“Estallan por inseguridad en Cancún”

Cliserio E. Cedillo Godínez* /5to Poder

El alto número de delitos dolosos en el norte de Quintana Roo, sobre todo por los atentados, ejecuciones y desapariciones forzadas (más de dos mil desde el 2018) que a diario incrementan las estadísticas llevaron al límite a familiares de víctimas desaparecidas que, apoyados por organizaciones defensoras de derechos humanos, estallaron en protestas en la mismísima Zona Hotelera de Cancún. Fue así que el martes 15 fue cerrado por más de ocho horas el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 11.5, causando severos daños a la hotelería, turistas, trabajadores y empleados.

Las pérdidas causadas por esa manifestación fueron millonarias, dijo Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), quien exigió llegar al fondo del asunto. Consideró que el grupo de familiares de personas desaparecidas no actuó por su propia cuenta, sino que fueron manipulados para llevar a cabo ese bloqueo. 

Recordó que hay un reglamento que prohíbe bloquear la zona hotelera por el motivo que sea, y por ello el sector va a exigir que se cumpla: “Vamos a llegar al fondo del asunto hasta ver quiénes manipularon a esta gente, y que se resarzan los daños”, advirtió.

Los daños al turismo, efectivamente, fueron cuantiosos, millonarios: se tuvieron que desviar varios vuelos a otros destinos y al menos 250 turistas perdieron su vuelo programado. Así mismo, dijo que un avión de American Airlines a Cancún tuvo que cancelar su aterrizaje hasta el día siguiente, lo que demuestra el daño causado al turismo de este destino. Muchos trabajadores hoteleros no llegaron a tiempo a sus fuentes de empleo por lo que se tuvieron que doblar turnos, mientras que muchos turistas quedaron atrapados en medio del bloqueo.

Jesús Almaguer no habló del daño a la imagen del destino, de por sí desprestigiado por el alto número de ejecuciones, balaceras y asesinatos de inocentes víctimas de las balas perdidas, que a diario se muestran en las notas rojas, como en Al momento de 5to Poder Periodismo ConSentido. Es cierto, si hay culpables de este bloqueo al bulevar Kukulcán, iniciado con una manifestación frente a la “Casa Rosa del Gobierno del Estado”, donde los manifestantes pensaban encontrar a la jefa del ejecutivo Estatal, Mara Lezama.

SI HAY CULPABLES 

Y reiteramos, sí hay culpables. Son las autoridades, desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca y la propia presidenta municipal, Ana Patricia Peralta. Ya quedó claro que la política de “abrazos, no balazos”, instituida por el ejecutivo federal, es un fracaso ¿por qué insistir en ella? Esa es la respuesta que todos esperan. 

Es cierto hay ineficiencia, falta de eficacia y tolerancia, tanto que ha permitido la impunidad en cientos, quizás miles de delincuentes, empezando por las cabezas de los cárteles, como lo vimos en Sinaloa con la captura de Ovidio Guzmán Loera, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el pasado 17 de octubre de 2019, que de inmediato fue puesto en libertad por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que reconoció que fue él, y no su gabinete de seguridad como había dicho con anterioridad, el que ordenó la liberación del presunto delincuente.

El presidente puede tener muchas razones para actuar de esa forma, pero como jefe del ejecutivo federal su ejemplo es orden o instrucción directa para sus subalternos, como son los gobernadores y los mismos presidentes municipales. Bien pudo decir que se actúa con impunidad para “no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa…” Solo que en la guerra entre cárteles hay muchos inocentes muertos.

Pero ese actuar de un jefe del ejecutivo federal no es una razón para salvar inocentes, porque las drogas destruyen y matan a cientos de inocentes todos los días y no precisamente por balas perdidas, sino por el veneno que portan y que se permite distribuir. Entonces no se piensa en inocentes, sino en que los gobiernos de todos los niveles son rehenes del crimen organizado.

Lo anterior, considero que es el meollo del asunto y origen de la manifestación en la Zona Hotelera de Cancún, donde activistas identificados como Colectivos Quintanarroenses en contra de la Corrupción e Impunidad en el estado bloquearon durante más de ocho horas el bulevar Kukulcán y, entre otras exigencias, pidieron la remoción del fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca. Esos manifestantes llegaron hasta la Casa Rosa, sede del despacho de la gobernadora en la zona norte de Quintana Roo, donde esperaban encontrarla. 

