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Blindaje legal del Tren Maya cuesta 44 mdp

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Ciudad de México.- El despacho que se encargó de estructurar legalmente el proyecto del Tren Maya, obra emblemática de la 4T, fue beneficiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios para asesoría legal, aunque no tan jugosos como el otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Woodhouse Lorente Ludlow recibió en el primer año de la actual administración 44 millones de pesos para blindar legalmente al proyecto ferroviario que se levanta en el sureste.

De acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios para Asesoría Legal para la Estructuración Jurídica del Tren Maya, el despacho recibió dicha suma por los servicios prestados entre el 19 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

El documento estableció que la firma legal debió realizar los estudios y análisis de la legislación aplicable al proyecto del Tren Maya, como la propia constitución, norma y reglamentos vigentestratados internacionales y disposiciones de carácter general, entre otros.

De igual modo, en el lapso señalado, que fue cuando comenzaron las licitaciones para la obra, Woodhouse Lorente Ludlow debió acompañar y asesorar al Fonatur en las presentaciones ante autoridades, fondos e inversionistas.

El sitio web de la firma señala que desde su fundación, en 2009, brinda una gama completa de servicios legales a clientes locales e internacionales en áreas como proyectos e infraestructura.

En el sexenio pasado, el despacho obtuvo un contrato de 14.2 millones de pesos para asesorar a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el proyecto del viaducto elevado La Raza – Indios Verdes – Santa Clara, el cual fue asignado en 2016 a la empresa Concesionaria Viaducto Indios Verdes (Covive).

A finales de 2019, inversionistas afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prometieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un capital de siete mil 560 millones de pesos para construir esta obra.

Woodhouse Lorente Ludlow también obtuvo un contrato por 10.5 millones de pesos en 2017 con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para la implementación de una Cámara de Compensación que administraría de forma centralizada los contratos asignados a través de Subastas de Largo Plazo, antes de que fueran canceladas a inicios de la presente administración.

Ambos contratos, que sumaron 24.7 millones de pesos, eran los más elevados que había obtenido la firma con la administración federal hasta 2019, cuando la 4T le otorgó por adjudicación directa el nuevo convenio millonario.

En aquel momento, Fonatur justificó la adjudicación directa debido a que se trataban de servicios especializados y a que el Tren Maya se planteó en principio como un proyecto de asociación público-privada que, dijo, preveía una “estructura más compleja y especializada” que los esquemas de contratación “más tradicionales”.

En ese sentido, en marzo de 2019, cuando comenzaron los servicios de Woodhouse Lorente Ludlow, el organismo federal señaló también que cumplió con todos los requisitos para las adjudicaciones directas con base en la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Sin embargo, tiempo después el presidente López Obrador decidió que el proyecto ferroviario se construiría con inversión pública.

FONATUR DEBE INFORMAR SOBRE CONVENIO

En otro asunto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Fonatur que informe sobre el convenio con Consultoría en Desarrollo Urbano y Ambiental, mediante el cual se elaboró del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio de Palenque, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, esta información habilitará la realización del análisis que se pueda contrastar, en su momento, con los resultados de la obra de infraestructura.

“Resulta vital para conocer cómo afectará a esa localidad una de las obras de infraestructura emblemática del gobierno federal”, dijo ante el Pleno del INAI.

La funcionaria recordó que Fonatur y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) celebraron un convenio de colaboración para la estrategia de desarrollo integral territorial y urbano de la región sureste de México ante la construcción del Corredor Regional Tren Maya.

Fuente El Sol de México

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PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.

Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.

La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS

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México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.

Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.

Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.

La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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