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Opinión

Seguridad, asignatura pendiente

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Columna invitada

Por: Ricardo Monreal

Durante este último semestre, en razón de los informes legislativos de las senadoras y los senadores, así como de las tomas de protesta de compañeras y compañeros, he visitado entidades federativas que, por su historia, cultura y belleza son frecuentadas por personas del país y del extranjero, entre ellas, Sinaloa, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.

Al conversar con sus habitantes y quienes prestan algún servicio, un punto de gran coincidencia es que entre sus principales preocupaciones está la inseguridad pública que, además de afectar su calidad de vida, inhibe de manera profunda el desarrollo económico de las sociedades, especialmente de aquellas dedicadas a las actividades recreativas y turísticas.

Lo sucedido el jueves pasado en Quintana Roo, en donde un enfrentamiento armado tuvo lugar en una zona turística, poniendo en riesgo la vida de las personas, sonó las alarmas sobre el efecto que la violencia tiene para la industria del turismo en el país, al generar un deterioro a su prestigio y aumentar los niveles de desconfianza que la gente tiene al decidir cuáles destinos elegir para su descanso y esparcimiento.

Para todas las entidades, pero en particular para las que basan su economía en el turismo, las medidas de distanciamiento social fueron un duro golpe a su estabilidad financiera, afectando de manera profunda la capacidad adquisitiva de las personas y poniendo en riesgo miles de empleos. A medida que avanzan los esquemas de vacunación, los esfuerzos por establecer una nueva normalidad se siguen sumando para recomponer la agenda turística del país, pero esta estrategia debe ir acompañada de acciones integrales que puedan contener la inercia de violencia que se desató hace más de una década.

En el Senado de la República se aprobaron en su momento tanto la estrategia nacional de seguridad pública del Ejecutivo federal como la creación de la Guardia Nacional y sus leyes reglamentarias, con el objetivo de que el Gobierno contara con las herramientas necesarias para hacer frente a la crisis de violencia en la que se recibió el país. Hoy, casi tres años después, es conveniente reforzar el diálogo institucional en la materia, no sólo para revisar los avances, sino para acelerar el proceso de pacificación nacional.

Por eso, durante la próxima semana, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República buscará reunirse con el gabinete de seguridad del Poder Ejecutivo federal, a fin de reforzar los vínculos de comunicación que nos permitan brindar atención oportuna a los conatos de violencia que surjan en todo el país, pero en especial en las zonas relevantes para el turismo, reforzando la presencia de la Guardia Nacional en territorios disputados por integrantes del crimen organizado.

Revisar y reforzar el plan de seguridad pública nacional es pertinente. Además, todas y todos debemos desarrollar un sentido del deber con la responsabilidad cívica, y aceptar que se trata de una asignatura pendiente por resolver en el país. La seguridad pública no debe ser un privilegio, sino el principal bien con que cuente la población; lograr la pacificación es un reto que requiere de la constante evaluación, revisión y adecuación de las líneas de acción para cumplir con la demanda principal de la sociedad.

Por eso, el Gobierno, con sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tiene la responsabilidad de supervisar y regular esta situación, para impedir que se presente un punto más alto en la crisis de seguridad que actualmente afecta la vida de cientos de miles de personas. No podemos dejar solo al Ejecutivo federal en la tarea de regresar la paz y la tranquilidad, al contrario, es necesaria la colaboración entre poderes para fortalecer, monitorear y, en su caso, ajustar las acciones encaminadas a lograr este objetivo.

Igualmente, es preciso reforzar la coordinación con las autoridades estatales y municipales, instancias que durante un largo periodo de tiempo enfrentaron la descomposición de sus corporaciones policiacas y que en su mayoría no cuentan en la actualidad con recursos propios para contener las disputas entre grupos del crimen organizado. Sólo a través de estas líneas de acción se podrá garantizar que la riqueza cultural y turística del país esté por encima de las situaciones de violencia que puedan llegar a presentarse a lo largo y ancho del territorio nacional.

En la nueva normalidad, la seguridad debe ser una constante; es decir, una condición sin la cual no será posible llevar a cabo la transformación de la vida pública de México, lo que nos obliga a seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a restablecer el tejido social que durante mucho tiempo se fue resquebrajado, ante la complicidad del poder político y el económico.

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Opinión

Imparable avance del CO en Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Una de las ventajas que tiene un reportero de nota roja, es que documenta los hechos protagonizados por el Crimen Organizado (CO) en la sociedad; es testigo de la manera en que la mancha criminalística crece en el territorio, sea municipal, estatal o nacional.

En ese contexto, desde hace casi dos décadas, Quintana Roo ha experimentado el crecimiento desmedido de este flagelo que lastima a la sociedad, enluta familias, destroza las aspiraciones de jóvenes, mujeres y hasta de menores de edad. En lugar de disminuir con las estrategias que implementas los tres órdenes de gobierno y las instancias de procuración de justicia, parece que el avance es imparable.