Pasaron horas de espera hasta que fue enviado a negociar con ellos Jorge Aguilar Osorio, secretario general de Gobierno de Benito Juárez, pero el acuerdo llegó tarde, después de ocho horas las afectaciones habían causado estragos y pérdidas millonarias, pues los manifestantes exigían hablar por teléfono con la gobernadora Mara Lezama, hasta que finalmente, dijo el enviado, los recibiría el jueves anterior, a las 17:30 horas, aunque ya no se supo nada.

Entre los inconformes por la falta de atención de las autoridades judiciales, sobre todo, se contó a familiares de desaparecidos, socios de Uber, miembros de la asociación “Verdad, Memoria y Justicia”, “Quintana Roo, Hasta Encontrarles”, “Somos Tus Ojos” e integrantes de otras asociaciones, quienes llevaron mantas y pancartas escritas al momento de la manifestación. Una lona de gran tamaño obstruía los carriles de sur a norte del bulevar Kukulcán, frente a la “Casa Rosa”, con la leyenda: “Mara Lezama, si no puedes renuncia”.

DESESPERACIÓN, AL LÍMITE

Después de casi ocho horas de bloqueo, la desesperación de los manifestantes llegó casi al límite, pues no eran atendidos y sabían de los estragos que estaban causando contra el turismo, pero no había nadie con seriedad y facultades para llegar a algún acuerdo con ellos. 

Entre los manifestantes se encontraba la portavoz de los socios de Uber, Águeda Esperilla, quien apoyada por algunos socios mostró 72 carpetas de investigación donde se denuncia agresiones o daños causados por taxistas, quienes deambulas impunemente. Dijo que para hacer frente a la impunidad tuvieron que aliarse con otros colectivos, porque la mesa de diálogos que prometió la autoridad nunca fue instalada.

La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, nos dijo que sancionarían a los taxistas violentos, pero nada nos ha cumplido. Recordó que el domingo anterior tres taxistas le cerraron el paso a un Uber en la Zona Hotelera y bajaron a la fuerza a dos extrajeras, que se llevaron con ellos. El conductor llamó al 911 para reportar la privación de libertad, después de que estas mujeres lo contactaran por celular, pero no fueron atendidos. La mujer lamentó que no solo son ellos. “Son muchos quienes padecemos la falta de compromiso de las autoridades y no es posible que ni siquiera por teléfono nos puedan pasar a la gobernadora”, añadió la vocera.

Fabiola Cortés Miranda, presidente de la asociación “Somos Tus Ojos”, explicó que el pasado 14 de octubre entregaron un oficio solicitando la remoción del fiscal Óscar Montes de Oca por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detallados en 60 carpetas de investigación, mayormente por obstrucción al acceso de la justicia. Dijo que ha pasado un mes sin respuesta. Afirmó que la gobernadora Mara Lezama es la única que puede iniciar este proceso de remoción, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución del Estado.

Aseguró que, al no haber respuesta formal por parte de la gobernadora a esta exigencia, las protestas han ido escalando en intensidad, pues el pasado lunes de esta semana estos mismos colectivos protestaron en la entrada de la Vicefiscalía general del Estado en Cancún, exhibiendo nuevos casos de corrupción como el de una ciudadana de origen checo, quien acusó a la dependencia de solicitarle medio millón de pesos para emitir una Alerta AMBER por la sustracción una de sus hijas menor de edad.

Por su parte, Moisés Arauco, uno de los inconformes, criticó que después de dos horas, no pueden siquiera gestionarles una llamada telefónica con la gobernadora, para que se comprometa a atenderlos; “con que ella nos atendiera vía telefónica, ya se habría resuelto esto”. En tanto que Deysi Blanco comentó que solo les mandan “gatos” de la gobernadora, pero ella no quiere atenderlos ni siquiera por teléfono y los fiscales “se hacen pendejos porque están vendidos”.

*Periodista con 48 años de experiencia en radio, diarios nacionales y estatales; tlacaelelcedillo3@gmail.com