Solidaridad.- Porque en este gobierno humanista con corazón feminista los compromisos se cumplen, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a 488 familias solidarenses igual número de títulos de propiedad de las colonias “Luis Donaldo Colosio” y “Cristo Rey”, de Playa del Carmen, con lo que comienzan una nueva historia de vida.

“Inicia un futuro de seguridad y de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra que de manera legítima les pertenece, pero que durante mucho tiempo los gobiernos pasaban y se conformaban con la idea de que el problema era tan complejo que preferían dejarlo a la siguiente administración, abandonando en la incertidumbre a cientos de familias, a miles de historias de seres humanos que son la base que erige este gran destino”, expresó la Gobernadora.

Acompañada de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la gobernadora de Quintana Roo recordó que la titulación de la colonia Colosio es un compromiso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregó los primeros 1 mil 774 títulos, y ahora con las gestiones de la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum, se entregan los documentos de hoy.

Los 488 títulos entregados hoy, con la presencia del delegado regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), Armando Rivas, corresponden a lotes habitacionales de las colonias Colosio y Cristo Rey.

Mara Lezama agradeció la colaboración de las distintas instituciones estatales y federales que contribuyen para que estas familias puedan obtener sus títulos, como el subsidio y la absorción de los costos de titulación que normalmente correspondería al beneficiario y cuyo costo para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio es del orden de los 7 mil 057 pesos por cada título, lo que representa un subsidio de 3 millones 408 mil 531 pesos por los 488 títulos.

“De eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de una nueva forma de gobernar, de buscar el cómo si podemos llevar desarrollo, sí, pero con prosperidad compartida. No ha sido fácil, nos faltan otras entregas, pero no tengan duda que seguimos trabajando en busca de soluciones y nunca más dar pretextos como antes sucedía”, enfatizó la Gobernadora.

El evento se realizó en las instalaciones del Poliforum de Playa del Carmen, lo que representa un acto de justicia social, de bienestar y prosperidad compartida, en el que participaron de manera coordinada por la SEDETUS con los tres niveles de gobierno y varias dependencias del Gobierno de Quintana Roo.

Lorenzo Pérez, beneficiario de Cristo Rey, agradeció esta entrega de su título de propiedad, que venía gestionando desde hace muchos años.

Atestiguaron esta entrega de títulos de propiedad la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Armando Lara De Nigris; el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos, José Alberto Alonso Ovando; el coordinador de programas sociales federales, Arturo Abreu Marín. También la beneficiaria Julieta Durán.

Solidaridad (Carlos Águila Arreola/5toPoder).- La empresa “Calizas Industriales del Carmen” (Calica), subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials, dio un golpe sobre la mesa en su disputa con el gobierno mexicano, de la mano del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

EI TFJA desechó el lunes una apelación interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra la suspensión de una multa de siete millones 985 mil 53 pesos, que se había impuesto a Calica en 2020.

La multa obedeció a una clausura en el predio El Corchalito. La sentencia definitiva que desestimó la apelación fue dictada dentro del expediente 73/21-EAR-01-6 en un juicio de nulidad administrativa.

En ese caso, la suspensión definitiva fue ganada por Calica en octubre de 2024, en un proceso legal en el que la empresa de origen estadunidense logró revertir la multa millonaria y la clausura aplicada sobre su predio en el sur de Playa del Carmen, que tenía una superficie superior a las dos mil 200 hectáreas.

Calica inició un juicio de nulidad administrativa después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró en el año 2020 los predios de la empresa por actividades extractivas.

Aunque la dependencia presentó un recurso de reclamación contra la decisión del tribunal administrativo, este fue desechado por ser improcedente, lo que dejó sin efecto la posibilidad de que el gobierno federal cobrara la multa.

Además de la clausura en El Corchalito, la Profepa también había impuesto medidas similares dos años después, en 2022 sobre otros predios de Calica, como La Adelita y La Rosita.

La empresa, que durante décadas ha extraído material pétreo en esos terrenos, ahora centra su lucha en anular el decreto que establece el Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, impuesto por Andrés Manuel López Obrador.

Calica está impedida a realizar actividades extractivas en sus predios.

Con esa decisión judicial, Calica avanza en su defensa legal, mientras el gobierno federal pierde la posibilidad de cobrar la millonaria multa, lo que podría tener implicaciones en las futuras acciones legales relacionadas con la empresa.