Internacional
Protestas en Perú dejan 17 muertos, nueve en el primer día de estado de emergencia

Perú.- Un total de 17 manifestantes han muerto en las protestas contra el Gobierno, nueve de ellos en esta jornada, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.
El foco de tensión estuvo este día en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una regiónespecialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó este jueves la muerte de siete personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben “renunciar inmediatamente al cargo”, y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.
Además, pide que se detenga de inmediato del uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Otros dos fallecidos en la jornada se reportaron en la norteña región de La Libertad.
Este día entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamento.
Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron este domingo en varios puntos del país.
Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se remecían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024″, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que “existe periodo procesal de fuga” y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
El juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una “medida de comparecencia con restricciones” para Torres.
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del mismo, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.
Fuente López DórigaDigital

Internacional
TRASLADAN A ESTADOS UNIDOS A 26 DELINCUENTES QUE OPERABAN DESDE PRISIONES MEXICANAS: EXTORSIONES, SECUESTROS Y REDES CRIMINALES

Los reos, vinculados a organizaciones delictivas, coordinaban crímenes desde cárceles mexicanas. El operativo internacional busca desarticular redes que operaban impunemente desde el sistema penitenciario.
Ciudad de México, 13 de agosto de 2025 — En una acción conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses, 26 internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos cometidos mientras se encontraban recluidos en cárceles mexicanas. La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles de EE. UU., representa un golpe directo contra estructuras criminales que operaban desde el interior del sistema penitenciario.
Los reos, con antecedentes por secuestro, extorsión, robo y asociación delictuosa, mantenían redes activas de crimen organizado desde sus celdas. De acuerdo con las investigaciones, utilizaban teléfonos celulares, amenazas y complicidades internas para coordinar actividades ilícitas en varios estados del país. Algunos de ellos fungían como líderes operativos, dando órdenes a células criminales que ejecutaban extorsiones y secuestros con total impunidad.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, en aeronaves especiales y con escoltas federales. Las autoridades señalaron que esta acción responde a acuerdos bilaterales para combatir el crimen transnacional y evitar que las cárceles mexicanas sigan siendo centros de mando para organizaciones delictivas.
“Este operativo envía un mensaje claro: no permitiremos que la prisión sea un refugio ni una oficina para la delincuencia”, declaró un vocero de la SSPC. La extradición de estos 26 individuos marca un precedente en la cooperación internacional y abre el debate sobre la urgente necesidad de reformar los sistemas de seguridad y vigilancia en los penales del país.
Con esta medida, se busca frenar el poder que algunos reos han logrado acumular desde prisión, y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Internacional
CUMBRE EN ALASKA: ENCUENTRO CLAVE ENTRE LÍDERES MUNDIALES EN MEDIO DE LA CRISIS EN EUROPA DEL ESTE

Este viernes se llevará a cabo una cumbre bilateral en Anchorage, Alaska, entre dos de los principales líderes mundiales, en un intento por abordar el conflicto armado que ha afectado a Europa del Este desde 2022. Será el primer encuentro de alto nivel en varios años y el primero en territorio estadounidense desde mediados de la década pasada.
La reunión se realiza en un contexto de creciente presión internacional. Diversos países han expresado su preocupación por quedar excluidos de las negociaciones, especialmente ante rumores de posibles concesiones territoriales. Voces regionales han reiterado que no aceptarán la cesión de regiones ocupadas ni renunciarán a su soberanía.
Uno de los mandatarios ha bajado las expectativas sobre un acuerdo inmediato, calificando la cumbre como “una reunión para tomar el pulso”, aunque insinuó que podrían surgir “cambios en la tierra”. El otro líder ha condicionado cualquier alto al fuego a exigencias que se consideran inaceptables, como la retirada de tropas y la renuncia a alianzas estratégicas.
La elección de Alaska como sede no es casual: históricamente vinculada a ambos bloques, el estado representa un punto simbólico donde Oriente y Occidente se encuentran. Analistas advierten que el encuentro podría legitimar posiciones en el escenario internacional, mientras continúan los avances militares en la región.
🔹 La comunidad internacional observa con cautela. El desenlace de esta cumbre podría marcar un giro decisivo en el conflicto.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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