“ATENTAN AL DERECHO DE ASOCIACIÓN“

Héctor Cobá / 5to Poder

A la tentativa de deponer a los representantes de asociaciones civiles en Quintana Roo, huele la propuesta de modificación del Código Civil para el estado de Quintana Roo (CC), Iniciativa con Proyecto de Decreto a la que se suman un párrafo segundo y los incisos a) y b) a la fracción V del artículo 2851, presentada por la diputada plurinominal María Cristina Torres Gómez, el pasado 19 de julio de 2022.

Más que claro es el atentado al derecho de la asociación de la también integrante del grupo legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo.

Cualquier dirigente de asociación civil debe preocuparse por la acción de modificar el CC, que en su capítulo sexto: De los diversos modos de terminar el mandato. Dice el artículo 2851.- El mandato termina:

I Por la revocación;

II Por la renuncia del mandatario;

III Por la muerte del mandante o mandatario;

IV Por la interdicción de uno u otro;

V Por el vencimiento del plazo y por conclusión del negocio cc

VI En el caso por los artículos 562 y 563

La respuesta a la intención señalada llega del presidente del Consejo de Licenciados, Juristas y Litigantes de Quintana Roo Juan José Chilón Colorado, muy diáfana la lectura del desacierto legislativo, con una detallada explicación:

La libertad de asociación es un derecho constitucional, es un derecho humano. El Estado mexicano no puede atentar contra los representantes legales, o contra los apoderados de las personas morales o físicos con el objeto de removerlos del cargo o revocarles sus poderes, esos derechos constitucionales no pueden ser revocados por el Estado mexicano, los protege el derecho de privacidad y también el Código Civil.

La reforma al Código Civil para revocar el mandato de un representante legal tiene como objetivo coartar ese derecho de asociación y meterse en la vida privada de los presidentes de las asociaciones civiles; el Congreso del Estado busca legislar con el objeto de violar esa privacidad que compete a los que se asocian en una Asociación Civil, mientras no se viole la ley el Estado no puede intervenir en la vida interna de las asociaciones civiles

Los colegios de abogados, de arquitectos, de ingenieros, de médicos, de profesionistas en el estado, y las asociaciones civiles de Quintana Roo están protegidas por ese derecho de privacidad y por el Código Civil. No podemos aceptar que el Congreso del Estado pretenda revocar el mandato de un representante legal, de una persona moral, sea una empresa SA de CV, o una asociación civil específicamente por mandato del estado, porque el gobernador quiera, que un diputado quiera, porque una autoridad administrativa quiere remover al dirigente de una organización civil, de una organización.    

Como colegio nos reservamos el derecho de ampararnos contra esta reforma, de proceder incluso legalmente, ya que no debemos permitir que el Estado mexicano intervenga en la vida interna de las asociaciones civiles de Quintana Roo.

La Ley establece 15 días para el amparo contra una reforma de ley, la ley de Amparo, y en todo caso estamos evaluando muy bien esta reforma al Código Civil hasta a dónde va a llegar, porque incluso reformaron también el Código Penal en torno a esta reforma civil

Nos preocupa mucho que esta Legislatura esté dejando graves modificaciones a la ley, que deje en estado de indefensión a aquellos miembros de las asociaciones civiles en el estado.

Por otra parte, Torres Gómez junto con los legisladores locales Kira Iris San y Edgar Gasca Arceo, todos integrantes de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura, en la oficina de la representación del Congreso del Estado de Quintana Roo, en la zona norte, en la ciudad de Cancún, votó por unanimidad a favor del acuerdo de elaborar un proyecto de dictamen de la, que se busca llevar al Pleno del Congreso del Estado, en el mes de agosto.

Con el argumento de que es necesario poner una fecha de vencimiento, establecer una vigencia, un plazo para el mandato, que sea finito, que sea de cinco años si no se estipula en la respectiva escritura notarial; no podrá ser mayor a tres años en el caso de los actos de dominio, según la transmisión en vivo:

https://www.facebook.com/CongresoQRoo/videos/580412470352766

Aún falta tiempo para que la citada Iniciativa con Proyecto de Decreto sea aprobada o no por el pleno de los diputados quintanarroenses. Si es el caso de nuevo entrará en estudio, análisis y discusión. En caso de ser aprobada se tiene que esperar la reacción legal del Consejo de Licenciados, Juristas y Litigantes de Quintana Roo.