Opinión / Del torvo morral

Por: Héctor Cobá

En Bacalar, Quintana Roo, en el núcleo ejidal Aarón Merino Fernández Cancún, Quintana Roo; a 21 de julio de 2022.- Enorme mancha sobre su filantropía caerá sobre la figura de Carlos Slim Helu, ya que hartos de la espera los ejidatarios del núcleo ejidal Aarón Merino Fernández, en Bacalar, Quintana Roo, del pago de 60 millones de pesos (mdp) por el multimibillonario; en los próximos días cerrarán el paso de la carretera 307 frente al terreno invadido con una torre (más de 30 años) por la empresa Telmex (o Teléfonos de México, SAB de CV).

En la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/06/3203/2022 se incluye la denuncia formal del presidente del comisariado ejidal Aarón Merino Fernández Edmundo Gómez Trejo contra el empresario multimillonario Carlos Slim Helú (CSH), su sobrino Héctor Slim (HS) y el apoderado legal de Telmex Alejandro Cocca Sánchez (ACS); Antonio Rosales Baca y Luis Ángel Ramírez González. Igual en el acta FGE/QROO/CHE/UAT/06/4584/2022 parte de la carpeta de investigación citada se consigna la denuncia contra la(s) empresa(s) Telmex y/o Telcel, y contra los magistrados del Tribunal Unitario Agrario del distrito 44 con sede en Chetumal, por acciones deshonestas: Ana Lucía Duarte Flores, Rafael García Simerman, Edgar Armando Aguirre González y Aldo Saúl Muñoz López Don Carlos Slim y sus chalanes del jineteo del millonario adeudo de 60 millones de pesos ya han causado bastante daño a los ejidatarios de Aarón Merino Fernández, más de tres décadas de tener invadido un terreno en el que instalaron una antena de 30 metros de altura, para reforzar sus líneas telefónicas en el sur del estado de Quintana Roo, sin pago alguno.

Justifican en su totalidad el bloqueo anunciado en la carretera, en el municipio de Bacalar. Junto con el próximo embargo de tiendas Telcel en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y de México. A ver si así le hacen caso a la denuncia, presentada el 17 de junio de 2022, por fraude procesal previsto en el artículo 221 del Código Penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo por el comisario ejidal Edmundo Gómez Trejo, quien mostró al fiscal del Ministerio Público auxiliar adscrito a la Unidad de Atención Temprana (de la Fiscalía General del Estado) original y copia de los documentos que avalan su responsabilidad. Empero el pago de 60 millones de pesos ordenado por un juez del Tribunal Unitario Agrario del distrito 44 con sede en Chetumal, es como quitarle la mitad del pelo a un gato don Carlos Slim Helú, más ahora que su fortuna aumentó el 56, un nivel record de 1.88 billones de pesos, según la nota publicada en El Economista, apenas el 17 de julio de 2022: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fortuna-de-Carlos-Slim-alcanza-nivel-record-en-el-1T22-20220717-0066.html, misma que señala el magnate gana cada día 247 mdp, en los recientes cuatro cuatrimestres su fortuna aumentó 89,043 millones de pesos.

A pesar de todo el lío, incluso así los ejidatarios todavía tienen toda la confianza en las autoridades de la Fiscalía y de las instituciones del gobierno estatal; es lamentable, ¡sí! Desconfían del Tribunal Unitario Agrario del distrito 44 con sede en Chetumal, que es materia federal. No es para menos, muchas trampas se han recibido de ellos. Insisten que si las autoridades no les hacen caso y no aplican la ley en forma correcta.

Saben que se puede dañar a Quintana Roo; sin embargo, no queda de otra, más que bloquear las carreteras para ser escuchados ya. Si en determinado momento el señor Slim obliga a sus trabajadores a cumplir. Ellos están informados que él incluso dio instrucciones de solucionar el asunto. Lo inexplicable es porque los trabajadores de Slim no quieren cumplir con su obligación de pagar.

