suspendió operaciones por los ataques de taxistas, lo que provocó la muerte de dos personas por agresiones, sin que a la fecha haya detenidos por esos hechos.

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito enlistó el amparo 334/2019 y dos asuntos relacionados —amparo 346/2021 y el incidente en revisión 165/2021— porque el proyecto no se publicó con al menos tres días de anterioridad, como marca la Ley de Amparo.