Nacional
Gobiernos tienen 11 mil mdp sin aclarar; estados concentran boquete financiero

Ciudad de México.- De los 11 mil 149 millones de pesos por aclarar reportados en la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2021, 63% corresponde al gasto federalizado ejercido en los estados y municipios.
Entre los pendientes por solventar por parte del gobierno federal destaca el de la Comisión Federal de Electricidad, con mil 634 millones de pesos de cuentas por cobrar.
El reporte de la Auditoría Superior de la Federación, entregado ayer a la Cámara de Diputados, indica que de los siete mil 122 millones de pesos de gasto federalizado que deberán aclararse este año destacan los recibidos por los gobiernos locales bajo el concepto de seguridad, por mil 343 millones. En educación, el monto pendiente es de mil 750 millones y en infraestructura social, de mil 269 millones.
Liconsa tiene por solventar una cantidad de 258 millones, adicionales a los nueve mil 500 que se acumularon en Segalmex.
Además, más de dos mil 913 millones de pesos son recursos no solventados por parte de las secretarías de Agricultura, Economía, Trabajo e Infraestructura, empresas productivas del Estado y el Conacyt.
El auditor David Colmenares dijo a los legisladores que la ASF ha presentado en el último año más de 30 denuncias ante la FGR relacionadas con irregularidades de alto impacto, que podrían constituir delitos.
AUDITORÍA: FALTAN POR ACLARAR 11,149 MDP
La segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2021 reporta un monto de 11 mil 149 millones de pesos por aclarar. El 63% corresponde al gasto federalizado que se ejerció en estados y municipios.
De los recursos pendientes por solventar por parte del gobierno federal, destaca el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corporativo con mil 634 millones de pesos.
De los montos observados por la Auditoria Superior de la Federación que ayer entregó dicho reporte a la Cámara de Diputados, hubo una recuperación de 643 millones de pesos.
De los 7 mil 122 millones de pesos que en el rubro del gasto federalizado deberán aclararse en lo que resta del año, destacan los recibidos por los gobiernos locales en 2021 por concepto de seguridad con un monto observado pendiente de mil 343 millones.
En educación, la cantidad a solventar suma mil 750 millones; en infraestructura social mil 269 millones; en saneamiento financiero, es decir el recurso destinado para arreglar sus deudas mil 732 millones de pesos.
Y por participaciones referidas a fondos diversos como los de infraestructura social, los estados y municipios en términos globales deberán aclarar mil 22 millones de pesos.
El monto de los 11 mil 149 millones de pesos suma los 836 millones de pesos corresponden a la primera entrega y los 10 mil 312 millones de pesos de esta segunda entrega que ayer presentó vía zoom a la Cámara de Diputados, vía zoom, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
El nuevo reporte contiene 692 informes individuales derivados de 102 auditorías de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y 564 con ambos enfoques.
Dentro de la segunda entrega, existen 506 auditorías que contienen los denominados pliegos de observación, instrumento jurídico mediante el cual la ASF da a conocer a las entidades fiscalizadas las observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, en las que se determina un presunto daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. De esa cifra, 339 corresponden al gasto federalizado.
De la administración federal, destacan 10 cuentas por cobrar de la CFE Corporativo, esto significa que se trata de recursos pendientes que esa empresa no ha podido cobrarles a sus deudores, incluidos algunos fideicomisos, servicios a terceros, adeudos del área jurídica, pólizas y reclamaciones de seguros.

Vía zoom, el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, dijo que se han presentado más de 30 denuncias ante la FGR. Foto: Especial
Se trata en cuanto a esta segunda entrega de informes, de la observación con un mayor monto observado en el caso de la administración del gobierno federal, con mil 634 millones pesos.
Igualmente figuran la Comisión Nacional del Agua por el Túnel Emisor Oriente con 120 millones de pesos.
Hay observaciones también por la subcontratación de servicios con terceros para el ISSSTE POR 282 millones de pesos
Y para Liconsa está pendiente por solventar una cantidad de 258 millones que se estaría sumando a los 9 mil 500 que se acumularon a Segalmex en las cuentas públicas e informes que corresponden al actual sexenio.
En el caso de obras federales hay recursos por solventar en el caso de la ampliación del tren eléctrico de Guadalajara por 419 millones de pesos.
Más de dos mil 913 millones son recursos no solventados por las secretarias de Agricultura, Economía, Trabajo e Infraestructura, empresas productivas del Estado y Conayct.
En el acto de entrega, el diputado Victoriano Wences Real (PT) comentó que el 85% de las auditorías son de cumplimiento con énfasis en obras de infraestructura
Dijo el petista que resulta fundamental revisar las considerables irregularidades que se presentan a nivel estatal y municipal
Acción Nacional, por conducto del diputado Iván Arturo Rivera señaló que “contrario a su promesa de acabar con la corrupción, ésta se ha normalizado. Advertimos desde 2019 que se abusa de la figura de adjudicación pública con 8 de cada 10 contratos”.
Comentó el panista que el mayor abuso se ha dado en 99% de las adjudicaciones directas en Insabi y en 98% en Segalmex.
El diputado Rivera remarcó que en el escándalo en Segalmex arrojaba al cierre de 2021 irregularidades por casi 10 mil millones de pesos.
Por Morena, habló el diputado Emmanuel Reyes Carmona, dijo que el modelo de país donde predominaba la corrupción, el despilfarro y la falta de transparencia ha quedado en el pasado.
El auditor Colmenares dijo a los legisladores que en el último año la ASF ha presentado más de 30 denuncias ante la fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con irregularidades de alto impacto que podrían estar constituyendo delitos. Dijo que se tiene un listado de alrededor de 2 mil servidores públicos sancionados por asuntos que ya son cosa juzgada.
Reitero que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con actos de corrupción, habiendo en términos de la ley, la posibilidad de aclarar y solventar posteriormente las observaciones”, precisó el auditor Colmenares.
Fuente Excelsior

Nacional
Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa
El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.
“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados
Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.
“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.
Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos
Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.
Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.
Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?
Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.
No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.
¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?
Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.
- La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
- Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
- La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación
Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.
Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.
“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.
El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.
Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.
Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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