En el aspecto jurídico se encuentran en la etapa de ejecución, de sentencia y ya no es aceptable recurso alguno… La historia O un pato con escopeta. Cualquiera dice que “hace historia” con base en mentiras. Es el caso de Telmex (Teléfonos de México, SAB de CV) quien demandó al propietario de un predio invadido por una antena de repetición de señal, con una altura de 30 metros, ¡sí al dueño! El ejidatario del núcleo ejidal Aarón Merino Fernández: Don Juan Manuel Herrera fue denunciado en la delegación Chetumal de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) por daños en la antena de Telmex, en el año 2006. Denuncia que no prosperó debido a que la PGR se declaró incompetente y envió la averiguación previa a la Procuraduría General del Estado –hoy Fiscalía–. Tras la investigación del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Estado se determinó que no había daño y se declaró el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos.

Por eso los integrantes el comisariado ejidal acudieron a la Ciudad de México para platicar del caso con el apoderado jurídico de Telmex, quien se negó a dialogar, y solo mandó un mensaje: no iban a arreglar nada, que la antena sí era de Telmex y que se estaban metiendo con un gigante de las comunicaciones, dando a entender que el señor Slim no pagaba, ya que prestaba servicios que beneficiaban a la sociedad. Frente a la negativa siguió una controversia agraria del ejido contra la empresa telefónica interpuesta en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 44 con sede en Chetumal, bajo el número TUA 44 1038/2011, agotado el procedimiento el Segundo Tribunal Colegiado del 27º Circuito, en el 2013, dos años después se dictó sentencia que ordenó al magistrado del TUA distrito 44 restituya en el goce de sus garantías violadas al núcleo ejidal, condenando a la empresa Teléfonos de México. 20 días después el citado magistrado dictó sentencia definitiva a Telmex al pago de daños por la ocupación del terreno por más de 30 años, sentencia que causó ejecutoria con el acuerdo dictado el 28 de enero de 2014. Así el 4 de julio del mismo año se condenó a Telmex al pago de 53,665, 600.00 pesos.

Por la falta de tal pago, el 12 de agosto se realizó el embargo sobre bienes muebles de la entidad demandada. En respuesta Telmex promovió cinco amparos todos ganados por el núcleo ejidal, la andanada no paró los abogados del Carlos Slim corrompieron a los magistrados que han pasado por el TUA distrito 44, los que empecinados en obstruir la ejecución de la sentencia, ya están sujetos a la carpeta de investigación 3203/2022 por ejercicio irregular de sus funciones y tráfico de influencias contra CSH, HS y ACS, fraude procesal y responsabilidad de cada una de las personalidades jurídicas, en términos del Código Penal vigente en el estado. Por lo cual seguro serán sujetos a proceso y tendrán que ser interrogados Carlos Slim y Héctor Slim para qué expliquen la negativa a pagar el adeudo. Con el juicio 1038/2011 el magistrado del TUA distrito 44 programó una audiencia el 5 de septiembre de 2016, en la que se solicitó el pago de 53,665, 600.00 pesos a Telmex, así como la desocupación del inmueble invadido, a lo que la empresa demandada se negó.

El año pasado, el 4 de octubre, una magistrada del TUA distrito 44 “condenó” a Telmex al pago de 42,891, 895.00 pesos, 20,000, 000.00 pesos menos de lo estipulado en el dictamen pericial ejecutado por el perito designado por el Tribunal Unitario Agrario. Inconformes los ejidatarios de Aarón Merino Fernández con tal sentencia presentaron un recurso para actualizar la cantidad de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tenaz inseguridad Falta mucho por hacer en materia de seguridad y parte de la responsabilidad es también de la Federación; no obstante, la presencia en Quintana Roo de elementos de protección, también no ha habido contundencia en mermar la delincuencia.

Al parecer el manifestar el sentir sobre la inseguridad persistente en Quintana Roo incomoda buenas conciencias, señalada con base en la libertad de expresión. Como vocero de los ciudadanos el dirigente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública Jorge Escudero Buerba, expresado su sentir sobre la seguridad, es lo que se ha dado a conocer. El gobierno estatal siempre ha respetado este ente ciudadano, sus expresiones libres, lo que los habitantes sienten con relación a la actuación de las autoridades en materia de seguridad añade.