Ciudad de México. – En sesión privada, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, retirar el fuero al diputado federal poblano de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores.

Los cuatro integrantes de esta Sección Instructora -dos de Morena, uno del PRI y uno del PT- coincidieron y aprobaron el dictamen en el que se establece que el legislador ex priista debe ser sometido a la justicia sin la protección constitucional con que cuentan los diputados.

En un comunicado, la presidencia de la Sección Instructora, a cargo del morenista Pablo Gómez Álvarez, informó que el dictamen concluye que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado Saúl Huerta. Lo anterior debido a que “se han encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales, mismos que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

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Por lo anterior, precisó que “respecto de dicho dictamen, la resolución se tomó por el voto unánime de las integrantes de la Sección Instructora”.

Sobre el caso del ex perredista y hoy diputado federal del PT, Mauricio Toledo -acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito como delegado del PRD en la demarcación de Coyoacán-, hubo dos votos a favor de Morena, el PRI se abstuvo y el PT votó en contra, por lo que el dictamen quedó en suspenso y se tendrá que someter a votación del pleno de los 500 legisladores para ver si se aprueba o no su desafuero y someterlo a la acción de la justicia.

La priista Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, argumentó que su voto fue en abstención en este segundo caso, debido a que “el dictamen contiene muchas irregularidades”.

Por su parte, la Presidencia de la Sección Instructora indicó que sobre el caso Toledo también concluye el dictamen que “Ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado Mauricio Toledo, “en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Asimismo, sostiene que “las probanzas aportadas por las partes, las obtenidas por la Sección mediante solicitudes a diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del investigado, que obran en el expediente, se dieron por acreditados elementos que señala la legislación penal de la Ciudad de México”.

Señala que “esta resolución se tomó por mayoría de votos, quedando plasmado, a petición de la diputada Claudia Pastor (PRI), que el sentido de su voto tuvo como propósito exclusivamente acompañar a mayoría para que el dictamen pueda ser discutido por el Pleno de la Cámara, a efecto de que todas las y los diputados puedan expresar su posición sobre del asunto”.

Por lo anterior resuelto, “ambos dictámenes fueron remitidos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que sigan el trámite ante la Cámara erigida en Jurado de Procedencia”, en un periodo probable periodo extraordinario o en el primer periodo ordinario de la siguiente legislatura, a partir de septiembre próximo.

Fuente El Financiero