Explico: Poco a poco la sociedad chetumaleña pierde su tranquilidad, la otrora ciudad donde los delitos que más comentaban las personas en los corrillos, era el robo a comercio o a casahabitación; hoy, parece que las balaceras, las ejecuciones y la impunidad, son la constante y el ‘pan nuestro de cada día’.

Lo sucedido ayer frente al popular parque del Maestro, en la transitada calle Álvaro Obregón, rebasó la capacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad a los habitantes de la Capital quintanarroense, que, ante su asombro, solo les queda persignarse y encomendarse al Ser Superior en el que crean.

Desde mi punto de vista, Othón P. Blanco tenía “casos aislados” de secuestros, desapariciones, levantones y ejecuciones extrajudiciales; pero el crecimiento de la delincuencia organizada no se detiene y, desde el 2009 que “oficializó” su establecimiento en Cancún con el asesinato del teniente coronel Enrique Tello Quiñones; para luego expandirse a Playa del Carmen, Cozumel y para el 2016 sentar sus reales en Tulum.

Pero los poderes fácticos generadores de violencia, no detuvieron su marcha, en 2018 empezamos a escuchar uno que otro ejecutado en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos, situación que arreció desde el 2021 para luego convertirse en algo “normal” en la sociedad de la zona maya. ¿Cuántos jóvenes desaparecieron en estos últimos tres años?, ¿cuántas ejecuciones se realizaron en estos municipios sin que la autoridad pudiera hacer nada? Hay una cifra “negra” que hasta ahora es incierta.

Concluyo al decir que a nivel nacional no funcionó “cantarle el tiro” al CO por parte de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012; o la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto (2012-2018); menos la de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024); porque ahora en cualquier parte del país, los asesinatos masivos están a la orden del día; ya para que les digo en Quintana Roo. Ahí se las dejo…


SASCAB
Aunque todavía estamos a 15 días de que termine oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico y mar Caribe, no podemos cantar victoria. Hasta ahora nos hemos salvados de al menos tres fenómenos hidrometeorológicos que amenazaron con convertirse en huracán y pasar sobre el territorio quintanarroense.

En estos días, “Sara” se aproxima a las costas de Quintana Roo y debemos estar muy vigilantes, porque la clave para evitar desastres con pérdidas humanas, es estar informado por los canales oficiales como son Protección Civil del Estado y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al tiempo…

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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 Órganos internos de control, espacios políticos de colocación

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • • Personajes reciclados de la política tradicional que esperaban hueso y pago de favores.

La XVIII legislatura aprobó la designación de titulares de órganos internos de control (OIC) de cinco organismos autónomos, en lo que fue una feria de repartición de cargos en medio de un proceso que ha sido muy cuestionado tanto por la falta de transparencia y autenticidad, como la falta de igualdad para hombres y mujeres.

Las y los nuevos titulares, son personajes reciclados de la política tradicional que, disciplinados, estaban en la banca esperando algún hueso, en otros casos, para pagar favores pólíticos.

Fue un proceso meramente protocolario para cumplir con la ley, pero la percepción social (percepción es realidad) es que los nombramientos ya estaban otorgados de antemano.

Los OIC ya existían desde hace varios años tanto en las dependencias del gabinete legal, ampliado y en este caso autónomos; operaban como espacios de tercer nivel, con categoría de jefatura de Departamento o de Oficina, que fueron creados porque la ley lo exigía.

La ley se acata, pero no se cumple, reza el viejo adagio. Hasta ahora estos espacios lo ocupaban servidores públicos de menor rango, burócratas que buscaban hacer méritos para comenzar alguna carrera en el servicio público, pero ahora se convirtieron en espacios políticos, si bien menores, mientras vienen mejores tiempos.

Formalmente, los OIC dependen de la Secretaría de la Contraloría incrustados en las dependencias públicas, dizque para combatir la corrupción, pero se han convertido en lo mismo. Sus titulares deben rendir cuentas a la Contraloría, no a la persona titular del organismo en el que se desempeñan, pero en realidad estaban enteramente sometidos y sus jefes en realidad eran quienes debían estar vigilados por ellos.

Teresita de Jesús, Quivén Feria en la FGE; Luis Alberto Alcocer Anguiano en el Ieqroo; Edwin Celis Madrid en el TJAyA; Karla Noemí Cetz Estrella en la CDHQR; y Francisco Flota Medrano en el Idaipqroo.

Con estas resistencias a los principios de no robarás, no mentirás y no traicionarás, el cuatroteísmo caribeño sigue dándole vueltas a la ley, con procesos fast track y herméticos, mientras piensan que el pueblo es tonto.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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