Ciudad de México.- El nuevo “decretazo” anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional (GN) pase al Ejército viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del País, por lo que deberá ser impugnado y frenado por la Corte, consideraron investigadores, especialistas, activistas y políticos.

López Obrador informó ayer que publicará un acuerdo para que el control de la GN pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque la Constitución establece que se trata de una institución policial de carácter civil.

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE especializada en temas de seguridad y procuración de justicia, alertó que, en los hechos, López Obrador anunció sin tapujos que va seguir violando la Constitución.

“Está violando la división de poderes, los acuerdos legislativos con los partidos y francamente está violando abiertamente la Constitución y mostrando que él es el que manda y que no tiene interés en respetar la Constitución si a él no le gusta lo que dice”, expresó.

En entrevista con REFORMA, Pérez Correa afirmó que es un acto “completamente autoritario” ante el cual debería intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Francamente ahorita ya la Corte tendría que salir a defender la Constitución“, subrayó.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien se ha opuesto a la “militarización” impulsada por la 4T, coincidió en que el anuncio representa una fractura del pacto constitucional y la división de poderes, así como una traición al Legislativo.

“Lo que hace es romper la palabra y el acuerdo (que permitió la creación de la Guardia Nacional, ¡cómo así que a una reforma constitucional le quieres dar la vuelva con un decretazo! Son señales cada vez más peligrosas de un Presidente que opta por la ruta autoritaria, no democrática“, dijo.

“Es indispensable que la Corte juegue su papel”, exigió.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que, con su decreto, el Presidente no sólo se saltará al Legislativo, sino al órgano reformador de la Constitución: Congreso y 17 entidades federativas.

“No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional”, manifestó el diputado.

A su vez, el senador Germán Martínez, fundador del grupo plural, estimó que la medida anunciada por el tabasqueño representa un rasgo “autoritario y dictatorial” y anunció que, de manera inexorable, será impugnado.

Un decreto para transferir la Guardia Nacional a la Sedena podría abrir las siguientes vías jurídicas:

Controversia constitucional
° La pueden presentar las cámaras del Congreso ante la Corte.
° Sería por invasión del Ejecutivo al ámbito de competencia del Legislativo.
° El Ministro o Ministra instructor podría suspender el acuerdo o decreto.

Reforma a la Ley de la GN
° La aplicaría el Congreso hasta septiembre que reanuda sesiones.
° Podría ser objeto de Acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
° Al menos 33% de diputados o senadores, o la CNDH, la podrían presentar.
° Los Ministros no podrían suspender las leyes impugnadas.
° Organizaciones también pueden promover amparos, pero es una vía más larga.

Amparos
° Organizaciones civiles podrían promoverlos ante cualquier juez federal.
° Algunos podrían suspender el decreto con efectos generales.

Fuente Reforma