Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo el segundo llamado en los últimos dos años al Estado mexicano por las violaciones a la legislación ambiental y a los derechos humanos en que incurre el megaproyecto del Tren Maya.

En el nuevo llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador participaron nueve relatores y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, hecho que al mismo tiempo refuerza las denuncias sobre violaciones y abusos. 

Un colectivo liderado por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que expertos de nueve relatorías especiales piden al gobierno mexicano y a las empresas vinculadas “abordar (reconocer) los impactos negativos del Tren Maya.

En un comunicado se añade que varios colectivos, comunidades indígenas, defensores, la academia y organizaciones sociales “hemos denunciado durante años las violaciones a la legislación ambiental y a los derechos humanos en que ha incurrido el megaproyecto”.

El grupo de organizaciones de la sociedad civil hace un llamado enérgico al gobierno y empresas relacionadas con esa obra, a atender de forma inmediata y rigurosa los puntos señalados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU relacionados con el ferrocarril.

Los expertos manifestaron su “preocupación porque el Tren Maya (…) pone en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, a los culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”.

En el comunicado publicado el pasado 7 de diciembre se destaca la participación de nueve relatores en la elaboración del documento, la segunda ocasión en dos años que hay una “recomendación” de ese tipo dirigida al Estado mexicano por el Tren Maya.

“Eso confirma que esa obra conlleva impactos negativos en diversos ámbitos como el ambiental, el social y el cultural, tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde hace cuatro años cuando fue anunciado el proyecto”, sostiene el colectivo liderado por el Cemda.

También se manifiesta preocupación por la falta de cumplimiento a la debida diligencia, y el limitado acceso a la justicia para los opositores al tren, quienes “se enfrentan a amenazas y ataques, y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial”.

“El Poder Judicial de la Federación retarda los procesos, se niega a otorgar medidas cautelares e incluso “extravía” expedientes. Frente a eso, diversas organizaciones presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal sin que hasta ahora haya una respuesta”.

“El gobierno mexicano debe tomar medidas adicionales pro derechos humanos y al medio ambiente, y catalogar el proyecto de «seguridad nacional» no permite a México eludir su obligación internacional”, advierten los expertos de la ONU.

Los relatores añaden que “respetar y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por el megaproyecto, y proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales es obligación e todos los países adheridos al organismo internacional.

La ONU expone que las omisiones del gobierno permiten que los abusos sigan sin ser abordados y no garantizan el desarrollo social, económico inclusivo y sostenible para los estados que atravesará, y manifiesta su “creciente preocupación” por la participación del Ejército en la construcción y manejo del proyecto.

“Los puntos de la ONU coinciden con las denuncias de defensores, comunidades, colectivos y organizaciones por violación a la legislación ambiental y a la obligación de privilegiar el consentimiento libre, previo e informado en una consulta, misma que a la fecha no ocurre.”

Se pide al gobierno “evaluar de forma transparente los impactos reales y potenciales, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, antes de cualquier decisión futura para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo”.

El segundo llamado de Naciones Unidas, que no es cosa menor, ocurre en un contexto en que comunidades, expertos académicos, organizaciones y personas afectadas han sido estigmatizadas por alzar la voz y denunciar los impactos del tren maya.

En ese sentido, Greenpeace, el Cemda, el Grupo Ecológico del Mayab (Gema), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Siempre Unidas y Jaguar Wildlife Center, investigadores y particulares exigen detener las obras hasta que se evalúen en impacto ambiental en forma completa, no en partes, no en segmentos.